Guatemala se encuentra en un momento político que podría dejar una marca profunda en su historia. Hace algunas semanas hubo elecciones presidenciales y allí resultó electo el conservador Alejandro Giammattei, luego de imponerse en el ballottage a Sandra Torres. Giammattei asumirá en enero del año que viene. Hasta esa fecha el actual presidente Jimmy Morales, seguirá en el cargo continuando con una política que pone en jaque los avances que desde hace una década se alcanzaron en la lucha contra la corrupción y las estructuras criminales.
El hecho más alarmante fue la decisión de Morales de no continuar con el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo mixto conformado en 2006 por entidades tanto nacionales como internacionales, entre ellas la ONU. El objetivo de la CICIG fue combatir las estructuras delictivas instaladas, muchas de las cuales se incorporaron a la democracia luego de la guerra civil que se dio entre 1960 y 1996 en el país centroamericano. A su vez hay proyectos en el Congreso, que cuentan con apoyo de sectores conservadores, para lograr una ley de amnistía contra los presos por delitos de lesa humanidad cometidos durante esa guerra.
Otro proyecto pone trabas ridículas a la creación de ONG, instituciones imprescindibles para la lucha contra la delincuencia, fundamentalmente de guante blanco. También se busca endurecer la persecución contra las mujeres que abortan, prohibir el matrimonio igualitario y la educación sexual integral, todo bajo una defensa mordaz a la “moral cristiana”.
“Estamos muy preocupados por la situación de riesgo en que se encuentra la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala con la salida del país de la CICIG”, dijo en diálogo con PaginaI12, Jimena Reyes, directora de la oficina para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). “La llegada de la CICIG fue como la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina. En ese momento se dio una brecha en el muro de la impunidad. Su trabajo en conjunto con el Ministerio Público fiscal (MP) dio grandes avances en la lucha contra el crimen organizado. Guatemala pasó de ser un paraíso para los delincuentes a ser un referente regional y mundial en la pelea contra la impunidad”, dijo Reyes.
Ese esquema es lo que hoy está en peligro. ¿Quiénes lo atacan? “La CICIG las llama las ´redes político-económico ilícitas´. Ahí hay empresarios importantes, políticos vinculados al presidente Jimmy Morales, congresistas, militares que fueron impactados por el avance de la justicia que empezó a juzgar crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado”, explicó la integrante del FIDH.
A su vez, Morales tiene motivos personales para poner fin a este organismo. En el año 2017 la CICIG y el MP llevaron adelante una investigación contra el hermano de Morales por financiamiento ilícito de su campaña presidencial. “A partir de allí el presidente marcó su desacuerdo con la CICIG. Declaró persona non grata a su Comisionado Iván Velásquez, le impidió volver a entrar al país y decidió no renovar el mandato del organismo. Como eso era inconstitucional tuvo que esperar que culmine su funcionamiento, pero mientras tanto se centró en limitar su capacidad de acción. Hoy se ve un hostigamiento y criminalización a los actores principales en la búsqueda de justicia”, explicó Jimena Reyes.
En Guatemala se vive una situación de persecución judicial mediante la apertura de causas a buena parte de los miembros de estos organismos que lograron avances significativos en la defensa del estado de derecho. Tras 11 años de trabajo junto al MP, la CICIG logró el procesamiento de 660 personas y obtuvo la condena de más de 400 de ellas, en los más de 100 casos presentados ante la justicia. Entre 2007 y 2017, ambos organismos contribuyeron a una reducción neta de más de 4500 homicidios. Este 3 de septiembre la CICIG dejará de funcionar. Jimmy Morales logró uno de sus objetivo.
Otro de los motivos por los que Guatemala experimenta una regresión en temas centrales tiene que ver la incidencia de Estados Unidos. “Con la llegada de Trump al poder, su visión crítica del multilateralismo y el apoyo cada vez menor a la ONU, llevaron a que algunos países se sientan en libertad de hacer cosas inconcebibles en otro momento. Paralelamente, el Congreso de Estados Unidos decidió no apoyar más a la CICIG (aportaban seis millones de dólares para su funcionamiento), y Guatemala fue uno de los primeros países que mudó su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo Estados Unidos, en una muestra de apoyo muy grande”, explicó Reyes. Además, Guatemala no está ajena al viraje que el gobierno de Trump está haciendo para modificar los esquemas de seguridad de los países latinoamericanos. Amparado en la lógica de las “nuevas amenazas”, como el narcotráfico y el terrorismo, desde el Pentágono piden la utilización de las fuerzas armadas en seguridad interior. “Giammattei dijo que va a buscar el apoyo del FBI en su lucha contra la corrupción. Y lo que nos preocupa es que Estados Unidos quiere enfocarse en la trata de personas y el narcotráfico. Abandonar el tema de corrupción es muy preocupante porque si no se miran los lazos que existen entre crimen organizado, elites en el gobierno y empresas, no se está teniendo una visión clara de los problemas que tienen nuestras democracias. Esto es paradójico para Estados Unidos que está muy preocupado por la migración, cuando es evidente que la pobreza en Guatemala se debe en gran medida al alto nivel de corrupción, y a que las elites cleptocráticas están lucrando a costa del pueblo”, concluyó Jimena Reyes.
Guatemala es el tercer país más pobre de latinoamérica, según datos de la CEPAL. Su pueblo está llevando un proceso de emigración que en el último año contabiliza la salida del país de 250.000 personas. Huyen de la pobreza extrema que favorece las políticas de la elite corrupta. Jimmy Morales tiene cuatro meses más potenciar este modelo.
Informe: Juan Manuel Boccacci
