Ante la falta de respuesta del Estado provincial, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires le ordenó al procurador general, Julio Conte Grand, y a los funcionarios judiciales, que tomen “las medidas necesarias para garantizar la atención médica” de Mónica Mego, la mujer trans que quedó parapléjica luego de sufrir torturas y por la desidia de las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
En la misma resolución, firmada por el titular del alto tribunal, Eduardo De Lázzari, se pidió que se avance en la investigación de las torturas sufridas por Mego, y se intimó al Ministerio de Justicia provincial, a cargo de Gustavo Ferrari, para que se abstenga de obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos. Esto se debe a la persecución judicial sufrida por el defensor de Casación Penal Mario Coriolano, por haberse interesado personalmente por la salud de Mego.
En relación con el caso Mego, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado que quedó parapléjica como resultado de la falta de atención de la salud en las cárceles provinciales. El caso fue llevado por la CPM ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta nueva resolución de De Lázzari se suma a la denuncia contra la gobernadora María Eugenia Vidal por la existencia de "causas armadas" en la justicia provincial.
Mónica Mego reclamó asistencia médica durante seis meses, pero el SPB desoyó esos pedidos y ni siquiera tuvo en cuenta una huelga de hambrea realizada por otras detenidas, en solidaridad. Cuando finalmente la trasladaron al hospital San Martín de La Plata, ya era tarde: la operaron de un absceso epidural en la médula y quedó parapléjica, sin control de esfínteres por el resto de su vida. Los médicos dijeron que esta situación podría haberse evitado si se la trataba a tiempo. Mónica es peruana, tiene 36 años y está internada ahora en el San Juan de Dios.
El caso está en la Suprema Corte, que requirió a las autoridades judiciales que tomen las medidas necesarias para garantizar el tratamiento médico que el estado de salud de la mujer requiere. Al mismo tiempo, De Lázzari ordenó que se avance en la investigación de las torturas y malos tratos sufridos por Mónica. La medida fue en respuesta a una presentación realizada por la CPM, el Comité nacional para la prevención de la tortura y la Diócesis de Quilmes.
Los organismos también denunciaron el intento de las autoridades penitenciarias dependientes del Ministerio de Justicia por obstaculizar la labor del defensor Mario Coriolano, quien entrevistó a Mónica Mego, acto por el cual el jefe del SPB, Xavier Areses, lo denunció ante la Procuración General (PG). La PG, luego, lo denunció penalmente e inició una causa administrativa contra el funcionario. Ambas presentaciones se basaban en meras formalidades, como la falta de autorización para la entrevista o la presencia en la misma de la periodistas de un medio nacional.
Como extensión del rechazo a las presiones sufridas por Coriolano, la Suprtema Corte instó a que todas las autoridades intervinientes "se abstengan de llevar a cabo acciones que pudieran implicar un obstáculo a (o un amedrentamiento de) la labor de toda persona que actúa en el presente caso en el rol de defensora de los derechos humanos”. La medida va en la misma dirección de lo solicitado en la presentación que realizaron los tres organismos ante el máximo tribunal de justicia provincial.
