Hay una suposición bastante extendida según la cual estamos sometidos a un flujo de información muy superior al que podemos procesar. En el océano de datos al que fuimos lanzados, chapucearíamos también con torpeza si se nos permitiera quedarnos únicamente en la corriente de la información, intentando bracear entre las noticias de actualidad y las opiniones, abiertas o disimuladas, que siempre traen como parte del mensaje.

Esta saturación es netamente favorable a un poder que precise para sus avances un adormecimiento generalizado, la pasividad de porciones significativas del cuerpo social, millones de personas recostadas en un puñado de afirmaciones simples y terminantes que, de momento, no son discutidas, instaladas en un trabajo de varios años, mediante el mecanismo de una repetición ininterrumpida y bien diseñada.

Algunos exponentes del Frente Renovador, fuerza política que oscila en el Congreso entre el acompañamiento a las medidas de fondo del macrismo y el rechazo esporádico a algunas iniciativas, se han inquietado por la detención ilegal de Milagro Sala. El caso más expresivo es el de Alberto Fernández, quien asumió riesgos significativos al visitar a la prisionera política. Este dirigente, pero también otros que pueden ser ubicados con claridad en la oposición al gobierno, reclaman por esta violación al Estado de Derecho, pero en no pocos casos se ponen a cubierto, con énfasis reiterado, de disentir con lo que suponen es una sensación consolidada en la platea mediática: aclaran una y otra vez que su postura no significa que rechacen investigaciones y causas por supuestos actos de corrupción y hasta de violencia que, desde hace varios años, vienen siendo achacados a la dirigente social como parte del mismo flujo informativo.

El Presidente es pertinaz en su práctica de legislar por decreto: lo hace en especial para imponer medidas que favorecen a las grandes corporaciones a las que sirve. El sector audiovisual y de las telecomunicaciones es uno de los casos más aberrantes. Esta usurpación de las facultades del Congreso es cometida mientras casi nadie encuentra margen para discutir la falacia según la cual el país goza, ahora sí, de una división de poderes que le venía siendo negada. 

Está también prácticamente ausente el debate y la crítica a otra violación a las leyes que emana de la élite gobernante: la difusión, con el propósito evidente de favorecer al macrismo más duro, de escuchas telefónicas. Aún antes de ello, la dudosa legalidad de esas escuchas es un tema desplazado a planos inferiores de la información y la opinión por la estridencia del título impreso o declamado por el locutor de turno sobre lo dicho por el o la espiada.

Otra vez: la práctica, por ilegal que sea y por mucho que violente la institucionalidad, queda bajo un manto de indiferencia o tolerancia de una platea que, con muy contadas excepciones, solo escucha que hay un mal que debe ser develado y aniquilado, y al que una construcción pacientemente hecha permite nombrar en tiempos breves y espacios estrechos, pues se le reconoce mediante una única letra, para más habitante esquiva de nuestra lengua.

Remite, esta enumeración incompleta, a las advertencias formuladas por el filósofo italiano Giorgio Agamben, cuando examina acciones del poder que violentan el Estado de Derecho aunque reciban una pátina de legalidad. La suma de acciones que se contraponen a preceptos constitucionales llevó a varios países, alerta Agamben, al estado de excepción. No es jurídicamente algo que pueda llamarse dictadura, se trata de un espacio de anomia que va dejando en el pasado pilares esenciales del Estado de Derecho. Entre nosotros, y siguiendo otro recorrido, se ha dicho así en estas mismas páginas: “Se trata en el fondo de un poder gerencial que como epistemología básica se dice a sí mismo que no precisa leyes” (Horacio González, PáginaI12, “La Argentina desollada”, 14.2.17).

La marea que con enjundia trae estas prácticas tiene capítulos que apenas son visibles, incluso en el ancho mar de la información y la opinión organizada para apoyar al gobierno: fue publicado en páginas del oficialismo que tres exponentes del poder pactaron acciones y plazos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre copas y tentempiés ofrecidos por la embajada estadounidense. No eran militares movilizando tanques: eran dos jueces federales y un fiscal (Julio Blanck, Clarín, “La demolición judicial de Cristina”, http://www.clarin.com/opinion/demolicion-judicial-cristina_0_SJw68tfOg.html)

* Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA).