Tras fracasar en su intento por vetar la entrada al país a miles de musulmanes por decreto, el gobierno de Estados Unidos estableció ayer nuevas directrices para acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados. Además, decidió aumentar en 15 mil agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras.
El presidente Donald Trump había anunciado en su conferencia de prensa de la semana pasada que en estos días presentaría un nuevo decreto inmigratorio, luego que una Corte de Apelaciones federal suspendiera el que firmó a fines de enero último para vetar el ingreso al país de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Lo que el gobierno presentó ayer no es un decreto, sino memorandos del Departamento de Seguridad Nacional que cambian la reglamentación de la Ley de Inmigración, no la ley en si misma.
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, argumentó una de las nuevas directrices firmadas por el secretario John Kelly. Básicamente los memos buscan rescribir las prioridades que imponía el Departamento de Seguridad Nacional al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para decidir sobre las detenciones y deportaciones de inmigrantes sin documentos, algo fundamental en un país en el que se estima que viven ilegalmente alrededor de 12 millones de extranjeros, muchos hace años.
A poco de asumir, Trump prometió que daría la orden de deportar de inmediato a entre dos y tres millones de inmigrantes sin documentos, la cifra que él estimaba (sin presentar ninguna evidencia para justificarlo) eran criminales peligrosos. Sin embargo, las nuevas directrices de su gobierno establecen que los oficiales del ICE deben detener y deportar de inmediato a todos los inmigrantes sin documentos que fueron condenados por algún crimen o que son sospechosos de haberlo cometido.
Bajo la administración de Obama, la orden era concentrarse en aquellos inmigrantes sin documentos que fueron condenados por un crimen importante, por amenazas a la seguridad nacional o que hubiesen cruzado ilegalmente la frontera recientemente. Ahora, según la nueva directiva de Trump, podrán ser detenidos y deportados aquellos que fueron condenados por hurto o por ofensas de tránsito, como cruzar un semáforo en rojo o estacionar en un lugar prohibido.
Estas nuevas directivas no afectan el programa decretado por el gobierno anterior de Barack Obama para proteger a más de 750 mil jóvenes inmigrantes que llegaron al país con sus padres cuando eran niños y desde entonces fueron escolarizados en Estados Unidos. La prensa los bautizó “dreamers” (soñadores) y el propio Trump reconoció recientemente que es uno de los temas migratorios más sensibles para él. Sin embargo, el viernes pasado oficiales del ICE detuvieron en Seattle a un joven dreamer de 23 años que estaba empleado al amparo del marco del decreto firmado por Obama y que no tenía ningún antecedente criminal. El caso está ahora en la Justicia.
Las nuevas directivas también adelantan que el gobierno comenzará a ejecutar un apartado, hasta ahora ignorado, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a los oficiales del ICE deportar a México a cualquier inmigrante que sea detenido tras cruzar ilegalmente la frontera sur, aun cuando no sean ciudadanos mexicanos. Esta norma es considerada de dudosa legalidad internacional y sin dudas provocará un reclamo de México, un país que está en pie de guerra con su vecino del norte por la política inmigratoria que impuso Trump desde que asumió hace un mes. Según uno de los memos del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE ejecutará este apartado cuando considere que el detenido puede volver a cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.
Además, se prevé la contratación de 15 mil agentes nuevos para controlar las aduanas y las fronteras, especialmente el límite sur con México, ya que como el propio Trump afirmó hace unos días durante la visita oficial del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los cruces con el territorio del norte no preocupan a la Casa Blanca. De los 15 mil agentes nuevos, el ICE recibirá 10 mil para ampliar las detenciones y deportaciones, y la Oficina de Aduanas y Fronteras los cinco mil restantes.
No es inusual que un gobierno emita este tipo de memos o directivas, como una forma de reformar una norma sin cambiar la ley, un procedimiento que requiere un capital político mayor y la participación del Poder Legislativo. Por ejemplo, Obama lo hizo durante su segundo mandato para esquivar el bloqueo de la mayoría republicana en el Congreso. Como la oposición se negaba a modificar el código penal para frenar una política de encarcelamiento masivo que viene de la era de Ronald Reagan, Obama ordenó a su entonces secretario de Justicia, Eric Holder, que escriba una directiva para que todos los fiscales federales no concentren sus esfuerzos en condenar a detenidos por tenencia o consumo de drogas que no son violentos.
De esta manera y con otras reformas, Obama logró comenzar a reducir el número de presos en las cárceles federales, algo que no sucedía hace décadas en Estados Unidos, un país que concentra un cuarto de la población mundial detenida.
A diferencia de su antecesor, Trump cuenta con una mayoría aliada en las dos cámaras del Congreso para modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, hasta ahora el flamante presidente estadounidense optó por avanzar su política migratoria a través de decretos y, ahora, directivas del Departamento de Seguridad Nacional.
