La fiscalía porteña realizó allanamientos en la sede de Uber en Vicente López, en tres empresas vinculadas a los movimientos financieros de la firma y domicilios de diez choferes de la aplicación por violar la clausura judicial que pesa sobre las actividades de la firma desde abril del año pasado, y por incurrir en una serie de contravenciones al hacerlo. “Uber no está inscripto en Argentina, y aunque la AFIP le habilitó de oficio un CUIT, no lo utiliza, por lo que requiere de esas empresas allanadas para cobrar, hacer circular el dinero en el exterior y traerlo”, explicó en diálogo con este diario una fuente de la fiscalía, que además detalló que a los choferes les fueron secuestrados teléfonos celulares, “para obtener información del funcionamiento” de la aplicación. Consultada por este diario, Uber respondió que “por el momento” ningún vocero hablaría del tema.

Los operativos fueron realizados en las sedes de DLP Capital Partners, Webpay SRL y Capital Consulting SRL, empresas que, según explicó la Fiscalía de la Ciudad en un comunicado, “realizan los movimientos comerciales” de la aplicación. En paralelo, fueron bloqueadas las tarjetas prepagas Zap zap, Ecopayz, Wirex y Skrill. Además, también por pedido de la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del fiscal Martín Lapadú y con autorización de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 16, Claudia Alvaro, fueron allanados la sede que Uber tiene en Vicente López y los domicilios de diez choferes.

Los operativos condicen con las investigaciones de dos causas diferentes: una, por violación al Código Contravencional porteño, que involucra a los choferes por hacer “uso indebido del espacio público” (artículo 83), violar la clausura judicial dispuesta el año pasado (artículo 73) y por ofrecer servicios de transporte sin la licencia adecuada (artículo 74). La otra causa, Penal Tributaria, referida a la arquitectura financiera mediante la que Uber, que no está radicada como empresa en Argentina y, por ello, no es contribuyente del fisco local. Por ello, la Fiscalía de la Ciudad aporta información “a Afip y al fuero penal tributario”. “Uber debería pagar impuestos nacionales, en Afip, y porteños, en AGIP, y también las cargas sociales de sus empleados, a los que llama socios conductores pero son empleados de ellos”, señaló la fuente.

De ambas investigaciones judiciales, la más severa es la que refiere lo tributario (las acusaciones contemplan penas de entre 4 y 6 años de prisión), y que tiene en la mira a los directivos de la aplicación en Argentina. En los últimos procedimientos, aseguró la fuente de la fiscalía a este diario, “Uber borró pruebas”. “Como ellos manejan la aplicación, ha pasado que cuando secuestramos un celular y ellos lo saben, borran de manera remota la información que documenta el vínculo entre ese chofer y la empresa”. La investigación, añadió, de todos modos está documentando el procedimiento de la firma: “Uber no está pagando cargas sociales ni impuestos, es transporte público que funciona sin seguro. Al no tener seguro para el pasajero, si se genera un problema y hay un juicio, los que tienen que responder son los choferes. La empresa se lava las manos. Uber es cool pero no tanto cuando se ve lo que hace: saca la plata de Argentina y no se responsabiliza por nada”.