7 meses permaneció expulsada de la Argentina Vanessa Gómez Cuevas, una migrante  obligada a volver a Perú con su bebé y separada de sus otros dos hijos de 6 y 14 años, a partir de una orden basada en una condena a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes, que Vanessa cumplió en 2014. La lucha sostenida de organismos de derechos humanos logró que el Estado argentino levante la prohibición de reingreso, pero la Dirección Nacional de Migraciones a cargo de Horacio García no dispondrá los medios para su retorno. Durante el 31° Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en Ginebra, se alertó sobe el giro preocupante de esta política con la aplicación del DNU 70/2017, que provocó el retroceso de los derechos de las personas migrantes en la Argentina. “En un escenario de crisis socioeconómica generalizada proliferan los discursos, las prácticas y las medidas cargadas de xenofobia”, advirtió Lucía Galoppo, coordinadora del Área Legal de CAREF -una de las organizaciones que representan a Vanessa-, ante el Comité. “La persecución y violencia sistemática contra la población africana y afrodescendiente, la criminalización y violencia contra la población LGBTI, la separación de familias por aplicación de las recientes modificaciones a la normativa migratoria, los obstáculos para el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, y las barreras para la regularización migratoria”, enumeró, representan ese enorme retroceso.