El Gobierno nacional postergó hasta enero el aumento en la tarifa de gas programado para octubre. Así, deja el problema para la próxima administración, en lugar de sumar un nuevo traspié para el bolsillo de cara a las elecciones presidenciales. La medida de la había sido adelantada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Dispone que el financiamiento del aplazamiento corra por cuenta de las empresas pero no a través de su flujo de caja sino a partir de la rebaja en el plan de inversiones. Si continuara el esquema tarifario construido por el actual gobierno, el próximo ajuste sería fuerte a raíz de la devaluación del peso que impacta sobre el gas en boca de pozo y la inflación mayorista que mueve los ingresos de transportistas y distribuidoras.

A través de la resolución 521/2019 , la Secretaría de Energía dispuso “diferir” el ajuste semestral de los cuadros tarifarios del gas, que estaba previsto para el 1 de octubre. El aumento se hará lejos de la fecha de las elecciones, recién el 1 de enero. El Gobierno justificó que las subas para los usuarios "en las actuales circunstancias macroeconómicas podrían generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad económica en general”. Por eso resolvió que “el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020, oportunidad en la cual se aplicará el valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible”.

El gas tuvo en abril pasado una suba del 29 por ciento sobre valores que se fueron ajustando de manera exponencial en años previos. Con la mira puesta en las elecciones, en aquel momento el gobierno dispuso que para los usuarios residenciales ese incremento se aplique en tres cuotas (10 por ciento en abril; 9,1 por ciento en mayo y 7,5 por ciento en junio). Asimismo, a partir del invierno rigió un descuento del 22 por ciento que los usuarios pagarán con las boletas del verano, que naturalmente son menos abultadas porque se reduce el consumo. El descuento del invierno, que rige en la actualidad, permitió neutralizar la suba de los precios que se aplicó desde abril. En total, el Tesoro dispuso de unos 4500 millones de pesos para que la tarifa se mantenga prácticamente sin cambios durante la campaña electoral.

Para octubre, cuando se reduce el consumo de gas, estaba previsto que las boletas registren plenamente el aumento del 29 por ciento, ya que deja de estar en vigencia el descuento invernal del 22 por ciento. Por otro lado, desde diciembre las boletas van a incluir el pago de aquel descuento aplicado durante el invierno. Al mismo tiempo, la resolución 521 de la Secretaría de Energía publicada este miércoles en el Boletín Oficial confirma que el nuevo aumento previsto para octubre pasa para comienzos del año que viene, previa audiencia pública a realizar en diciembre. La medida modifica el esquema de dos aumentos semestrales previsto por el marco regulatorio. “En caso de emitirse los correspondientes cuadros tarifarios a partir de octubre del corriente año, en las actuales circunstancias macroeconómicas podrían generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad económica en general”, justificó el Gobierno.

El aumento diferido de enero no sólo va a contener la suba que estaba prevista para octubre sino el diferencial de octubre hasta enero. El aumento esperado, si rigiera el esquema tarifario actual, podría ser importante a causa de la aceleración inflacionaria y de la devaluación. El transporte y la distribución se mueven en base a la evolución de los precios mayoristas, que se dispararon en agosto con la fuerte devaluación y prometen seguir en alza en los próximos meses. Por otro lado, también subirá el precio en pesos del recurso gasífero, que cotiza en dólares, y que cobran las empresas petroleras.

A la hora de definir quién asumirá el costo del aplazamiento de la suba tarifaria de octubre, Lopetegui advierte que “que el Estado Nacional se encuentra llevando adelante un programa de convergencia al equilibrio fiscal que le impide, en esta oportunidad, hacer frente a la compensación que implicará el diferimiento de tal ajuste”.

El Gobierno estableció que sean las empresas de distribución y transporte las que financien el congelamiento hasta enero a partir de “la readecuación de las obligaciones, esencialmente aquellas que impliquen inversiones obligatorias a su cargo, sin que ello afecte en modo alguno sus obligaciones frente a los usuarios abastecidos”. Las empresas deberán presentar propuestas al Enargas para reducir inversiones y así solventar el congelamiento.

Por el lado de la generación, las empresas harán uso del seguro de cambios para la protección frente a la devaluación posterior a las PASO, aunque para la próxima revisión tarifaria se espera que el nuevo rango del dólar impacte en los contratos de compra por parte de distribuidoras y por ende en la boleta final.