Un policía retirado que había sido denunciado por violencia machista asesinó a su mujer –para cuya protección la justicia había dictado una orden de restricción de acercamiento– y a sus cuatro hijos, uno de ellos discapacitado, a quienes atacó a puñaladas y luego quemó, tras provocar un incendio en su casa de Santiago del Estero. El femicida fue rescatado con graves quemaduras aunque con vida del interior de la vivienda, y pidió a quienes lo auxiliaron que lo dejaran adentro porque “quería morir con su familia”.
Rodolfo Ferreyra, de 50 años, mató a Nancy Elizabeth Lastra, de 33, y sus hijos Luciana, de 12, Marcos, de 11, Verónica, de 9 y Santiago, de 3 años, horas después de que ella lo denunciara ante la Comisaría del Menor y la Mujer por violencia de género.
Los crímenes sobrevinieron tras una discusión que el múltiple homicida, identificado como Rodolfo Ferreyra, de 50 años, alias “Fito”, mantuvo con su mujer, Nancy Elizabeth Lastra, de 33. Horas antes, ella lo había denunciado por violencia de genero en la Comisaría del Menor y la Mujer.
Ferreyra y Lastra discutían en su casa del sector 450 Viviendas, del barrio Villa del Carmen, cuando el hombre tomó un cuchillo y asesinó primero a la mujer y luego a los niños. Luego, hizo explotar una garrafa en la cocina de la casa, ubicada en una manzana cercana a una zona cubierta por una tupida vegetación. EL fuego se extendió pronto por las habitaciones en las que se encontraban –la investigación aún no estableció si heridos o muertos– Lastra y sus cuatro hijos.
Los vecinos alertaron a los bomberos, y hasta su llegada intentaron apagar el fuego y rescatar a la familia. Mientras lo sacaban de lugar, contaron luego, Ferreyra les pidió que lo dejaran entre las llamas. “Quiero morir con ellos”, habría dicho. El femicida fue trasladado al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde anoche permanecía internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.
De acuerdo con los testimonios, el ex policía Ferreyra había encerrado a Lastra y los niños luego de que ella regresara de radicar la denuncia en su contra.
La causa recayó sobre los fiscales Mariano Gómez y Sebastián Robles, quien confirmó que “las víctimas fueron acuchilladas antes de morir quemadas” y que Ferreyra “tiene quemaduras en el ochenta por ciento de su cuerpo y su estado es grave”. Por su parte, el fiscal Gómez detalló que el ex policía “tenía una orden judicial de restricción perimetral para acercarse a su mujer, que lo había denunciado por violencia de género el 6 de diciembre del año pasado y es motivo de investigación si hubo otro reclamo en las últimas horas”.
El funcionario judicial advirtió que “no hay antecedentes sobre su pasado como policía, se maneja la información de que cobraba una pensión por su hija discapacitada y se dedicaba a reparar celulares. Además, antes de radicarse en la capital, trabajó como remisero en la localidad de Fernández”. Los vecinos testimoniaron que “la pareja y sus cuatro hijos habían llegado a la casa veinte minutos antes del lamentable episodio, tras descender de un remís. Traían bolsas con comida que fueron encontradas, al igual que ropa del hombre, en el interior de la casa incendiada”, informó Gómez.
La causa está caratulada como “homicidio agravado por el vínculo y el parentesco”.
Referentes del movimiento de mujeres insisten en que las mujeres que denuncian violencia machista están desprotegidas por parte del Estado. “No hay dispositivos institucionales o estatales que protejan a las mujeres. Esa es la razón por la que suceden hechos como este”, aseguró a este diario la abogada Sandra Cartabia, de Red de Mujeres. “Es muy común que las mujeres hagan la denuncia por violencia de género, tengan una medida de protección, que los violentos hagan caso omiso, y no pasa nada”, señaló, y advirtió que “los mecanismos existentes no están protegiendo a las mujeres que están en riesgo”.
“La principal política pública en estos últimos años ha sido la denuncia, un ejemplo es la línea de teléfono 144, pero para las mujeres que necesitan protección del Estado, la denuncia por sí sola no representa una solución”, argumentó Cartabia. “Hay razones estructurales y coyunturales que hay que analizar y atacar con política pública y estatal”, evaluó. “En cuanto a las estructurales, tenemos un problema de desigualdad entre varones y mujeres que hoy en día nos llevó a una explosión de la violencia de género. Se debería destinar presupuesto para políticas públicas claras y prevenir estos casos”, afirmó. “Coyunturalmente, no se les brinda a las mujeres dispositivos que efectivamente las ayuden a salir de estas situaciones”.
“Si una denuncia no está bien preparada, y la mujer no tiene contención o donde irse en casos de altísimo riesgo, la denuncia sola no la va a salvar, es probable que la exponga a niveles mayores de violencia”, concluyó.