En una entrevista exclusiva con PáginaI12, la comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó las razones de la visita que realizará a la Argentina con otros miembros del organismo, a partir de este jueves, para rememorar el trabajo de la misión que llegó al país en septiembre de 1979, para conocer en profundidad el drama de la desaparición forzada de personas. Elogió el trabajo realizado “por las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos, que han superado obstáculos y alcanzado un nivel importante de juicios y sentencias en la región”.

En relación con esos logros, Urrejola Noguera, de nacionalidad chilena, rescató “el valor histórico” de la misión de la CIDH porque el informe que produjo “se convirtió en una herramienta jurídica fundamental que sigue siendo una referencia en el proceso transicional argentino”. Dijo que vienen a expresar su saludo “a las instituciones que han cumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas involucradas”. En otro orden de cosas, expresó la preocupación del organismo internacional por las situaciones que se viven hoy en países como Brasil y Venezuela.

La comisionada Antonia Urrejola Noguera fue elegida el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Es abogada de la Universidad de Chile con postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a la infancia, diversidad sexual e institucionalidad de derechos humanos. También trabajó en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

--¿Cómo recuerdan la visita de 1979 a un país golpeado por la dictadura más violenta de su historia?

--Esa fue una visita histórica no sólo para las miles de víctimas de la dictadura cívico militar, sino también en el desarrollo del Sistema Interamericano y la promoción y protección de los derechos humanos en la región. La particularidad de aquella visita fue que convocó la atención de la comunidad internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos que la dictadura militar argentina perpetraba como política de Estado. Muchas fueron las personas que colaboraron durante la visita: familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos, abogados y anónimos, cuya lucha y aporte fueron invaluables. Sin mencionar su coraje. La CIDH llegó en un ambiente de mucho temor, con una fuerte campaña de desprestigio y hostigamiento montada por la dictadura contra los miembros de la Comisión y las organizaciones de derechos humanos. A pesar de ese contexto, las víctimas y familiares formaron largas filas para presentar información y testimonios. Fueron recibidas 5580 comunicaciones, de las cuales 4153 fueron nuevas denuncias. La CIDH fue un espacio de escucha en un ambiente de silencio y terror.

--¿Cuál fue la importancia a futuro de los testimonios?

--Permitieron a la CIDH una mejor comprensión de la situación de derechos humanos en la Argentina y de las graves violaciones cometidas en un momento en que la dictadura controlaba los medios de comunicación. De esta forma se pudo evidenciar la gravísima situación que vivía el país. La presencia de la Comisión fue una esperanza para miles de personas y logró instalar en los medios, por primera vez, la palabra “desaparecido”. Aunque el informe fue durísimo para la dictadura, también fue duro para las esperanzas de los familiares de encontrar a los suyos con vida. Pero es innegable que a partir del informe, el silencio y la negación empezaban a ceder, los familiares al menos podían iniciar con más certezas la búsqueda de sus seres queridos y la sociedad argentina empezaba a abrir sus ojos ante la realidad.

--Salió a la luz la figura del “desaparecido”.

--Un tema importante fue que si bien en algunos informes previos, como los de Chile, la Comisión había mencionado el tema de los desaparecidos, ninguno, hasta el informe de Argentina, había incluido un capítulo especial sobre el tema, ni había analizado la naturaleza del crimen, que hasta ese momento no había sido tipificado por el derecho internacional de los derechos humanos. En ese momento no existía jurisprudencia ni claridad conceptual sobre la desaparición forzada. Ni siquiera existía acuerdo sobre cómo denominar ese delito. En 1983, la resolución 666 de la OEA estableció: "Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

--¿Cuál es la razón de esta visita, 40 años después?

--Nuestra visita de esta semana tiene por objetivo recordar esa misión, porque es una manera de valorar y honrar el trabajo incesante realizado en los últimos 40 años por todos aquellos actores valientes de la época que lucharon para ponerle fin a la violencia de la dictadura cívico militar argentina. También venimos para saludar las significativas conquistas institucionales alcanzadas en materia de memoria, verdad y justicia. Nuestro objetivo es fomentar el seguimiento de ese proceso y apoyar la preservación y difusión de la memoria histórica sobre ese pasado de graves violaciones de derechos.

--¿Cómo analiza la CIDH el largo proceso de la democracia argentina hasta llegar al juzgamiento de los responsables del Terrorismo de Estado?

--Argentina superó muchos obstáculos y alcanzó un nivel importante de juicios y sentencias en la región. Además de su valor histórico y político, el informe de la visita de 1979 se convirtió en una herramienta jurídica fundamental que sigue siendo una referencia en el proceso transicional argentino. En los últimos años, la Comisión ha monitoreado los pasos que Argentina ha dado y saluda a las instituciones que han cumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los involucrados. Sobre todo, saluda a las víctimas y a las organizaciones de DDHH por los avances conquistados. La CIDH afirmó reiteradas veces que la eliminación de la impunidad por los medios legales es un elemento fundamental para la erradicación de crímenes atroces como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos. Cuarenta y tres años después del golpe de Estado, un archivo de más de 49 mil páginas relacionadas al período represivo se hizo público, en abril, Estados Unidos entregó a la Argentina una serie de documentos desclasificados de las agencias norteamericanas. Esta información es importante para que las víctimas y la sociedad argentina puedan saber más y acceder a verdad, justicia y reparación. Argentina ha sido un ejemplo para los demás países de la región, lo que no significa que esta tarea esté concluida. El Estado debe seguir en este camino, impulsando los procesos judiciales y de reparación. Esto incluye la obligación de identificar, construir, recuperar y preservar los sitios de memoria y de no repetición.

-- ¿Qué importancia le adjudica en todo este proceso a la sociedad civil en Argentina?

--Junto a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil han sido protagonistas en la lucha por memoria, verdad y justicia. Además de impulsar política y jurídicamente la exigencia de respuestas al Estado por la violencia cometida en el pasado, las organizaciones han contribuido y siguen apoyando el desarrollo de estrategias jurídicas, de recuperación, preservación y uso de archivos, de atención psicosocial a las víctimas y testigos, y en muchas otras dimensiones importantes en la judicialización de crímenes de esa naturaleza. Como dijo mi colega Joel Hernández, nuestra visita es, ante todo, un homenaje a las víctimas de la dictadura. En lo personal, y sólo para ejemplificarlo en una de las tantas luchas que han llevado adelante, cada vez que aparece un nieto recuperado, creo que se debe rendirle honor a esas organizaciones. Como el tío Roberto Mijalchuk, que recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja y que finalmente, luego de tantos años, Conadi le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Javier Matías Darroux Mijalchuk conoció su origen y las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron darle la bienvenida a su familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

--¿Qué nos puede decir de lo sucedido en la materia en otros países de la región?

--A partir de las gravísimas violaciones de derechos humanos en países del Cono Sur, el conflicto armado en Centro América, en países de África, surgió el concepto de la justicia transicional como un intento de las sociedades por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala. La construcción de la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal debe ser acompañada por mecanismos que den garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones de derechos humanos. El Estado debe determinar patrones de actuación conjunta; identificar a las personas que, de diversas formas, tuvieron participación en esas violaciones y sus correspondientes responsabilidades; castigar a los culpables en el contexto de procesos imparciales y justos; reparar a las víctimas; y, finalmente, garantizar la implementación de medidas tendientes a asegurar que los hechos que dieron lugar a esos delitos y constituyeron graves violaciones no vuelvan a ocurrir. Derecho a la verdad, justicia y reparación son tres elementos centrales de la justicia transicional que permiten enfrentar de manera exitosa la recuperación de la democracia luego de períodos de quiebre institucional y violaciones masivas a los derechos humanos. Es preocupante que se mantengan leyes que impiden sancionar efectivamente a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Otro punto para atender es la falta de apoyo institucional, de recursos financieros y humanos a las instituciones encargadas de la investigación de los crímenes que fueron practicados como políticas de Estado o de aquellas instituciones a cargo de la búsqueda de los desaparecidos.

--En Argentina, a pesar de los avances de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, no se ha podido ponerles fin a los casos de violencia institucional, sobre todo en perjuicio de los jóvenes y los sectores más vulnerables. ¿A qué cree que se debe esa reiteración de la violencia estatal en democracia?

--La verdad es que no es un tema sobre el cual me puedo pronunciar en detalle ya que no sigo la situación concreta de Argentina. Lo que sí le puedo indicar es que la CIDH se ha manifestado de manera reiterada sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y agentes de seguridad del Estado en la región. Uno de los temas que nos preocupa en materia de seguridad ciudadana tiene que ver con la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales, y la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana. De hecho, tenemos un informe que trata precisamente estos temas. Entre otras cosas, formula una serie de recomendaciones específicas sobre adopción de medidas administrativas, legislativas o de otra índole a fin de que las instituciones del Estado brinden atención en forma adecuada a las víctimas de la violencia y el delito e implementen medidas de prevención, disuasión y represión legítima de conductas violentas y delictivas en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanosd.

--¿Cómo analiza usted el recrudecimiento de la mano dura institucional en países como Brasil, por ejemplo?

--La situación de inseguridad ciudadana en Brasil ha sido objeto de atención por parte de la CIDH desde hace varios años. Al final de su visita in loco al país en noviembre del 2018, la Comisión remarcó su preocupación por la tasa de muertes violentas en el país y, en particular, por el incremento en incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad en general. En particular, la Comisión destaca que en la crisis de seguridad ciudadana en el contexto urbano se han incrementado los incidentes con uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, aumento en los índices de letalidad y una creciente militarización de las políticas de seguridad ciudadana. El impacto de estos actos de violencia afecta desproporcionadamente a jóvenes afrodescendientes de las periferias de los grandes centros urbanos. Es una situación realmente alarmante y desgarradora, considerando que las cifras de muertes por agentes de las fuerzas de seguridad ya estaban en niveles altos en los últimos años y siguen incrementándose. Como relatora de la CIDH para Brasil, veo con mucha preocupación estas cifras. Sin duda, hay muchas alternativas que van más allá de la apuesta por las “políticas de mano dura”, alternativas apoyadas en el respeto a los derechos humanos y el diseño de políticas de seguridad ciudadana basadas en el diálogo y la participación social, volcadas a la prevención y a un concepto de seguridad más completo. El Estado brasileño puede y debe avanzar en ese sentido, a la luz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

--¿Cuál es su visión de la crisis que se está viviendo en Venezuela?

--La Comisión observa la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas de manera grave, que han derivado en una gravísima crisis humanitaria y en una ausencia del Estado de Derecho en el país. La escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos, los altos índices de violencia e inseguridad, y la persecución en razón de la opinión política han provocado un desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela a distintos países de la región que exige una respuesta regional coordinada.

--Me gustaría saber su opinión sobre las políticas que se aplican en Europa con las poblaciones migrantes y cómo las analiza si las compara con el trato que reciben los migrantes en América Latina y en Estados Unidos.

--La CIDH estuvo en la frontera de Estados Unidos visitando algunos centros hace pocas semanas, por lo que prontamente saldrá un informe. Es necesario sí recalcar que la migración es un fenómeno regional sumamente complejo donde debe haber corresponsabilidad de los Estados. La migración forzada encuentra sus causas en la pobreza y la inseguridad que viven los habitantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que se ven obligados a salir de sus países, en ocasiones, por mera supervivencia. La comunidad internacional debe aumentar sus esfuerzos para que en esos países se instauren las condiciones para que la gente permanezca en sus países. Sin embargo, los Estados de tránsito y destino deben velar por el respeto a los derechos humanos de los migrantes y honrar sus obligaciones internacionales en materia de refugio y asilo.