“Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad.” De esta forma, el Ministerio de Trabajo nacional exigió al Consejo de la Magistratura la remoción de los dos camaristas que había dictado una cautelar para que se cumpliera la paritaria de los bancarios. La decisión del gobierno de Mauricio Macri de intentar expulsar a los dos jueces generó el repudio de la Asociación de Magistrados, además de distintos sindicatos y opositores políticos. Cuestionaron que se use como argumento el contenido del fallo para pedir la remoción.

El Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca, sostuvo una pulseada con el gremio de los bancarios para intentar que no acordaran una paritaria que superaba las previsiones de la inflación que plantea el oficialismo. El conflicto comenzó en diciembre y duró hasta la semana pasada, cuando la Asociación Bancaria le torció el brazo al Gobierno y firmó un acuerdo por encima del 20 por ciento que planteó el presidente para este año.

Sorpresivamente, tras la derrota, el Ministerio de Trabajo presentó dos escritos idénticos ante el Consejo de la Magistratura en los que pidió la remoción de los camaristas que intervinieron en la feria judicial ante una presentación de la Asociación Bancaria. Se trata de Enrique Arias Gibert y Graciela Marino. Como informó este diario, acumularon como causales “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional” lo que “impone la necesidad de su remoción del cargo” de los camaristas.

El escrito –al que accedió PáginaI12 pese a que el Ministerio de Trabajo se rehusó a hacerlo público– está firmado por el apoderado Raúl Horacio Lambardi. Lo primero que intentó argumentar es que no estaba pidiendo que se los juzgue por el contenido de sus fallos: “Corresponde deje señalado que si bien el mal desempeño que denuncia se perfeccionó en una actuación judicial, quede expresamente aclarado que la presente en modo alguno se vincula con los actos jurisdiccionales adoptados”. “No escapa al criterio del suscripto que tradicionalmente han sido rechazados los pedidos de remoción vinculados exclusivamente a un proceso erróneamente resuelto. Sin embargo, si bien una primera aproximación al tema pudiera parecer que de eso se trata, un más detenido análisis muestra las diferencias entre el error singular y la evidencia de un comportamiento parcial, inhabilitante para el ejercicio de la función judicial”, afirmó el abogado.  

Es decir que el Gobierno pide que se los destituya por la cautelar que dictaron en favor de la Asociación Bancaria, pero la denuncia no estaría vinculada al contenido del fallo. Contrariamente a lo afirmado, todo el resto del pedido de juicio político se refiere al contenido.

El Gobierno acusó a los jueces de “dictar sentencia sin causa, violando la garantía constitucional de división de poderes, lesionando gravemente la garantía del debido proceso” y de tomar “posición en manifiesto beneficio de una de las partes, al convertirse en juez y parte del proceso que debía sentenciar, quebrando de ese modo la garantía de imparcialidad a que tiene derecho todo justiciable”. Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo amenazó con no homologar el acuerdo de los bancarios porque iba en contra de las metas de inflación, tuvo reuniones exclusivamente con la parte empresaria para consensuar una estrategia judicial conjunta, instruyó a los bancos públicos a retrotraer su aceptación y no pagar, y finalmente debió aceptar el acuerdo al que ya habían arribado en diciembre con el 80 por ciento de las patronales.

Como ya había hecho la gestión de Macri en su época como jefe de Gobierno, los funcionarios PRO acusaron a los jueces de violar la división de poderes y entrometerse en las funciones del Ejecutivo. Cuando Macri buscaba imponer a una integrante afín en el Tribunal Superior de Justicia, llevó a la Ciudad al primer conflicto de poderes, del que acusó en su momento a tres jueces porteños. En el escrito del Ministerio de Trabajo, con profusión de adjetivos, el Ejecutivo aseguró que los jueces se entrometieron en un área que no es su competencia para “luego, a modo de colofón de la barbarie jurídica que pergeñó, solicitarle al poder cuya materia de análisis le es privativa y exclusiva que ‘no interfiera’”. “Un absurdo. Un delito”, se escandalizó el representante del Gobierno, quien pese a esa calificación no presentó una denuncia penal.

También tomó como argumento una ley aprobada por el kirchnerismo que obligaba a los jueces a pedir un informe al Ejecutivo previo al dictado de la cautelar, excepto en casos graves e impostergables. El Ministerio de Trabajo argumentó que el cobro de los salarios no lo era. Además de los arrebatos shakespereanos y las citas de Esquilo, el texto agrega bíblicamente: “El círculo es casi diabólico. No hay causa, no hay competencia. Generó una falsa causa o causa ficticia y dictó sentencia”. La denuncia concluye con la “total carencia de idoneidad” de los jueces. “El Magistrado, como la mujer del Cesar, debe serlo y parecerlo”, indica. 

“Ante los pedidos de juicio político formulados por el Ministerio de Trabajo de la Nación a Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reitera que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, señaló la Asociación de Magistrados. “Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana. La solicitud de juicio político a los referidos jueces por el contenido de sus pronunciamientos implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes”, advirtieron.