El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, intentó ayer defender al Gobierno tras el escandaloso acuerdo con el Correo Argentino, por el cual según la fiscal Gabriela Boquín se produciría un perjuicio para el Estado que podría ascender hasta los 70 mil millones de pesos. Frente a los diputados de la comisión Comunicaciones e Informática, Aguad insistió en que no se condonó ni un peso, acusó al kirchnerismo por no haber aceptado las condiciones ruinosas que propuso el Grupo Macri en años anteriores y además, dijo que no hubo conflicto de intereses pese a que la empresa es propiedad de los hijos del Presidente, con usufructo de su padre, Franco Macri. “Yo no dije que el Presidente no sabía, yo dije que nunca hablé con él de esto”, se rectificó Aguad, quien recibió duros cuestionamientos de todo el arco opositor. El Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda, entre otros, reiteraron el pedido para que sea interpelado en el recinto por considerar que las explicaciones fueron insuficientes y evasivas. “Le admiro la desvergüenza con la que usted quiere defender este delito”, le espetó el diputado Martín Doñate (FpV-PJ).

Aguad llegó al anexo de la Cámara de Diputados acompañado por funcionarios de su ministerio como el secretario Héctor Huici y el Director General de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, firmante del acuerdo en el que se aceptó una quita de deuda del 98,82 por ciento y plan de pagos en cuotas a 15 años con un interés del 7 por ciento anual. La propuesta fue rechazada por Boquín, la fiscal ante la Cámara en lo Civil y Comercial, en un extenso dictamen donde calculó que, a febrero de 2017, la deuda de la empresa del Grupo Macri supera los 4 mil millones de pesos. Y según el plan de pagos propuesto, al momento de su finalización, en 2033 ese monto podría alcanzar los 70 mil millones. El Grupo Macri, en cambio, pretende pagar por su deuda un total de 600 millones de pesos y, en paralelo, cobrar por juicios contra el Estado unos 2.365 millones. Es decir que con toda esta operación la familia del Presidente se quedaría con 1.765 millones.

“Aquella deuda que en el 2003 eran 296 millones de pesos, en el 2015 se habían descapitalizado a tal punto que sólo representaban el 10 por ciento del capital, la moneda se había depreciado en un 90 por ciento en esa década. Esta gestión heredó ese problema. No teníamos muchas alternativas”, se excusó Aguad ayer, adoptando la interpretación del artículo 19 de la ley de quiebras que favorece al grupo empresario de la familia presidencial. Sin embargo, existe jurisprudencia de la misma Cámara que trata el caso en la que califica como “abusiva” una propuesta de pago similar, que no contempla el pago de intereses posconcursales y realiza una quita de deuda incluso menor a la que aceptó ahora el ministerio conducido por Aguad. 

Durante su intervención, el dirigente radical llegó a decir frases como “nunca he venido a hacer política a este recinto”, lo que despertó los aplauzos irónicos de los opositores, que compartieron con el ministro más de una década como diputado en la Cámara baja. Más allá de eso, Aguad repitió buena parte de las justificaciones que ensayó desde que explotó el conflicto. Además de cargar las tintas sobre la presunta responsabilidad de la gestión anterior, buscó mostrar como una virtud que el Presidente, en conferencia de prensa, haya dispuesto volver “a fojas cero”. “No hemos dado marcha atrás, el Presidente dijo que estamos ante un problema de transparencia. ¿Y como salimos? con más transparencia”, sostuvo Aguad y consideró que “la familia que es dueña del Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe”. “No le vamos a perdonar un peso de capital y vamos impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes”, remató.

Uno de los puntos en los que mayor hincapié hizo la oposición fue en el conflicto de intereses. “El presidente está de los dos lados del mostrador. Es el dueño de la empresa que le debe a los argentinos. Y el Presidente le hace juicio al Estado, le quiere sacar más plata al Estado. Hay una perversidad nunca vista en un gobierno. Es un escándalo internacional”, afirmó Doñate. “Este pedido de ir a foja cero demuestra que quien maneja la República, maneja también sus empresas”, sentenció Felipe Solá. El diputado del Frente Renovador fue uno de los más duros. El ex gobernador bonaerense ya había sido lapidario con el Presidente cuando autorizó por decreto el ingreso de los familiares de funcionarios al blanqueo de capitales. 

La explicación de Aguad sobre el conflicto de intereses fue contradictoria. Por un lado aseguró que “no hay” tal conflicto: “En abstracto, puede que sí. En los hechos, el único testigo fui yo y no hablé con el Presidente”, agregó. Sin embargo, ante más preguntas reconoció que si bien no lo conversó con Macri, “es muy probable” que él sí supiera de la negociación. “Yo no dije que el Presidente no sabía, yo dije que yo nunca hablé con el Presidente de esto”, terminó por reconocer el ministro. 

Otro punto cuestionado fue la presunta “insolvencia” del Grupo Macri para pagar la deuda, uno de los supuestos fundamentos del Gobierno para aceptar un acuerdo tan desventajoso. El ministro radical aclaró que se refería a la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, cuyos bienes habían sido desafectados por el Estado. A esa argumentación los diputados de la oposición le retrucaron que la empresa es controlada por otras sociedades, Socma y Sideco, que sí poseían fondos suficientes. En ese sentido, el diputado del FIT, Néstor Pitrola, reclamó “la ejecución inmediata de los bienes societarios y personales del Grupo Socma y la familia Macri, hasta cubrir la acreencia calculada por la fiscal”. 

La reunión de comisión también giró en torno al rechazo de los técnicos del Banco Nación (también acreedor del Correo) a la propuesta de pago. Aguad dijo desconocer aquel dictamen del banco presidido hasta diciembre último por el economista macrista Carlos Melconián. Sin embargo, sostuvo que el rechazo de la entidad fue a la propuesta anterior, que según Boquín implicaba una quita del 99,17 por ciento. Sobre la que aceptó el Gobierno de Macri (cuya quita es del 98,82 por ciento), Aguad dijo que el banco no la aceptó, pero tampoco la rechazó.

No sólo el Frente Renovador fue crítico con el Gobierno, también le apuntó el Bloque Justicialista (que también funcionó como aliado del oficialismo durante 2016). “Negar el conflicto de intereses y creer de manera unilateral y arbitraria que no hay que darle participación a los organismos de control (Sigen y AGN) hace que hoy estemos en esta situación”, aseguró Pablo Kosiner, quien mandó al ministro a estudiar Derecho. 

Aguad no estuvo sólo. Los diputados radicales Luis Petri y Mario Barletta intervinieron en su defensa y, sobretodo, para atacar al kirchnerismo. Pese a las críticas de Elisa Carrió, desde la Coalición Cívica también defendieron lo actuado por el Presidente. El diputado Fernando Sánchez sostuvo que no existió conflicto de intereses porque el acuerdo con el Grupo Macri lo firmó el ministerio que conduce Aguad.