El juez federal Ariel Lijo le pidió al Banco Nación que le entregue un informe que habría sido elaborado el año pasado, antes de que el Estado y el Correo Argentino firmaran en los tribunales comerciales el acuerdo para el pago de la deuda de este último, y que lo habría desaconsejado porque lo consideraba perjudicial para las arcas públicas. Ayer, además, comenzó a recibir la documentación que le exigió al Ministerio de Comunicaciones, que es el que mandó un representante del Gobierno a la audiencia en la que su Director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, terminó aceptando un convenio que según la fiscal Gabriela Boquin era abusivo e implicaba una condonación del 98,87 por ciento de la deuda.

La investigación que lleva adelante Lijo,por impulso del fiscal Juan Pedro Zoni, tiene hasta el momento como imputados al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a Mocoroa. La existencia de ese documento del Banco Nación, que se remonta a la gestión de Carlos Melconian, fue señalada en una ampliación de su denuncia por los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, en base a una publicación del periodista Marcelo Bonelli.

La documentación que Lijo intimó a la cartera de Aguad a presentar es toda la que deje constancia del trámite del concurso preventivo del Correo Argentino (propiedad de la familia Macri) y los distintos pasos que, en ese proceso, se fueron dando en los tribunales comerciales desde el año 2001. Proyectos, propuestas, resoluciones, poderes y todo lo que permita reconstruir cómo se llegó al acuerdo que fue homologado en primera instancia, luego cuestionado por la fiscal Boquin, y que ahora el Poder Ejecutivo dijo que quiere reformular, para lo cual habrá una audiencia el 16 de marzo.

Los delitos por los que se investiga a los funcionarios son presunta defraudación al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. El fiscal Zoni, en función de los señalamientos de Boquin, advertía que “el presidente de la Nación resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto”. Por eso una de las primeras cuestiones que se intentarán despejar penalmente es cómo llega Mocoroa a participar de la audiencia de junio del año pasado en la que se definió el acuerdo; si alguien le dio instrucciones y si tenía alguna designación específica para el caso teniendo en cuenta que era un funcionario nombrado por 180 días y que lo esperable hubiera sido que participara el Procurador de Tesoro. Otro aspecto es cómo se fueron sucediendo los distintos pasos para arribar a un resultado tan desfavorable para el Estado y cómo es que la mayoría de los acreedores llegan a estar de acuerdo. Boquin había señalado posibles mecanismos de manipulación de las mayorías, con cesiones de crédito, pagos por subrogación y otorgamiento de poderes.