El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional". En diálogo con Página|12, el experto inscribió el decreto 591/19 de Mauricio Macri (que modifica dos decretos de 1992) dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gigante asiático de prohibir la importación de basura, y alertó sobre cómo se verá afectado el trabajo de las cooperativas que reciclan basura.

-¿Cuál es su crítica al decreto?

-Tengo tres críticas puntuales. Primero, con esto quitan el Certificado de Inocuidad Ambiental, y así pueden traer cualquier cosa de afuera. China prohibió la importación de basura porque le metían de todo. En segundo lugar, se eliminaron dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias, y el dedicado a residuos de diversas actividades. Y en tercer lugar, pusieron excepciones para residuos de varias actividades.

-Apunta a la prohibición China y a la guerra comercial con Estados Unidos como trasfondo de esto, ¿por qué?

-El gobierno chino prohibió la importación a comienzos de este año. Sus principales proveedores eran Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hacía un negocio bárbaro: exportaba la mitad de su basura y encima cobraba. Y los europeos enviaban once millones de toneladas por año. Con la decisión china no saben qué hacer con toneladas y toneladas de residuos. Este decreto de Macri les abre una ventana. No descartaría que otros países implementen reformas similares a esta. Es un decreto diametralmente opuesto a la decisión de China, que corta la importación en un 99 por ciento. Desde que China prohibió la importación, las ciudades norteamericanas tienen que pagar para deshacerse del papel, del plástico y otros residuos que antes les vendían a los chinos.

-¿Cuál fue el motivo de China para cortar con la importación?

-Por un lado está la tensión con Estados Unidos por la guerra comercial y la puja en los aranceles. Pero también hay un costado ambiental, porque deciden cerrar sus fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros de papel y de plástico que consideren contaminados. Todo lo contario de lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional. La Argentina no recicla al ciento por ciento y se flexibiliza para que haya una mayor masa de residuos.

-¿La aplicación corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente?

-No, y eso también es llamativo. Hasta ahora los controles los hacía Medio Ambiente. A partir de ahora el órgano de aplicación es el ministerio de Producción. De hecho, el decreto lleva la firma de Macri, Marcos Peña y Dante Sica, pero no de Sergio Bergman.

-¿Cuál es el gran riesgo con este decreto?

-Le solucionamos un gran problema a Estados Unidos, y pueden enviar residuos peligrosos. Insisto en hasta qué punto esto no fue un pedido directo de Trump a Macri. La Ley de Residuos Peligrosos es un emblema en la lucha ambiental en la Argentina. Recordemos que en los 90 querían hacer un basurero nuclear en Gastre, provincia de Chubut.

-¿Hay posibilidad de judicializar el tema?

-Lo estamos estudiando. Vamos a ver qué hacemos. Yo no tengo dudas que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país. El decreto de Macri viola dos principios: uno es el de no regresión ambiental, no se puede retroceder en el derecho, es algo vinculado a los derechos humanos. El otro principio que viola es el de progresividad, porque así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante. La ley es estricta y con esto se flexibiliza.

-¿Qué consecuencias ve si esto se concreta?

-Estamos ante un posible daño ambiental, pero además, desde el punto de vista económico, se perjudican aquellos que trabajan con residuos. En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas que trabajan con 600 toneladas por día. Si se abre la puerta a la importación, va a haber mayor oferta y el precio caerá, con lo que las cooperativas sufrirán pérdidas. Va de la mano con el proyecto de Rodríguez Larreta, que quiere la incineración de residuos. Es algo funcional a los grandes negocios que hay detrás de la basura. O sea, hay un impacto socioambiental por la entrada de residuos importados y encima se perjudica a las cooperativas que se encargan de reciclar.