El fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte, a cargo de la causa por la Masacre de San Miguel del Monte, solicitó que se abra una investigación penal paralela por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra la intendenta de esa ciudad, Sandra Mayol. La medida había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuyos abogados representan a familias de algunas de las víctimas de la masacre ocurrida el 20 de mayo de este año, luego de una inexplicable persecución policial que incluyó disparos de armas de fuego. 

La CPM sostuvo, desde el primer momento, que se debía investigar “la responsabilidad de Mayol” en lo ocurrido a partir de “su participación en los hechos posteriores a la persecución policial que terminó con la vida de cuatro jóvenes y otra adolescente con lesiones graves”. El pedido de la CPM fue acompañado también por los familiares de las víctimas que “a pesar de las interpelaciones públicas a la intendenta, nunca tuvieron de la jefa municipal una respuesta acorde al dolor” que sufren. 

La causa por la masacre de Monte tiene 13 imputados: cuatro policías bonaerenses por homicidio, mientras que por encubrimiento están acusados otros ocho agentes de la fuerza  y el ex secretario de Seguridad de Monte, Claudio Martínez. En el caso de Martínez, también se lo acusa de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Cuando pasaron más de tres meses del hecho, a partir de las pruebas acumuladas en la causa el fiscal Damonte pidió formar una causa por separado contra la intendenta Sandra Mayol y contra Nelson Barrios, del cuerpo de bomberos municipal, en ambos casos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La CPM sostiene que “la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol”. El organismo, que representa en la causa a dos de las familias de las víctimas, pidió por ese motivo que se investigue penalmente a la jefa comunal.

En su resolución, el fiscal Damonte solicitó que se investigue si Mayol y Barrios “conocían o si fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho”. La CPM consideró que "la decisión del fiscal es un reconocimiento a la lucha de las familias de las víctimas que, a pesar de haber impulsado la interpelación pública a la intendenta, nunca tuvieron de la jefa municipal una respuesta que repare los graves padecimientos ocasionados por el accionar policial, producto de las políticas de seguridad sostenidas por Mayol".

En la madrugada del 20 de mayo pasado, dos patrulleros de la Estación Comunal de San Miguel del Monte persiguieron al Fiat Spazio en el que se trasladaban cinco jóvenes de entre 13 y 22 años hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio. Danilo de 13 años, Camila de 13, Gonzalo de 14 y Aníbal de 22 murieron tras el choque; la única sobreviviente, Rocío, tiene 13 años y todavía se está recuperando de las graves lesiones sufridas.

En la investigación se determinó que los policías realizaron varios disparos contra el Fiat Spazio en el que iban las víctimas, un vehículo conocido por los uniformados, que sabían que pertenecía a un joven, Aníbal Suárez, quien carecía de antecedentes penales y que, incluso, era presionado por la fuerza de seguridad. Uno de los disparos le provocó una herida a Gonzalo, uno de los fallecidos.