Un grupo de organizaciones ligadas al ámbito del Derecho presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde señala una por una las “intromisiones indebidas, presiones y ataques” a jueces, defensores y abogados, al igual que a organismos como el Consejo de la Magistratura, ocurridos desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno. Se refieren a un enorme abanico de situaciones entre las que destacan procesos que derivaron en “una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición”. 

“Lo que se describe –dice el texto al que accedió Página/12-- está directamente dirigido a disciplinar a los magistrados que dictan resoluciones que no son acordes a la voluntad del Poder Ejecutivo, lo que conlleva a la consecuencia de generar una magistratura adicta….” Las modalidades de esta ofensiva descriptas también en la presentación son variadas pero han incluido especialmente pedidos de juicio político, denuncias penales y aprietes a través de los medios de comunicación, a veces en boca del propio Macri. El documento elevado al organismo internacional hace un listado de más de veinte jueces y juezas atacados, muchos de ellos nombres conocidos, más otros actores del sistema judicial con sus historias específicas. Aparecen desde Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler, Sebastián Casanello, Luis Arias, Alejo Ramos Padilla, Luis Carzoglio, Enrique Arias Gibert, Ariel Lijo, Luis Raffaghelli, hasta la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, ficales como Federico Delgado y Gabriela Boquín, y abogados, muchos de ellos de causas de derechos humanos. El planteo inserta todo esto en el actual contexto político y económico y hasta habla de la “inconstitucionalidad del endeudamiento”.

La lista de los nombres y los detalles de los casos impacta por la cantidad y la descripción de los hechos señalados. “Los actos de intimidación y presión al Poder Judicial y los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura entre otros, han socavado la independencia” de “éste poder del Estado de derecho (…) en decisiones que contraríen los deseos del Poder Ejecutivo (…) el cumplimiento e implementación de un Poder Judicial independiente e imparcial se ha visto atacado desde el10 de diciembre de 2015 con la asunción a la presidencia de Mauricio Macri”, advierten la denuncia. Los organismos que la firman son Abogados Por la Justicia Social (AJuS), AJUS La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Argentina de Juristas, La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Asociación Justicia Legítima, el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho (CLACSO), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Los “ataques” que señalan los organismos “no han sido aislados ni deben ser analizados independientemente entre sí, sino que se han llevado a cabo con precisión temporal”. “Se está ejecutando un plan en la República Argentina” basado “en la necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, serían imposibles de ser llevadas a cabo”, dice el texto. “Sostenemos que la independencia de los magistrados e instituciones jurídicas se ha visto sometida a expresiones intimidantes directas e indirectas”, agrega. Los denunciantes piden en el escrito una audiencia en la CIDH y la aspiración es lograr una medida cautelar –facultad que tiene la comisión—para frenar este proceso. 

Entre los mecanismos de presión o de colonización que desnudan, los más sutiles son la prolongación de subrogancias para que los/as jueces/as intenten complacer al poder que debe darles un nombramiento definitivo, los traslados de jueces a dedo de un tribunal a otro (algo que se ha implementado en tribunales estratégicos como la Cámara Federal, la Casación Federal y tribunales orales que deben juzgar a ex funcionarios, aunque en este caso hubo un freno de la Corte), los concursos condicionados políticamente, y los recortes o manejos con el presupuesto. Dentro del propio Consejo de la Magistratura --el organismo que elige y sanciona a los jueces-- “el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente dóciles”, advierte la presentación. 

El punto de partida de la denuncia es el nombramiento por decreto y en comisión de dos jueces de la Corte Suprema --Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti-- primera medida del gobierno de Macri, que luego tuvieron que pasar por el senado porque los supremos en funciones se negaban a tomarles juramento y el escándalo era mayúsculo.

Jueces y juezas

Junto con el ex camarista Freiler, que integraba la lista negra de Macri --a quien había procesado por el espionaje en la Ciudad, entre otras cosas-- la denuncia recuerda que al ex juez supremo Zaffaroni diputados oficialistas intentaron impulsar su remoción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no les gustan sus ideas, lo que tradujeron en “inhabilidad moral y actuación partidista”.

Luis Arias fue destituido por impulso de Cambiemos y del procurador Julio Conte Grand tras su intervención favorable al gremio docente, pero principalmente por el contenido de sentencias defensoras del derecho a la vivienda, a las personas privadas de la libertad, y contrarias a los tarifazos, entre otras. A Daniel Rafecas le abrieron un expediente disciplinario --cerrado por burdo-- por decir que no había delito en la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de aparecer sin vida, donde acusaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. A él y también a Ariel Lijo –que tramita causas contra el gobierno actual, como el caso del Correo-- les abrieron investigaciones por supuesto cajoneo de expedientes en función de la denuncia de una ONG ligada al Poder Ejecutivo (Unidos por la Justicia) y el Colegio de abogados de la Calle Montevideo. La jueza Martina Forns fue “descalificada públicamente por funcionarios del Ejecutivo” después de frenar el aumento de la tarifa de luz. Sebastián Casanello “recibió presiones para que incriminara a la ex presidenta”, lo que se vio en los medios y en la catarata de presentaciones de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo. También fue “hostigado públicamente” Carlos Rozanski, ex juez de tribunal oral que condenó a represores. Macri, dicen los denunciantes, también descalificó al juez Carlos Rossi, que había excarcelado al femicida de Micaela García.

Uno de los casos recientes más escandalosos es el de Luis Carzoglio, el juez de Avellaneda que se negó a detener a Pablo Moyano ante un pedido del fiscal Sebastián Scalera en una causa sobre el club Independiente por considerar que no había pruebas, y que reveló que lo habían ido a ver dos funcionarios de la AFI que le entregaron un borrador con la orden de detención de Hugo y Pablo Moyano. Lo increíble fue que las autoridades del a AFI lo reconocieron ante la Comisión Bicameral de inteligencia. Pero Carzoglio fue suspendido y tiene un jury en camino. El otro ejemplo burdo de persecución, es el de las denuncias y pedido de remoción contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a quien primero le abrieron un expediente en el Consejo solo por haber ido a hablar al Congreso sobre su investigación sobre espionaje ilegal .

Párrafo aparte merecen los integrantes del fuero laboral, particularmente atacados cuando el Gobierno fogoneaba despidos y recortaba derechos de los trabajadores. 

Fiscales y abogados

El caso paradigmático mencionado es el de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, quien había sido designada en 2012 con acuerdo del Senado pero, dice la presentación, el Poder Ejecutivo, se propuso “lograr su renuncia” y “degradar y restar jerarquía y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal mediante intervenciones de funcionarios y hostigamiento mediático de las grandes empresas de comunicación aliadas al gobierno”. 

Entre los “actos de persecución abogados intervinientes en casos de lesa humanidad o derechos humanos” el texto señala denuncias “artificiosas” contra Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, defensores de Milagro Sala; mientras que sufrió un atentado en su casa el abogado Jorge Cholvis, del instituto Arturo Sampay y denunciante con Arístides Corte y Eduardo Barcesat del presidente Macri por la negociación con los fondos buitre y la actividad personal y de otros funcionarios con sociedades “off shore”.

Los denunciantes subrayan, en varios casos –como el D’Alessiogate—los intentos de injerencia explícita del Poder Ejecutivo y en otros implícitas. Muestran una preocupación por general por estos ataques que, dicen, “no tienen precedentes en el país” y han “provocado consecuencias también fuera del sistema judicial".