La confusión intencionada de responsabilizar al gasto público por la crisis económica es una idea que causa daño, en particular sobre el tejido social. El Gobierno está en la obligación de comprender que la emergencia que atraviesan millones de personas no puede esperar hasta el 10 de diciembre. Solo este año están cayendo en la pobreza más de 2 millones de argentinos y, de ellos, más de 500 mil en la indigencia. Se necesita una respuesta contundente que detenga el hundimiento y empiece a generar escenarios de recuperación. Así como Mauricio Macri dijo que cuenta los días hasta las elecciones, hay 130 mil hogares que sufren en este momento el descenso a la indigencia y necesitan respuestas inmediatas, de subsistencia, no en el larguísimo plazo de tres meses.

Las cifras de pobreza e indigencia mencionadas corresponden a los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec en la Encuesta Permanente de Hogares. Allí vivían 27,6 millones de personas en el segundo semestre de 2017, cuando la indigencia involucraba a 1.323.747 ciudadanos. Un año después, en el segundo semestre de 2018, la población había crecido hasta 27,8 millones de personas, y el número de indigentes a 1.865.867. Es decir, en un año la indigencia aumentó en esos distritos en 542.120 personas. Expresado en tasas, la de indigencia era del 4,8 por ciento en el segundo semestre de 2017 y, un año más tarde, del 6,7 por ciento. Es decir, un aumento de la indigencia de 1,9 puntos porcentuales.

Ese incremento se dio a la par de un alza en la inflación del 47,6 por ciento en 2018. Este año será más alta, del 55 por ciento como piso, de acuerdo a los nuevos cálculos de los economistas encuestados por el Banco Central (REM). En consecuencia, la tasa de pobreza escalará hasta el 39 o 40 por ciento a fin de año, y la de indigencia, al 9 o 10 por ciento. Eso arroja como balance un incremento de unos 10 puntos porcentuales en la pobreza y unos 5 puntos en la indigencia respecto de los niveles de 2015. A esos resultados se llegó por la vía del ajuste fiscal, con el plan déficit cero como delirio culminante, igual que en 2001 con Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo. Es urgente para que el país se aleje del riesgo de terminar como entonces que el Gobierno rompa con esa lógica y empiece a mitigar las heridas que tanto dolor provocan en la sociedad. Los problemas no se resolvieron con el recorte del gasto público, se hicieron más agudos. Es una obviedad que achicar el gasto en medio de una recesión es procíclico, aunque supuestos gurúes financieros lo sigan ignorando para naturalizar la miseria y esconder la inequidad social.

Las imágenes de esta semana en el acampe en la 9 de Julio fueron demoledoras, como las que se ven a diario en las calles de todo el país. Con frío, hambre, sufrimiento. Mujeres y chicos en cantidad. Millones de personas con privaciones de las más básicas, en una Argentina cada vez más atrasada e injusta. En el relato del Gobierno todas esas personas son tratadas como daños colaterales. El secretario de Cultura, Pablo Avelluto, directamente cree que se expone su tragedia como un slogan de campaña. Considera que el Gobierno hace lo que debe y que los pobres e indigentes no deben ni chistar. Por algo Cambiemos termina como termina.

Suponer en este contexto que Macri tenga posibilidades de alcanzar un balotaje parece estrafalario. Con una descarga de más de 10 puntos de inflación entre las PASO y los comicios de octubre, más bien asoma un crecimiento de la diferencia a favor del Frente de Todos. Por lo tanto, cuando asuma Alberto Fernández, si las urnas efectivamente confirman lo que sugiere el sentido común, lo primero que deberá hacer es disponer rápidos aumentos de ingresos reales de trabajadores, jubilados y titulares de asignaciones. Sus economistas deberán buscar la forma, pero la urgencia social no tolera más demoras. La economía productiva también lo necesita. No se saldrá de la crisis con menos gasto, menos salarios y menos consumo. Es el camino que probó Macri y los resultados no podrían ser peores.

La crisis no va por ahí sino por la insuficiencia relativa de divisas para abastecer las distintas necesidades de la economía. En otras palabras, faltan dólares para cubrir las importaciones, los pagos de deuda, el atesoramiento y los gastos en turismo en el exterior, entre los principales factores para los que se requiere moneda extranjera. Cubrir el déficit fiscal, que es en pesos, con deuda en dólares no tiene razón de ser, como lo explicó desde el primer día Claudio Scaletta en este diario. Tampoco tiene sentido caer en default con instrumentos en pesos, porque la Argentina emite pesos. Si el Gobierno postergó los pagos de esos compromisos es porque no quería que los pesos fueran utilizados por los ahorristas para comprar más dólares, que es lo que realmente falta.

Macri nunca resolvió la insuficiencia de dólares que heredó del kirchnerismo. Solo la tapó con deuda, primero con un festival de bonos entre inversores privados, y luego con el FMI, cuando Wall Street le cerró la puerta al financiamiento en moneda dura. Ese es el problema. No el gasto público. Algunos economistas sostienen que el déficit fiscal fue el responsable del endeudamiento, cuando en rigor, como se señaló más arriba, ese desfasaje podía ser saldado con instrumentos en moneda nacional o emisión monetaria. En todo caso, según los monetaristas, habría más inflación. Pero no el descalabro devaluatorio que sacude al país desde hace un año y medio.

Por otra parte, la inflación tampoco bajó con el ajuste fiscal y el torniquete monetario. Los precios se dispararon al peor nivel en casi tres décadas cuando el recorte de gastos fue más duro y el Banco Central instrumentó el plan emisión cero.

En cambio, esa política lo que sí provocó fue una disparada de la pobreza y la indigencia. La primera subió de 25,7 a 32,0 por ciento entre el segundo semestre de 2017 e igual período de 2018. Eso equivale a 1.846.828 nuevos pobres, al pasar la cantidad de afectados en los 31 aglomerados que mide el Indec de 7.079.764 en 2017 a 8.926.592 en 2018. En este 2019, con una crisis más profunda que el año anterior, el número se estirará en otros 2 millones de personas. Hay que aumentar el gasto público para rescatarlos, no abandonarlos a su suerte. En todo caso habrá que buscar la forma de financiarlo, y poner en discusión la distribución del ingreso nacional. Intentar hacerlo de otro modo es una condena para los excluidos y un fracaso para toda la sociedad.