El decreto del Gobierno que modificó la Ley de Residuos Peligrosos dejó a la vista un problema de fondo: qué hacen los países para gestionar su basura. La modificación que flexibiliza los requisitos para importar residuos generó la reacción de organizaciones ambientalistas y cooperativas de cartoneros por las consecuencias que podría traer aparejada, entre ellas el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos, dado que la nueva normativa no exige el certificado de inocuidad del país emisor, y que perjudique seriamente a la única cadena de reciclado que existe en los centros urbanos, los cartoneros. La pregunta que se hacen los especialistas parece obvia: “¿De verdad vamos a pagar por la basura cuando acá enterramos la nuestra?”

Según el último informe del Estado del Ambiente, actualizado en 2017, en Argentina se genera un promedio de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que equivale a una tonelada de basura cada dos segundos. De acuerdo a los datos brindados por el Ceamse, que sólo opera a la zona metropolitana de Buenos Aires, el 40 por ciento de los residuos corresponde a material orgánico; el 14 por ciento, a papel y cartón; y el 13 por ciento son plásticos. El resto de los materiales son vidrio, residuos textiles y metales, entre otros. Todos materiales que podrían ser parte de los llamados residuos reciclados.

Para los que siguen de cerca la legislación ambiental el decreto cayó como un balde de agua fría. “Inaudito”, fue la palabra que usaron para describirlo. Tanto desde Greenpeace como desde la Asociación de Abogados Ambientalistas no tienen dudas de que la modificación significa, de manera solapada, una flexibilización de los requisitos para poder ingresar residuos.

Qué dice el decreto

El decreto 591/2019 -publicado en el Boletín Oficial el 26 de agosto con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Dante Sica- modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos. El objetivo de la nueva norma es permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.

La modificación más importante radica en que el decreto anterior exigía de manera taxativa un “certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen”. Sin el certificado de inocuidad quedaba totalmente prohibido el ingreso de cualquier tipo de desechos “procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios”.

Ahora serían el Ministerio de Producción y el rebajado Ministerio de Ambiente –convertido en Secretaria- quienes supervisarían que los residuos cumplan con la legislación vigente, o sea que no sean peligrosos, y que “no generen impactos adversos para el ambiente o la salud”. La crítica radica en que esas consideración se harían una vez recibidos en suelo argentino.

“El decreto es inaudito por varias razones. La primera es que flexibiliza los requisitos al quitar el certificado de inocuidad, algo que se considera una regresión en materia de derecho ambiental y por eso decimos que es inconstitucional. En segundo lugar, abre la puerta a que pueda entrar cualquier tipo de basura y esto no es una especulación basada en la nada. Es lo que vemos que pasó sistemáticamente en los países receptores de ese tipo de residuos como China”, explicó Leonel Mingo, uno de los coordinadores de Greenpeace Argentina.

Según Mingo, las potencias centrales como Estados Unidos y otros países europeos buscan introducir sus residuos en nuevos mercados, casi siempre países en vía de desarrollo. Y para esto usan todo tipo de eufemismos, incluso los que hicieron propios los ambientalistas para dejar de ver la basura como un residuo y pasar a considerarla un recurso.

“No hay que perderse en el juego de palabras que hicieron en el decreto. Los defensores ambientales decimos que hay que dejar de ver a la basura como tal y entenderla como recursos. El Gobierno tomó ese concepto y lo distorsionó”, lanzó el ambientalista y explicó: “Acá los rellenos sanitarios están colapsados, hay basurales a cielo abierto a lo largo del país… la basura sobra, no hay que gastar millones para importarla”. Este es el tercer punto sobre el que reflexiona Mingo; la decisión de traer de afuera lo que acá no se trata.

La respuesta del Gobierno frente a las críticas

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salió a responder las críticas. Según Sergio Bergman desde ningún punto de vista el decreto modifica los estándares de importación de residuos. “No se va a importar basura sino solamente residuos que pueden ser utilizados como insumos en la economía circular”, aclaró en diálogo con radio Con Vos.

Con economía circular, Bergman se refiere a residuos que “antes se descartaban y ahora se reutilizan” en diferentes procesos productivos. “No es cierto que se va a habilitar la importación irrestricta de residuos”, volvió a remarcar el funcionario que fue criticado en varias oportunidades por su posición frente a temas ambientales. Según Bergman, si los residuos tienen “la validación de que la industria nacional lo requiera, que haya un mercado específico, que esté regulado y que seamos las autoridades ambientales del país y no del otro país los que certifiquemos que eso forma parte de una economía virtuosa” entonces sí podrá ingresar.

Para el representante de Greenpeace, la propuesta del Gobierno debería ser la inversa. Invertir el dinero en mejorar la infraestructura de los recicladores urbanos, los cartoneros, y extender la recuperación de residuos a todos los distritos donde aún no hay nada. “Me consta que los recicladores trabajan por debajo de su capacidad operativa, es una lástima, porque esos residuos que se quieren importar nosotros los estamos enterrando”, agregó.

Sobre el certificado de inocuidad que ya no será requisito, algo sobre lo que el Gobierno resta importancia porque dice que serán las autoridades locales las encargadas de controlar que los residuos no sean peligrosos, los especialistas aclaran que la intervención local “será la de supervisar”, que no es lo mismo. “Estados Unidos podría mandar algo contaminado. En la aduana lo detectan y lo quieren devolver, ellos bajo ningún punto de vista lo van a recibir de vuelta. Por eso era importante que el certificado sea previo al envío”, opinó Mingo.

Qué pasa con la basura en Argentina

El informe Estado del Ambiente, que elabora la Secretaría de Ambiente, reconoce que en materia de residuos potencialmente reciclables “hay pocos municipios en Argentina con plantas de separación y reciclaje”. Como ejemplo, la Secretaría brinda algunos datos: en 2016 se reciclaron sólo 200.000 toneladas de plástico sobre 1.700.000 toneladas disponibles. Algo similar ocurre con los neumáticos fuera de uso. De las 135.000 toneladas de cubiertas descartadas por año, sólo el 10 por ciento es triturada para reutilizar, lo que se conoce como material granulado.

La Secretaria reconoció también que el país aún tiene “graves problemas ambientales” en materia de saneamiento. Según el informe, existen unos 5.000 basurales irregulares a cielo abierto, que ocupan unas 8.600 hectáreas.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que fijó mediante una ley metas concretas para reducir de manera progresiva la cantidad de basura que envía a los rellenos sanitarios. La ley de Basura Cero, sancionada en 2005, planteó un cronograma “de reducción progresiva de la disposiciones final de los residuos sólidos urbanos”. Según estos objetivos, en 2010 la ciudad debería haber enviado al Ceamse un 30 por ciento menos de basura; en 2012, un 50 por ciento menos y en 2017, un 75 por ciento. Metas que no se cumplieron.

Según denunció Greenpeace, en 2017 la Ciudad logró reducir sus residuos apenas un 26 por ciento en comparación con la cantidad de basura enviada durante 2004, número que no alcanzaba para cumplir ni la primera de las metas. El año pasado, el oficialismo porteño impulsó la modificación de la ley y extendió los plazos. Ahora el objetivo es reducir un 50 por ciento los desechos depositados en los rellenos sanitarios para el 2021 y un 80 por ciento para el 2030.

“La gestión de basura se sigue manejando igual desde hace treinta años. La Ciudad de Buenos Aires es la única que tiene una ley específica y se incumple sistemáticamente desde su sanción”, agregó el representante de Greenpeace, quien sostuvo que no existe una política "seria" a nivel nacional para impulsar el reciclado. Lo único que existen hoy en día, dice, son los cartoneros. “Si sabés que la mayor parte de los residuos pueden ser reciclados, que hay una industria que los demanda, que hay gente dispuesta a separarlos con sus manos por qué no les damos más herramientas en vez de traer basura de afuera”, volvió a plantear Mingo.

Los envíos de basura en el mundo

Según una investigación del diario británico The Guardian, la mitad del plástico reciclado de Estado Unidos en 2015 fue a parar a China y Hong Kong. El problema fue que gran parte de lo enviado estaba contaminado y no podía ser reutilizado por lo que los países receptores tenían que descartarlo como basura. Por la presión social, en 2017 China restringió la importación de casi todos los plásticos.

De acuerdo con los datos incorporados al informe, Estados Unidos genera más de 34 millones de toneladas de residuos plásticos por año. El cierre de la frontera de China hizo que la administración de Donald Trump tuviera que buscar nuevos destinos para su basura. Primero fueron Vietnam, Malasia y Tailandia; después los envíos de residuos se extendieron también a Camboya, Laos, Ghana, Etiopía y Kenia, entre otros.

The Guardian confirmó que el año pasado Estados Unidos envió, en total, unos 68.000 contenedores con plásticos a países en vías de desarrollo, algunos de ellos los más pobres del mundo. De acuerdo a la investigación, Ecuador sería el único país latinoamericano que forma parte de esa lista.

Qué dice la Constitución

Tanto las organizaciones ambientalistas como las cooperativas de cartoneros estudian presentar algún recurso judicial para frenar el decreto. Aluden que la modificación es regresiva en materia de derecho ambiental y que hasta contradice el artículo 41 de la Constitución, que garantiza el derecho a un “ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, mismo compromiso que se mantiene con las generaciones futuras.

El mismo artículo incluye una aclaración en cuanto a la importación de basura. “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”, aclara. Los ambientalistas consideran este apartado como un logro de la lucha por los derechos ambientales en Argentina.

“No tengo dudas de que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país”, aclaró Enrique Viale, titular de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Según explicó el abogado, el decreto viola los principios de no regresión ambiental y el de progresividad, que significa que debe “legislarse hacia adelante”.