Las autoridades mexicanas temen que surjan campos de refugiados en su frontera con Estados Unidos, después de las nuevas medidas de control de migraciones impulsadas por el presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones masivas y permitir las expulsiones a México de ciudadanos extranjeros. Los funcionarios mexicanos y los pobladores locales advirtieron recientemente sus dificultades para atender a los miles de extranjeros expulsados en una zona atravesada por los cárteles y el narcotráfico.

Hasta la asunción de Trump, cada ciudadano extranjero expulsado era extraditado a su país de origen. Sin embargo, a partir del cambio significativo de los últimos días en la política del Departamento de Seguridad Nacional, las personas indocumentadas están siendo expulsadas al otro lado de la frontera mientras sus peticiones de asilo o los trámites de residencia se estudian en Estados Unidos.

Aunque el futuro de la nueva política de la Casa Blanca hacia los inmigrantes es incierto, los memorándums conocidos el lunes pasado en Washington contemplan una revisión integral de las ayudas de Estados Unidos hacia su país vecino, que la administración Trump podría destinar a completar el muro de su larga frontera con México y a asistir a los ciudadanos de otras nacionalidades expulsados al otro lado de la frontera, bajo la misma modalidad en que funcionan los campos de refugiados sirios en Turquía, que reciben dinero de la Unión Europea a cambio de la contención de los migrantes.

El gobierno de México no reaccionó todavía a la revisión de las directrices migratorias del gobierno de Trump, pero el nuevo embajador del país en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, expresó que “son motivo de preocupación para la Cancillería, para el gobierno y para todos los mexicanos”.

Al menos 11 ciudades fronterizas sufrieron ya un crecimiento acelerado de la población con la llegada de los migrantes expulsados de Estados Unidos entre 2010 y 2015, según un informe de la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social de México (CCIS), que advirtió un cambio significativo de su dinámica social y demográfica, un fenómeno que podría  profundizarse con las deportaciones expeditivas de Trump.

“Estamos hablando potencialmente de centenares de miles de personas”, dijo en ese sentido Alejandro Hope, un analista de seguridad desde la Ciudad de México. “Vea el caso de los haitianos en Tijuana. Cuántos serán, ¿siete u ocho mil? Y la situación ya está desbordada”. “Ahora imagine una situación 10 o 15 veces más grande que eso. No hay recursos para recibirlos”, agregó Hope.

Por su parte, Patrick Murphy, el sacerdote que gestiona el albergue “Casa del Migrante”, alertó sobre la situación. ”No lo permitiremos”, enfatizó. Él trabaja en un refugio clave para las personas indocumentadas, donde viven 55 haitianos, similar a otros sitios creados por grupos católicos para albergar a los extranjeros que esperaban obtener asilo en EE.UU. pero tuvieron que quedarse en diferentes ciudades fronterizas tras la asunción de Trump.

Amnistía Internacional fue el primero en alertar lo que sucedería, en enero, apenas comenzó la administración del republicano. “No dejaremos que el presidente Donald Trump cree campos de refugiados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como aquellos que hemos visto en Grecia, Australia y otros países”, alertó en su momento, antes de que se conocieran las últimas normativas migratorias que harán realidad las peores predicciones.