Fiscalía pide 20 años de prisión para el prefecto acusado por el crimen de Maximiliano Zamudio, el chico de 16 años que fue atacado en barrio Tablada, en mayo de 2015. Los querellantes, en tanto, presentaron una disconformidad parcial a la presentación de la fiscal Karina Bartocci, porque no pidió la prisión preventiva y el acusado, Ariel Condori -que reside en otra provincia- sigue libre pese a que ahora está "más comprometido". Al mismo tiempo, adelantaron que como representantes de la familia del pibe pedirán una pena más alta cuando sea su turno de presentar acusación, previa al juicio oral y público, ya que insistirán con el agravante por ser funcionario público.

La causa contra el prefecto Condori logró salir dos veces del archivo fiscal, gracias a la movilización de las organizaciones contra el gatillo fácil que acompañaron el reclamo de María, la madre del chico; y de los abogados que insistieron con recursos en Tribunales.

Sin embargo, cada paso llevó su tiempo. El pedido de pena y de audiencia preliminar llegó semanas después de que la familia de la víctima presentara un reclamo por escrito a la Fiscalía, con carácter de "urgente". Los querellantes aseguran que se trata de un caso de violencia institucional.

A lo largo del periplo judicial, el acusado -que estaba de civil la noche del hecho- justificó que actuó en legítima defensa ante un hecho de robo. Con esa versión, la causa tuvo varias idas y vueltas, y fue archivada por otros dos fiscales. Es que los testigos aseguran que Maxi estaba solo y desarmado. También apuntaron a que el prefecto "lo remató", cuando se bajó del auto. En su momento, al menos dos testigos indicaron que vieron cómo el imputado llamó a Maxi desde adentro del vehículo, que intercambiaron algunas palabras y cuando Maxi se alejó recibió el primer disparo. Caído, el prefecto bajó y le disparó de nuevo, según esa versión.

Tras el segundo desarchivo, en diciembre pasado, la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional, que estaba a cargo de Bartocci, imputó a Condori. En marzo de este año, la causa estaba encaminada hacia el juicio oral y público, pero pasada la feria de invierno no se presentaba la acusación por el delito de homicidio con empleo de arma de fuego, que finalmente se presentó días atrás, luego de que los abogados de la familia hablaran de una causa "en una situación de incertidumbre y paralizada".

Pese a ello, la preocupación radica en que no se pidió le prisión preventiva. "La causa venía de dos archivos, pero ahora, considerando la gravedad de los hechos, la posibilidad que tiene de evadirse, el hecho de que tenga domicilio en una provincia del norte y siendo miembro de una fuerza de seguridad con alta probabilidad de una condena, contribuye a que debe pedirse la prisión preventiva y que espere el juicio detenido para asegurar el proceso", dijo el abogado Guillermo Campana -querellante junto a Salvador Vera y Nicolas Vallet- sobre la posibilidad de que se realice otra audiencia para discutir ese punto.

Y agregó: "La acusación que hagamos luego será en el mismo sentido que la de la Fiscalía, pero el pedido de pena será más alto porque nos parece un hecho muy grave que no cometió un particular, sino un miembro de la fuerza de seguridad, que hizo todo lo contrario a lo que debía hacer. Suponiendo que era víctima de un robo pudo emplear un medio menos letal, incluso después de un primer disparo, pero siguió tirando. Además se resistió a la detención cuando llegó la policía aquel día. Es una ejecución de un chico que tenía 16 años", recordó Campana.

La noche del 27 de mayo de 2015, Condori se encontraba a bordo de un Ford color blanco, a las 22.50. En la calle Patricias Argentinas al 4350 -entre Ameghino y Uriburu-, Zamudio se acercó al automóvil y luego de intercambiar unas palabras con el acusado, éste disparó tres veces con su arma particular.

 

Además de los 20 años de prisión, la fiscal pidió 10 de inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones.