La extrema situación política, económica y social por la que atraviesa la provincia de Chubut no es nueva ni se generó a partir del resultado electoral que le permitió a Mariano Arcioni, aliado de Sergio Massa, revalidar su título de gobernador. Este complejo escenario posee como génesis las decisiones políticas adoptadas por la propia administración provincial y otras impuestas por la Alianza Cambiemos.

Les trabajadores estatales que decidieron cortar la Ruta Nacional 3 en defensa de sus fuentes laborales y el pago de sus salarios son quienes también llevaron adelante un acampe de 180 días en 2018 para frenar un decreto de Arcioni que proponía un brutal ajuste. Ese decreto fue parte de la “buena letra” que pretendió llevar adelante la provincia luego de ratificar el Pacto Fiscal impuesto por Nación.

El ministro coordinador Federico Massoni sostiene que “tiene el diálogo abierto con todos los gremios”, sin embargo planteó que “no son épocas para tibios” al mismo tiempo que permitió que una patota, en nombre de “los petroleros”, avanzara a los golpes contra quienes estaban sobre la ruta. Desde los gremios sostienen que “esto se resuelve con decisiones políticas concretas” que por el momento no aparecen.

Este contexto conjuga uno de los niveles de endeudamiento más grandes del país; la destrucción de más de 6 mil puestos de trabajo productivos (en la construcción, hidrocarburos, comercio al por menor, industria manufacturera, servicios empresariales); un incremento exponencial de la pobreza en Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew (36 mil nuevas personas en 2018 en comparación con el año anterior) y la aplicación de la flexibilización laboral en el sector de los hidrocarburos, con el guiño del Sindicato de Petroleros Privados, a cargo de Jorge “Loma” Ávila.

El día de las elecciones provinciales, varios medios de comunicación, entre ellos PáginaI12, le preguntaron a Arcioni por los niveles de deuda de la provincia. “Yo no me he endeudado y estamos pagando todo lo que debemos”, respondía el electo gobernador. Para 2019, la provincia tenía aprobado por presupuesto un endeudamiento de 2250 millones de pesos.

Chubut fue una de las primeras jurisdicciones que se endeudó en dólares luego de que el gobierno nacional dispusiera el pago a los fondos buitres. Entre mayo y junio de 2016 emitió 700 millones de dólares con una tasa promedio de 7,75 por ciento a pagar en diez años. Por entonces, el gobernador era Mario Das Neves, secundado por Arcioni en la vicegobernación.

La estrategia de la Alianza Cambiemos había sido permitirles a las provincias tomar deuda en moneda norteamericana para cubrir las obras públicas que Nación dejaría de financiar. Pero la deuda fue un verdadero salvavidas de plomo para las provincias.

En diciembre de 2015, el stock de pasivos de Chubut, según datos de la Subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, era de 7427 millones de pesos, mientras que para el primer trimestre de este año ya llegaba a los 40.518 millones de pesos, es decir un incremento del 445 por ciento. El 88 por ciento de esta deuda está nominada en dólares.

Según el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1220 millones de dólares hasta 2028. Las dificultades financieras de hoy son el pago de intereses por los próximos diez años.

¿Petroleros vs. estatales?

Según Massoni, la empresa YPF tuvo que dejar 22 equipos en stand by por el reclamo de los estatales en la ruta; esta situación habría perjudicado a la provincia por los menores niveles de producción, por ende, una disminución en las regalías.

Sin embargo, los inconvenientes en el sector petrolero no son nuevos y explican, en parte, algo del actual contexto: desde 2016 las operadoras recortaron fuertemente sus inversiones, hubo cientos de despidos y se aplicó un programa de flexibilización laboral.

La petrolera de bandera nacional recortó sus niveles de inversión en un 55 por ciento entre 2015 y 2018, según las declaraciones juradas de la compañía presentadas ante la Secretaría de Energía. En 2015 sus inversiones fueron de 430 millones de dólares, mientras que el año pasado (último dato consolidado) fueron 195 millones.

La disminución de la inversión –algo transversal a todas las operadoras- tuvo como consecuencia directa el despido de trabajadores del sector. Según el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, desde la asunción de la Alianza Cambiemos hasta diciembre de 2018 se destruyeron 2015 puestos directos en el sector petrolero.

La destrucción del empleo fue la puerta de entrada para el disciplinamiento vía una adenda a los convenios colectivos de trabajo, situación que fue avalada por las autoridades locales y el titular del gremio Jorge “Loma” Ávila, uno de los sostenes sindicales de Arcioni.

A la desinversión mencionada se le sumó el recorte de la obra pública dispuesta por Nación: en la construcción se destruyeron 2300 puestos de trabajo; mientras que, en los comercios al por menor, la pérdida fue de casi mil puestos. En todo el período analizado, en Chubut se destruyeron más de 6400 empleos directos.

Massoni apuntó que los problemas de la provincia arrancaron luego de las elecciones de junio, cuando Arcioni festejó su reelección junto a Sergio Massa. “Esa foto tuvo una reacción política inmediata: el gobierno nacional comenzó a descontar 800 millones de pesos mensuales de la coparticipación”, sostuvo el ministro coordinador.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, en junio la provincia recibió 2356,6 millones de pesos de coparticipación mientras que en agosto fueron 2205 millones, una diferencia de 151 millones. Sin embargo, la reducción no fue solamente hacia Chubut sino que se sintió en todas las provincias del país.

El gobierno nacional afectará a Chubut –como al resto de las jurisdicciones- con los cambios introducidos por DNU en Ganancias, Monotributo e IVA. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Chubut dejará de recibir 522 millones de pesos hasta diciembre de este año. Esto solamente agravará los problemas –políticos, económicos y sociales- que Arcioni heredó de su propia gestión.

En todo este derrotero, les trabajadores del Estado pudieron resistir los despidos; Arcioni había firmado el Decreto 184/18 que eliminaba los cargos de asesores, se suspendía el pago de horas extras, se eliminaban las horas cátedra, y todo tipo de subsidios para proyectos sociales. Luego de 180 días de acampe en Rawson, el gobernador tuvo que dar marcha atrás con esta medida que había sido impuesta en el marco del Pacto Fiscal elaborado por Nación. El actual conflicto es una continuación del vivido en 2018.