En un debate organizado por la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF, distintos especialistas en infancia y adolescencia coincidieron en resaltar “el poco respeto por los derechos de los adolescentes” y señalaron que el Estado debería promover sus derechos y su inserción social en lugar de actuar como un "Estado represivo".
El asesinato del joven Brian Aguinaco a fines de diciembre pasado revivió el debate por el delito juvenil y la seguridad. En enero el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, adelantó que el Gobierno pretendía discutir un nuevo régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad, que actualmente está fijada en los 16 años, pero ante las críticas que despertó la iniciativa oficial poco después el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, anunció que el debate se postergaría para después de de las elecciones legislativas, “para evitar" especulaciones políticas, aunque los argumentos a favor de las políticas de mano dura ya se habían reinstalado en los medios hegemónicos, generando "una visión superficial y estigmatizante de los adolescentes de los sectores populares”.
Florence Bauer (Representante de UNICEF- Argentina); Mary Beloff (jurista y profesora de derecho penal-UBA); Verónica Cruz (prosecretaria académica de Derechos Humanos-UNLP); el sacerdote Pepe Di Paola (Comisión de adicciones- Episcopado) y Norberto Liwski presentaron distintos análisis que demuestran que la condena a los menores de 18 años había disminuido de 4,2 en 2010 a 3,5 en 2015.
“El arma en la mano de un chico la pone un adulto, con la complicidad o la dejadez del Estado. No es un problema de los niños sino de los adultos”, afirmó Di Paola, integrante del grupo de curas villeros. Durante la jornada, los participantes remarcaron la importancia del cumplimiento de la legislación nacional e internacional de protección integral de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población.
Según las estadísticas, el 35,2 por ciento de los adolescentes judicializados que no tienen estudios o tienen estudios primarios incompletos y el 35 por ciento que sólo terminó la primaria demuestran la ausencia del Estado y la falta de cobertura educativa de los grupos más vulnerables, que luego es reemplazado por un Estado punitivo y represor.
“Se debe ir a una política más preventiva. La privación de libertad no funciona, porque el chico va a estar en contacto con otros que cometieron delitos. Se habla de la escuela del crimen y eso es real,” afirmó Bauer, quien citó experiencias internacionales, como la de Dinamarca, en la que se bajó la edad de imputabilidad y luego se la volvió a subir porque no había obtenido resultados positivos.
Norberto Liwski, por su parte, remarcó que la baja de la edad de imputabilidad fue rechazada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y alentó la participación del mundo académico en la investigación y construcción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como estandarte ético. “El ministro de Justicia dijo que el 10 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, solo el 3,5 por ciento de los delitos son cometidos por menores. Además, los datos del Ministerio de Justicia provincial revelan que está bajando el índice de delitos cometidos por menores”, agregó Liwski.
