Los diputados del grueso de los bloques opositores terminaron de pulir y unificar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002 y que llevarán al recinto de la Cámara baja este jueves al mediodía, ante la negativa del Gobierno de implementarla por decreto. El texto del proyecto propone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley. En Cambiemos, “esperaban conocer el proyecto” para tomar postura, aunque entre sus legisladores primaba la idea de “no obstaculizar” la iniciativa “si la oposición logra el quórum”. De todas maneras, este martes habrá una reunión de la mesa chica del interbloque oficialista para definir la estrategia.

El proyecto que logró unificar el grueso del arco opositor lleva las firmas de los jefes de las bancadas del FpV-PJ, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, el interbloque de Red por Argentina, que encabeza Felipe Solá, junto al Movimiento Evita y Somos de Victoria Donda, además de partidos provinciales como el PJ puntano, entre otros.

Sin embargo, no estamparon sus firmas el bloque de Consenso Federal, que encabeza Graciela Camaño, ni los diputados del FIT. No obstante, desde los bloques que rubricaron el proyecto afirman que ambos sectores serán de la partida en la sesión especial que, en principio, sería este jueves a las 11. Consenso Federal iría al recinto con el proyecto propio, que impulsó su candidato presidencial, Roberto Lavagna, mientras el FIT reclama la incorporación de otras medidas, como la prohibición de despidos y suspensiones, así como aumento a los jubilados y pensionados.

“Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional”, dice el artículo 2 del texto presentado este lunes en Diputados. La ley citada (también de 2002) está destinada “a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza”, con orientación a grupos con protección especial: “mujeres, personas en situación de pobreza y con capacidades diferentes”.

“Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”, propone la iniciativa, al tiempo que “da facultades delegativas al jefe de Gabinete para que pueda llevar acabo lo que indica la ley”, con la reasignación de partidas presupuestarias. También indica a partir del 1 de enero de 2020 la actualización de dicho rubro cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica de alimentos.

“No es lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes de parte del Estado. La alimentación y la nutrición son derechos humanos fundamentales que facilitan el acceso a otros derechos humanos”, dicen los fundamentos del proyecto.

“El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial”, advirtió Leonardo Grosso, del ME, y agregó que “la oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente”.

“De acuerdo con datos de la ONU, ya a fines de 2018 había 14 millones de argentinos que no podían asegurar su alimentación --planteó la diputada Fernanda Vallejos (FpV-PJ)--. Después de la última devaluación, podemos estar seguros que hoy la situación es aún más grave. Por eso, venimos pidiéndole al Gobierno que se ocupe de este tema, porque es central. Y aún más grave entre los niños.”