Aunque la Justicia la absolvió por el beneficio de la duda, el Ministerio de Seguridad provincial dictó una sanción "grave" contra la oficial y madre del joven que provocó el siniestro vial en el que murieron Facundo Aguirre y Emiliano Cáceres, en 2014, acusada de manipular pruebas. Se trata de Sonia Gómez, la agente policial -ya jubilada- que fue imputada tras la tragedia vial que en esos días conmovió a la ciudad, y por el que su hijo, Federico, fue condenado a 3 años de prisión condicional. Para las madres de las víctimas, que fueron acompañadas por la concejala María Eugenia Schmuck, se trata de "una deuda saldada" con sus hijos. Desde la ONG Compromiso Vial lamentaron que la Justicia no diera respuestas.

Quien dio detalles de la sanción administrativa fue el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reinero. "Nos tocó trabajar este caso desde el inicio de la gestión, en 2015, en lo administrativo", empezó. Según indicó el funcionario, la sanción está contemplada en la ley 12.521 de Personal Policial. "Entre otras cosas, tiene que ver con la cuestión disciplinaria, algo que venimos trabajando mucho. Una vez que pasó el tiempo y se llegó a la resolución penal -la absolución de la oficial-, que no fue la esperada; sí hubo una interpretación de asesoría letrada de la URII y del Ministerio acerca de una falta autónoma. Es una falta administrativa más allá de la resolución penal. En lo administrativo, (lo que hizo) tenía que ver con una falta grave. Así, se definió -en el área legal de la URII- una suspensión de empleo". Se trata de la instancia previa a una destitución. "Si la sanción penal hubiera sido distinta tal vez se hubiera avanzado en la destitución", indicaron. En el caso, la acusada está jubilada, pero ya no podrá reclamar la restitución de haberes retenidos (25%) cuando estuvo en disponibilidad, durante la investigación penal.

"Incumplió y eso queda en su legajo. Uno de los elementos claves es que no tenía ninguna orden, porque no estaba en funciones, para participar de los trabajos después del hecho", aseguró Reinero.

La acusada está jubilada, pero ya no podrá reclamar la restitución de haberes retenidos (25%) cuando estuvo en disponibilidad.

En la causa hubo dos instancias judiciales: la del siniestro, en la que fue juzgado Federico Gómez; y la que investigó el accionar de su madre, policía, tras el choque del 22 de febrero de 2014, en Provincias Unidas y Pellegrini. "Es cerrar una etapa muy dolosa, larga e intensa; pero la concluimos habiendo saldado la deuda que teníamos para con nuestros hijos", aseguró Fabiana Ferreyra, madre de Emiliano, quien recordó que tuvieron que convertirse "en investigadoras, para que todo saliera a la luz".

Valeria Stortoz, la mamá de Facundo, sumó: "Esto es un logro para nostras y nuestras familias, que fueron los pilares. Para nosotros es más que importante esta resolución".

En la conferencia donde también estuvieron acompañadas por representantes del Centro Único de Atención a Víctimas, las dos hablaron de la Justicia. "Queremos pedir que no sea tan laxa en las condenas de siniestros viales, porque los muertos de esos casos no son muertos de segunda", dijo Fabiana. Valeria agregó: "La Justicia no nos acompañó y el Ministerio nos ayudó a encontrar esta falta grave que existió desde el primer momento, aunque la Justicia no la haya visto. El delito se cometió. No nos interesa qué pasa con sus haberes; pero es culpable de lo que la acusaron".

Schmuck señaló que "la existencia de una sanción por parte del Estado tiene una implicancia sustancial hacia la restitución de derechos de los familiares de las víctimas, quienes a lo largo de estos años transformaron el dolor el lucha y son grandes referentes de la seguridad vial y el alcohol cero al volante".

Mariana Sena, de Compromiso Vial, agregó que "esto no nos pasa solo a las familias de víctimas viales, sino a todos como sociedad. Es necesario que estas acciones se multipliquen. La gran ausente es la Justicia, nunca toma partido del rol fundamental que tiene que tener en saldar".

Sonia Gómez fue condenada en primera instancia a un año y cuatro meses, pero en marzo de este año fue absuelta en la Cámara Penal, por el beneficio de la duda. Estuvo imputada por violar las restricciones perimetrales en la zona del siniestro, estar dentro de ese área restringida sin autorización, haberse apoderado del automóvil siniestrado, de dos botellas de cerveza que se encontraban en su interior y de la mochila de una de las víctimas.