La Cámara Federal de Casación Penal emitió un claro mensaje de respaldo a los procesos por delitos de lesa humanidad contra ex miembros del Poder Judicial al confirmar por unanimidad las condenas a prisión perpetua de Otilio Roque Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren por su participación en el terrorismo de Estado en Mendoza. “El carácter esencial y necesario de su colaboración se cimenta precisamente en haberles asegurado, desde su posición de magistrados garantes de la legalidad en esa época, impunidad a los operadores del aparato represivo”, escribieron los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hay actualmente 48 ex jueces, fiscales, defensores o secretarios investigados en distintas instancias, de los cuales 35 todavía no recibieron una sentencia.
El fallo de la Sala IV de Casación confirmó las condenas dictadas en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza integrado por Juan Antonio González Macías, Alejandro Piña y Raúl Fourcade en un megaproceso que hermanó en el banquillo a cuatro ex magistrados (también recibió perpetua Luis Francisco Miret, que murió dos meses después) con 34 represores de distintas fuerzas armadas y de seguridad.
“Argentina produce el segundo juicio a un aparato judicial después del famoso juicio a los jueces nazis en Nuremberg. Argentina y su proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad queda en la historia del derecho internacional de los derechos humanos”, celebró Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). “Por si esto fuera poco, hace lugar a los recursos del doctor Dante Vega por el Ministerio Público y el nuestro de la parte querellante y anula absoluciones disponiendo que se revisen y se dicte un nuevo pronunciamiento”, informó. “El fallo toma una enorme relevancia para los casos futuros pero también para el juzgamiento de la responsabilidad civil en la complicidad con el plan criminal”, remarcó Salinas, quien recordó emocionado las denuncias iniciales del abogado Alfredo Guevara Blanco y el apoyo de la ex presidenta del MEDH, Elba Morales, ambos fallecidos.
“El fallo es sumamente importante no sólo porque convalida lo que se probó en la investigación y el juicio, sino porque sienta un precedente para los otros debates contra magistrados en distintos puntos del país”, señaló Vega al diario El Sol. "La tesis que sostuvimos y seguimos manteniendo es que sin la complicidad del aparto judicial no se podrían haber ejecutado los hechos cometidos por militares y policías. Los actores materiales sabían que no iban a ser investigados”, remarcó el fiscal, quien recordó que por razones médicas los tres ex jueces cumplen su condena en prisión domiciliaria.
La jurisdicción de Mendoza, con varios partícipes del terrorismo de Estado en puestos claves del Poder Judicial, fue la que mayor resistencia opuso al avance de las causas tras la anulación de las leyes de impunidad. Las condenas que confirmó Casación son el resultado de la larga lucha del movimiento de derechos humanos y del trabajo meticuloso de la Procuración General a partir de 2009 con la designación del entonces fiscal general Omar Palermo en la oficina abocada a los crímenes de la dictadura.
Hasta hace una década, desde la Cámara Federal cuyana, la banda que conducían Romano & Miret obstaculizó sistemáticamente las causas, garantizó faltas de mérito y excarcelaciones, al mismo tiempo que querellantes y testigos recibían extrañas amenazas. El juez Walter Bento colaboró rechazando los pedidos de unificar causas. La impunidad comenzó a quebrarse en 2010 cuando Bento delegó la instrucción en el fiscal y lo autorizó a compulsar expedientes que habían estado archivados durante tres décadas. Ese trabajo, más las testimoniales recibidas, derivó en julio de aquel año en la imputación del ex fiscal Romano, el ex defensor Petra y los ex jueces Miret, Carrizo y Gabriel Guzzo, luego excluido del proceso por razones de salud y fallecido.
En paralelo se impulsaron los procesos para destituirlos en el Consejo de la Magistratura. Miret renunció al cargo para evitar el juicio político. Romano, en cambio, luchó por su impunidad utilizando los fueros que impedían detenerlo y el poder acumulado en la Cámara. En 24 de agosto de 2011, luego de que Palermo pidiera la elevación a juicio y cuando el Consejo se aprestaba a tratar su destitución, se tomó un avión rumbo a Chile, donde pidió refugio. La maniobra le permitió ganar tiempo pero fue desbaratada: en 2013 la Corte Suprema de Chile confirmó que nunca fue un “perseguido político” y volvió a cruzar los Andes pero esposado y ya como detenido. En 2014 comenzó el juicio que terminó en las condenas que acaba de confirmar Casación.
