El juez sanlorencino Juan José Tutau elevó a juicio la causa que investiga la desaparición de Paula Perassi. Se trata del cierre de la etapa de pesquisa del expediente, que tiene a nueve personas imputadas (cuatro civiles y cinco policías), y ahora un Juzgado de Sentencia analizará y producirá la prueba recopilada contra los imputados de aborto seguido de muerte y encubrimiento agravado. Si bien los delitos -por ser del viejo sistema penal- corresponden a un juicio escrito, las partes podrían pedir la oralidad. Los abogados de la familia Perassi solicitarán prisión perpetua para cinco de los detenidos: Gabriel Strumia, quien era amante de Paula; su esposa, Roxana Michl; su empleado, Darío Díaz; la sindicada abortera Mirta Ruñisky; y el ex comisario Daniel Puyol (en domiciliaria), porque advierten que no fue un mero encubridor, sino "partícipe necesario" del hecho. Las pruebas son varias comunicaciones con Strumia, a horas de la desaparición de la mujer de 34 años. La teoría de los acusadores es que Paula fue obligada a realizarse un aborto, del que no salió con vida.

A casi dos meses de la presentación de la acusación formal por parte del fiscal Román Moscetta, y de los abogados querellantes Adrián Ruiz y José Ferrara, con una requisitoria de elevación a juicio; Tutau cerró su etapa investigativa y envió la causa a la instancia de sentencia, donde se espera una condena.

Cuando desapareció en septiembre de 2011, Paula estaba embarazada de pocas semanas y la teoría fiscal y de los querellantes es que Strumia, que era su amante, la sacó engañada de su casa para que se realice un aborto, ya que no quería que esa paternidad extramatrimonial le causara problemas.

En la solicitud fiscal, Strumia, su esposa, su chofer y la presunta abortera fueron acusados por el delito de "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad", por lo que están presos. La pena máxima para este delito asciende a 15 años, pero podría llegar a 25 por tratarse de una mujer embarazada y por resultado muerte. La querella pedirá pena perpetua.

Ese mismo pedido hicieron con el comisario que era jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, en aquella época. Los abogados de la familia lo acusaron de "ser partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad agravada". Y según consta en la acusación, "la pena será de prisión o reclusión perpetua". Es que le atribuyeron que actuó "a sabiendas de que Paula Perassi iba a ser privada de su libertad con fines de practicarle un aborto clandestino, haber conectado conjuntamente y previamente con Gabriel Strumia, Antonio Darío Díaz, Roxana Michl y Mirta Dominga Rusñisky, acordando la utilización de una línea telefónica utilizada sólo para perpetrar el ilícito". También le achacaron "brindar apoyo logístico necesario" tanto para "consumar el aborto sin su consentimiento, como para lograr la desaparición del cuerpo".

En tanto, en su presentación, Moscetta sindicó también a otros cuatro policías que encubrieron el hecho, y pidió que sean condenados. Se trata de Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, a quienes les achacó el delito de "encubrimiento agravado por ser funcionarios policiales", y están en prisión domiciliaria.

La causa estuvo más de cinco años en investigación, y tuvo varias idas y vueltas: en septiembre de 2012, el entonces juez Eduardo Filocco, procesó por a Strumia y a Díaz, ambos acusados de haber llevado a Paula a Timbúes contra su voluntad. Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Penal revocó el procesamiento y ambos recuperaron la libertad. Sin detenidos durante un par de años, la Fiscalía elaboró una nueva teoría del caso y en 2015 pidió la detención de las nueve personas sindicadas; pero, Tutau ‑quien ya había tomado la causa‑ ordenó el arresto de todos, menos de Díaz, a pesar de que había sido reconocido por el mozo del bar de Timbúes donde estuvo reunido con Strumia y Paula el día anterior a la desaparición. Más tarde, también fue detenido Díaz.

Según detalló la querella sobre las últimas evidencias colectadas en la causa, hay comunicaciones entre Strumia y Puyol desde el 19 al 22 de septiembre de 2011 (Paula desapareció el 18) desde líneas que no eran las oficiales. Por eso, consideran que Puyol debe ser juzgado como partícipe necesario y no como mero encubridor. "Brinda la logística para que se pueda llevar impunemente adelante el plan criminal", aseguraron. También hablaron de un "delito permanente", tal como lo expresó la Cámara Penal. "Puyol estaba actuando desde los inicios, aún con Paula en vida", aseguraron.