Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Argentina no hay personas que no puedan comer. Y no solo eso, sino que además sostuvo que si existiera gente que, efectivamente, no pudiera comer, “tiene comedores (comunitarios) y una cantidad de lugares adonde ir y no pasar hambre”.
“Yo diría que en la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer”, afirmó la funcionaria en un esfuerzo por encontrar eufemismos sobre la situación crítica que afecta al 35 por ciento de la población que vive debajo de la línea de pobreza producto de las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
Durante una entrevista por Radio La Red, Bullrich esquivó tres veces la pregunta de que si en el país hay personas que pasan hambre. “Hay gente que pasa necesidades”, respondió cada vez. Y la única vez que lo admitió de soslayo, dijo que para eso hay una solución: “Si pasa hambre tiene comedores y una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre”.
Cada vez que a Bullrich se le pidió una posición respecto del hambre de un vasto sector de la población, dijo que el problema tenía una solución: “La enorme red de contención” social que hay en el país y que –aunque no lo aclaró- ni siquiera dependen del gobierno nacional sino de las organizaciones sociales.
La fundamentación de la ministra acerca de quien tenga hambre, vaya a los comedores, podría ser una suerte de remake del viejo apotegma que refiere que trabajo hay, lo que no hay son ganas de trabajar. Algo así como que hambre no hay, lo que no hay son ganas de comer.
Por si quedara alguna duda de su pensamiento, Bullrich hizo una concesión más pero para reforzar su teoría. Dijo que “pueden haber situaciones en que se llegue mejor y otra peor, pero a todos los lugares se llega”. Y además depositó la responsabilidad de la contención social a los intendentes y gobernadores que, según ella, son “los que deben saber cómo está su gente” y “obtener los recursos como para poder alimentar a familias que están pasando una situación de necesidad”.
Con toda esa insólita fundamentación, la ministra rechazó la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de emergencia alimentaria con un argumento particular. Según ella, “ya existe una ley de emergencia alimentaria votada en 2016 por unanimidad, con lo cual el Poder Ejecutivo tiene capacidad de llevar adelante planes alimentarios y políticas de refuerzo”. Por eso, agregó, “volver a votar una ley votada tiene un objetivo político”.
En rigor, lo que ese año se votó por unanimidad es la ley de emergencia social, producto de un largo reclamo de las organizaciones sociales en tiempos en que el Gobierno mantenía diálogo con distintos sectores. Esa norma modificó las partidas presupuestarias para cooperativas y creó dispositivos estatales con participación de las organizaciones, una iniciativa que sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero esa legislación no activa la movilidad de partidas para paliar la necesidad de alimentos en los sectores más vulnerables.
