Por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó ayer un pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri. La iniciativa lleva la firma del jefe del titular del PJ, José Luis Gioja, y se basa en el dictamen de la fiscal de la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Boquín, según el cual el perjuicio para las arcas del Estado tras la condonación de la deuda al grupo Sociedades Macri (Socma) treparía hasta los 70 mil millones de pesos. Los 15 diputados firmantes del pedido de juicio político argumentan que al acordar esa quita con el grupo empresario de su familia, el Presidente vulneró la ley de ética pública e incurrió en los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública. El proyecto generó, a poco de andar, posiciones encontradas al interior del propio peronismo: lo rechazaron el diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, y el jefe del bloque del FpV-PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se sumó a las voces críticas y aprovechó para confrontar con Gioja: “Debo decir que no representa a todo el PJ”, dijo sobre la iniciativa.
El pedido de juicio político contra el Presidente fue presentado ayer y cuenta con la firma de 15 diputados del FpV-PJ. Entre ellas, la del vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Lautaro Gervasoni. Esa comisión está presidida por el macrista Alvaro González, el primer escollo que deberá enfrentar el proyecto para prosperar, lo que a priori parece cuesta arriba. Para ser aprobado, el juicio político necesita el acuerdo de las dos terceras partes de ambas cámaras. Aunque lograra sumar a todos sus diputados, con posiciones encontradas en varios temas, el peronismo no alcanzaría ese número. Una iniciativa similar, presentada por diputados de Cambiemos contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, duerme en los despachos desde hace varios meses. El último juicio político contra un presidente había sido presentado por el ex diputado Carlos Soria a mediados de diciembre de 2001, contra Fernando de la Rúa.
Pese a las dificultades, desde el FpV-PJ sostuvieron ayer que la presentación busca “que se tome real dimensión” sobre el escándalo del Correo Argentino, que según evaluaba uno de los diputados firmantes, “pegó en la línea de flotación del Gobierno y hay una exigencia real de la población de mayores explicaciones”. La firma de Gioja, además de darle volumen político, buscó mostrar un apoyo partidario a la presentación.
El diputado entrerriano Julio Solanas, quien presentó formalmente el escrito, dijo que la motivación fue “haber escuchado a muchos argentinos y argentinas que nos han pedido que hagamos algo ante estos hechos graves”. “Macri está más preocupado y concentrado en llevar adelante un plan de negocios para beneficiar a su familia y amigos, que en llevar adelante un programa de políticas públicas en favor del pueblo”, sostuvo.
En la presentación, los diputados del FpV-PJ sostuvieron que Macri “ha tenido una doble finalidad delictiva: por un lado dañar el patrimonio del Estado Nacional despojándolo, de forma abusiva, de un crédito contra la concursada; como asimismo, procurar un enriquecimiento indebido por parte de Correo Argentino”. Y agregaron, además, una lista de irregularidades como el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar en el blanqueo de capitales; la venta de las acciones de la empresa de vuelos privados MacAir (controlada por Socma) a la colombiana Avianca; la adjudicación al empresario amigo del Presidente, Nicolás Caputo, de una obra civil para la instalación de un reactor nuclear, y la defensa de los negocios inmobiliarios relacionados con el magnate inglés Joe Lewis en El Bolsón, entre otros.
Algunos de los delitos citados en la presentación están siendo investigados por el juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa en la que están imputados, además de Macri, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones y firmante del acuerdo, Juan Mocoroa, y su jefe, el ministro Oscar Aguad, quien al ser interpelado el martes en el Congreso sostuvo que era “muy probable” que el Presidente estuviera al tanto de las negociaciones.
A eso se refirió Bossio ayer al rechazar la iniciativa. “Está actuando la justicia. No creemos que el juicio político sea el camino”, dijo. “Me parece una medida extrema”, coincidió el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, cuyas declaraciones sonaron casi como un apoyo al presidente. “El recurso de un juicio político tiene que tener hechos de una envergadura de alta gravedad”, dijo. “Ante el pedido de juicio político a Macri, siento la obligación de manifestar que quienes lo realizaron no representan a todo el PJ”, sostuvo, por su parte, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para quien la iniciativa “sólo produce daño” al peronismo y lo “aleja de los problemas reales”.
