La comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo no consiguió reunir el quórum para emitir dictamen sobre los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Mauricio Macri. Entre los que debían analizar, estaba el que modificó los feriados nacionales. El oficialismo faltó masivamente a la comisión y consiguió así frenar su funcionamiento.
Los legisladores de Cambiemos pegaron el faltazo con la idea de impedir que se discuta otro DNU, en el cual Macri limitó el ingreso de inmigrantes al país y aceleró los procesos para expulsarlos del país si cometen un delito. El presidente Marcos Cleri había planteado un cuarto intermedio la semana pasada, luego de que ese DNU tuviera un dictamen de rechazo de mayoría. No obstante, el texto no contaba con las nueve firmas reglamentarias, por lo que el dirigente opositor buscaba ayer concretar la firma.
Los legisladores de Cambiemos sacaron cuentas: si pasan 10 días hábiles desde el ingreso al Congreso y no hay una definición, el DNU contra los migrantes queda convalidado. Eso fue lo que obtuvieron ayer con la estrategia de impedir que se reuniera la comisión encargada del control parlamentario de los DNU. El decreto que quedó convalidado permite impedir el ingreso o acelerar la expulsión de migrantes que no tienen una sentencia firme.
La ausencia de los macristas fue pura ganancia para el oficialismo: impidió también poner a la firma los despachos referidos a los DNU que introdujeron
cambios en el calendario de días feriados y para aumentar la distribución del Beneficio Líquido de la Explotación de Casinos. También en el temario estaba el DNU que transfirió al Ministerio de Desarrollo Social casi 3 mil contenedores y más de 900 bultos sin reclamar en la Aduana.
En tanto, Cleri indicó que todavía no ingresó al Congreso el DNU de Macri que modifica disposiciones de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia y que tiene a su cargo la Dirección de Captación de Comunicaciones. Mediante ese decreto convalidó a los jueces que manejan las escuchas, en medio del escándalo por la difusión de conversaciones privadas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. También se difundieron escuchas al presidente de Boca, Daniel “El Tano” Angelici, uno de los hombres cercanos al presidente. La Corte Suprema abrió una investigación para deslindar responsabilidades sobre la entrega de esos audios a medios de comunicación cuya línea editoral es afin al gobierno de Macri.
En el DNU Macri estableció que el organismo que maneja las escuchas judiciales estará integrado por “dos jueces penales con rango de Juez de Cámara”, cuando hasta ahora estaba dirigido por un solo magistrado, Martín Irurzun. Macri dispuso que su designación y la de Javier Leal de Ibarra se podrá mantener, en forma excepcional, por tres años.