El juez Rodolfo Canicoba Corral abrió una investigación sobre las filtraciones de escuchas que se hicieron durante el año pasado sobre los teléfonos del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y que derivaron en la difusión de conversaciones que mantuvo con su número dos, Juan Martín Mena, y con Cristina Fernández de Kirchner. La causa quedó inaugurada ayer con un dictamen del fiscal Federico Delgado que pide precisar qué organismo ejecutó las pinchaduras, qué funcionarios, bajo órdenes de quién, quiénes participaron en la “cadena de custodia” del material, qué mecanismos de seguridad se aplican, y si las interceptaciones algunas fueron parte de una “precausa” (como se llama a las investigaciones que inicia la AFI por su cuenta) que no condujo a ningún resultado por lo que deberían estar destruidas, tal como reveló PáginaI12. Omitir esa destrucción es delito y filtrar el contenido es también violación de secretos. 

Delgado hace en su dictamen una lista de las posibles fuentes de filtración denunciadas por Parrilli y afirma que hoy por hoy “nada se puede descartar”: incluye  a la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, pero en particular -señala– a quienes la dirigen (los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra), el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti como su máxima autoridad, la AFI, el juzgado de Ariel Lijo y el de María Servini de Cubría. “Todo aquel que tuvo acceso a las escuchas potencialmente pudo haberlo filtrado”, dice el texto al que accedió este diario. Pero además, pide verificar todas las “pre causas”, a las que llama “trámites pre judiciales” que tramitaron en Comodoro Py en los últimos meses para determinar si alguna se vincula con el planteo de Parrilli. 

La primera denuncia de Parrilli aludía a conversaciones con CFK que habían sido registradas en una causa a cargo de Lijo donde investiga si el ex funcionario encubrió al narco Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo. Las intervenciones empezaron en junio y terminaron en septiembre del año pasado, pero lo llamativo es que al iniciarse Pérez Corradi ya había sido detenido. Aun así se realizó una escucha directa desde una cabina, con un  agente que oía “online” lo que el ex funcionario hablaba, una medida reservada a los casos donde hay que actuar urgente, como un secuestro. En este caso la hizo personal de la AFI en la dependencia del Poder Judicial. Pero Parrilli amplió su denuncia cuando advirtió que otra de las conversaciones que fueron divulgadas en algunos medios era previa, del mes de abril. Según pudo saber PáginaI12 por funcionarios judiciales, había sido captada en una “precausa” que hizo la AFI cuando asumió Gustavo Arribas con el gobierno de Mauricio Macri, con el supuesto objetivo de determinar si el titular anterior se había llevado documentación. La jueza Servini de Cubría fue quien autorizó la escucha, pero al cabo de cuatro meses archivó el caso porque no veía ningún delito y mandó a destruir todo el material. Sin embargo, como quedó a la vista, ni la AFI ni la Dirección de Captación de la Corte las destruyeron. Igual que las de la causa de Lijo, fueron difundidas por medios afines al Gobierno. Todo se sintetiza en una utilización político-judicial-mediática de las escuchas, con el agravante de que en uno de los casos se usó una “precausa” que es una herramienta controvertida para hacer espionaje. 

La ley de inteligencia, según recuerda Delgado, le permite a la AFI ante sospechas específicas pedirle al juez de turno que intervenga comunicaciones, pero este recurso fue pensado por los legisladores para “permitir que los organismos de inteligencia eviten un atentado y, a la par, que los jueces de la Constitución controlen su trabajo; por eso si la sospecha se confirma el trámite pre judicial se convierte en una causa real y si no se confirma todo se destruye”. “Aquí radica la sospecha de Parrilli”, dice Delgado, “en el uso instrumental de una dispensa legal”. En la fiscalía sostienen que en tribunales debe haber registro de todas las precausas que se hayan recibido, lo que podría resultar una verdadera caja de pandora. Otros funcionarios del fuero federal ponen en duda que haya constancia de todo, tratándose de expedientes que no llegan a serlo en su estricto sentido. 

El dictamen de Delgado afirma que no se les puede preguntar a los medios o periodistas que difundieron el material de dónde lo obtuvo, porque existe una protección constitucional de la fuente. Por eso propone reconstruir “la cadena de custodia de los instrumentos que contenían las conversaciones” porque “en ese recorrido se produjo la filtración”. Requiere que la Dirección de Captación de Comunicaciones identifiquen “a las personas que participaron de la labor encomendada”. “De igual manera se deberá proceder con el personal de la Agencia Federal de Inteligencia” que además deberán informar que recaudos burocráticos o mecanismos de seguridad tienen para evitar filtraciones.

Por último, quiere una copia del sumario administrativo que hizo la Corte Suprema. El máximo tribunal informó como consecuencia de ese sumario que se hizo en 24 horas, que la filtración no fue suya  y le apuntó a la AFI. Lo mismo hizo el juez Lijo. 

En otros expedientes se carga las tintas sobre el contenido de las conversaciones: en uno el fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar, en función de una de las escuchas ordenadas por Lijo, si se armaron causas contra el ex jefe de operaciones de la ex Side Antonio Horacio Stiuso (está a cargo de Sebastián Casanello y Franco Picardi); en otra, basada en las mismas escuchas, pidió establecer si CFK y Parrilli encubrieron delitos (a cargo de Delgado y Canicoba Corral); por último, el fiscal Ramiro González impulsó una causa basada en una escucha en la que Parrilli le dice a Mena que el juez Casanello es “presionable”, pero todo indicaría que era material ya desechado por la jueza Servini que debería estar destruido y que subsistió para alimentar operaciones políticas. 

Con menos ruido mediático que en aquellos casos, Canicoba Corral ya impulsa las primeras medidas sobre las filtraciones.