La directora ejecutiva de Argentina para Amnistía Internacional (AI), Mariela Belsky, volvió a reclamar por el aborto legal y explicó que “la negativa del Estado de prestar servicios de salud reproductiva a la mujer resulta discriminatoria”. Junto con Paola García Rey, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos y Marcos Gomez de AI Venezuela, Belsky también se refirió al supuesto “error” en la reducción del presupuesto para el Consejo Nacional de la Mujer y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres: “No está en el Boletín Oficial, por ende para la ciudadanía no hubo una vuelta atrás cuando se anunció la reducción”.
En la presentación oficial del Reporte Anual Global, los directores de Argentina para Amnistía Internacional volvieron a plantear una agenda de derechos humanos donde se trataron las temáticas de igualdad de género, la situación de los pueblos originarios, y la salud de las mujeres y niñas. La elección, asegura Belsky, no fue casual: “El gobierno está empecinado en volver a tratar cuestiones de derechos humanos que ya están zanjadas y cerradas por nuestra sociedad y por la Justicia, tal como el número de desaparecidos. Pero con ello, el gobierno consigue quitar de la agenda, por ejemplo, la problemática del aborto o los femicidios que suceden en nuestro país”, indicó la directora ejecutiva a PáginaI12, una vez terminada la conferencia de prensa.
En el informe expuesto por la organización internacional se subrayan las complicaciones que tiene la Argentina para cumplir con los casos de aborto no punible. Ante la consulta de los periodistas, Belsky profundizó la problemática al explicar que el aborto en nuestro país se puede realizar en “los casos de peligro para la salud y la vida” de la madre pero también no es punible la interrupción del embarazo cuando “proviene de toda clase de violación” y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012 que lo sostiene. Sin embargo, pese al marco legal, Amnistía Internacional remarca que “abundan los casos en los que las mujeres experimentaron obstáculos concretos al aborto no punible”, entre ellos, la niña wichí que en 2016 fue violada por un grupo de criollos en Salta y luego obligada a cursar un embarazo hasta los siete meses de gestación.
Otro de los temas que concentraron la atención en la conferencia de prensa fue la igualdad de género existente en el país. La directora ejecutiva recomendó “avanzar significativamente en la paridad del acceso a cargos públicos y en la participación política de las mujeres”, y agregó que “esa equidad también se debe evidenciar en los cargos de los poderes Ejecutivo y Judicial y en los órganos legislativos”.
Por último, Belsky también mencionó la decisión del gobierno nacional de recortar 67 millones de pesos para el área para combatir la violencia de género. Luego de modificar el presupuesto y así, desfinanciar el presupuesto del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y del Consejo Nacional de la Mujer, dirigido por Fabiana Túñez, Mauricio Macri negó la quita y aseguró que se trató de un “error”, aunque aún no fue rectificado en el Boletín Oficial. “Los gobiernos se manifiestan en actos administrativos, ya sea por decretos, leyes o con propuestas al Congreso. Hasta el día de hoy, no hay ninguna publicación oficial que reconozca que se subsanó la medida inicial. Molesta ver que salieron a criticar a las organizaciones feministas que se quejaron por la quita porque lo que prometió el Presidente aún no está registrado. Para la ciudadanía no existe”, explicó la activista de derechos humanos a este diario.
