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El combo de despedida de la economía macrista es demoledor.
1. Una recesión que se profundiza, disminuyendo así los ingresos tributarios en términos reales para cubrir los compromisos de gasto público.
2. Una fortísima devaluación, incrementando las necesidades de pesos para pagar los vencimientos de intereses y capital de la deuda en dólares.
3. Una sangría constante de dólares del Banco Central, que va rumbo a vaciar la caja de las reservas.
4. El cierre de las puertas de acceso al financiamiento local e internacional, limitando en forma extrema la administración de los pasivos del sector público.
Es una situación financiera insostenible para las cuentas del Estado. Con corset monetario del Banco Central y ajuste fiscal de Hacienda no alcanzan los pesos para cubrir las partidas presupuestadas ni para pagar la deuda nominada en esa moneda. Tampoco son suficientes los dólares disponibles para cumplir con los vencimientos de deuda en moneda extranjera ni para atender la demanda del mercado de billetes verdes.
La conclusión es tan sencilla como brutal: el default macrista
es incompleto, tendrá que ampliarse y, fundamentalmente, la posterior reestructuración de la deuda deberá ser más intensa, con quita de capital, extensión de los plazos y tasas de interés bajas.
Es un escenario ineludible si lo que se busca es evitar una agonía aún más prolongada. El ciclo financiero neoliberal del gobierno de Macri ha sido fulminante. La economía fue arrojada hacia la insolvencia, y el desenlace de esta situación crítica no entiende de voluntarismo político por un cambio de gobierno ni de la ilusión de un shock de confianza para recomponer el cuadro económico-financiero.
Intereses
Un dato resume la inviabilidad de mantener el esquema de ingresos y gastos del sector público con el actual stock de deuda pública y el horizonte próximo de vencimientos: los intereses totales pagados como porcentaje de los recursos tributarios alcanzaron el 21,5 por ciento, en el segundo trimestre de 2019, según la información proporcionada por la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda. Ese porcentaje siguió subiendo en los meses posteriores por el efecto de la fuerte devaluación.
Es insostenible el funcionamiento del Estado destinando más de un cuarto de sus ingresos a pagar intereses de la deuda. Para hacerlo, el ajuste de las cuentas públicas tendría que ser de tal magnitud que se paralizaría el resto de las áreas del sector público.
En esta instancia crítica no aparece un escenario de elección de opciones de gestión. El camino orienta a una sola salida. El default y posterior reestructuración con fuerte alivio de las finanzas públicas se imponen no por decisión política, sino por necesidad económica.
No hay posibilidad de preservar legitimidad política y de impulsar el crecimiento económico y, por lo tanto, la generación de recursos para pagar la deuda, sin antes liberar fondos del presupuesto que una cesación de pagos permitiría. O sea, los acreedores tienen que primero aceptar no cobrar y después admitir cambios en las condiciones (quita de capital, plazo de pago y tasa de interés) para luego empezar a cobrar. Cualquier otra alternativa extenderá la crisis fiscal (ajuste por presión sobre las partidas del gasto público) y financiera (carga cada vez más pesada de los intereses a pagar), que mantendrá a la economía en una prolongada recesión.
Cuanto más se tarde en asumir esta realidad más serán los costos que habrá. Macri debería empezar un plan de reestructuración consistente, para garantizar una transición en relativa estabilidad más que para facilitar la tarea al futuro gobierno. Si prevalece la mezquindad de que sería una medida que favorecería el inicio de la gestión de Alberto Fernández, el oficialismo mostraría una vez más la dificultad de evaluar cuáles son los riesgos que acechan a la economía en estos meses.
Insuficiente
El debate acerca de si la economía macrista enfrentaba un problema de liquidez o de solvencia ya quedó saldado. No había dólares suficientes para hacer frente a la deuda ya a comienzos de 2018 y el crédito del FMI vino a cubrir ese problema de liquidez. Pero esos recursos sólo extendieron el plazo para que irrumpa la cuestión de la solvencia. O sea, una economía ahogada por un endeudamiento desaforado en dos años destruyó la capacidad de repago de la deuda.
Es tan contundente ese derrumbe hacia la insolvencia que hasta la consultora MacroView de Rodolfo Santángelo, ex socio de Carlos Melconian, planteó en su último reporte que incluso en un muy poco probable “segundo mandato del Presidente Macri difícilmente hubiese podido eludir una reestructuración de la deuda pública”. Indica que “estas crisis no se revierten con ‘credibilidad’ ni con acuerdos políticos, sino con caja y la caja son las reservas”. Precisa que el Tesoro enfrentaba vencimientos por unos 15 mil millones de dólares hasta fin de año y, por lo tanto, “tanto la reprogramación de la deuda como el control de cambios llegaron para quedarse y profundizarse”. Para concluir que “hay cero chance de que la reprogramación light tal cual se anunció no tenga que ser endurecida y profundizada en el futuro”.
No hay que ser un experto en finanzas para darse cuenta de que la propuesta Lacunza no alcanza para ordenar el frente de la deuda. El Institute of Internacional Finance, que reúne a los principales bancos comerciales y de inversión del mundo, emitió un comunicado lapidario confirmando esa debilidad. Afirma que “el anuncio de reperfilar la deuda posiblemente no sea suficiente para cerrar los números de la economía”. Indica que la fuga de capitales sigue siendo intensa y que “las necesidades de financiamiento externo continúan siendo elevadas”. Concluye que el programa con el FMI ya no alcanza.
Empomados
El anuncio del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de no pagar deuda de corto plazo en pesos y en dólares y proponer “reperfilar” bonos fue improvisado. Planteó el objetivo de extender unos pocos años los plazos para aliviar las necesidades financieras inmediatas. Es lo mismo que en 2001, en una situación muy crítica, intentó el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, con el megacanje. Esa operación tuvo un tramo local, que pudo completarse, y una internacional que no llegó a concretarse. Como se sabe, fue una movida financiera insuficiente y lo que pasó después también es conocido.
Lacunza dispuso un default de la deuda de corto plazo, pero pasaron 20 días y no presentó cuál es el plan de reperfilamiento. Incluso aparecen dudas entre operadores acerca de cuáles serán los bonos que quedarán incluidos en la reestructuración.
En ese grado de desorden en un tema tan sensible, el lunes de la semana próxima Hacienda enfrentará el dilema de qué hacer con el vencimiento del cupón de intereses del Bono de Política Monetaria (BoPoMo), papel de deuda emitido por el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. El monto involucrado asciende a 24.800 millones de pesos, equivalente a unos 410 millones de dólares. La mitad de esos papeles, que devengan la tasa de interés de referencia del Banco Central (Leliq), está en manos de uno de los grandes fondos de inversión del mundo, Pacific Investment Management Co. (Pimco) y el resto en otros grandes fondos del exterior.
El BoPoMo, cuyo vencimiento del capital es en junio de 2020, quedó fuera del listado presentado por Lacunza, mientras que las Letes en pesos y en dólares y las Lecap fueron defaulteadas, creando un corralito para empresas, inversores institucionales y provincias.
Pocas dudas existen que esos grandes fondos del exterior no están dispuestos a quedar aún más empomados y buscarán dolarizar el pago de intereses del BoPoMo.
Si se mantiene el esquema de pagos e incumplimientos presentado a fin del mes pasado, Lacunza privilegiará las cuentas de Pimco y otros fondos extranjeros, mientras que mantendrá el castigo sobre el capital de trabajo –parte invertido en esas Letras del Tesoro- de empresas.
Deuda privada
La impericia técnica de Hacienda y el Banco Central combinada con la desesperación política que invadió a la Casa Rosada se tradujo en que no sólo se declaró el default de una porción de la deuda pública, sino que acorralaron a grandes empresas hasta empujarlas a un default técnico.
Como se explicó en esta columna la semana pasada , la secuencia de las medidas de emergencia posterior a las PASO debería haber sido otra. En lugar de anunciar un default improvisado, que provocó una corrida bancaria, para luego imponer un control de cambios, el paso inicial debería haber sido limitar el drenaje de reservas (control de cambios) para garantizar el pago de deudas pública y privada, y para proteger de ese modo los depósitos de los ahorristas en el sistema bancario.
El camino ordenado por Macri fue el equivocado y tuvo un saldo impactante: la corrida bancaria se llevó casi 10 mil millones de dólares en un mes, equivalente al 30 por ciento del total. Es una corrida récord por su intensidad, superando la registrada en el Efecto Tequila, en 1995, cuando la caída fue del 18 por ciento del stock. Es más fuerte también que la salida de depósitos previa al corralito, en 2001, cuando sumó casi el 20 por ciento.
El monto total de depósitos ahora es menor, pero la velocidad de los retiros es mayor, comportamiento que se explica por las experiencias traumáticas que dejaron en alerta a ahorristas cuyas respuestas son muy rápidas. El sistema bancario también ha aprendido y las normas prudenciales del Banco Central establecieron que la mitad de las colocaciones quedara inmovilizada en las reservas de la autoridad monetaria, mientras el resto sólo podía ser prestado a compañías exportadoras. Por eso, los ahorristas pudieron llevarse sus billetes verdes sin problemas.
El combo default y control de cambios desesperado provocó no sólo la fuga de depósitos en dólares, sino que encerró a grandes empresas en un default técnico. Los vencimientos de intereses por bonos colocados en el exterior no pueden ser cubiertos pese a que tienen los dólares para pagar. Es el caso de IRSA de Eduardo Elzstain que ya depositó poco más de 100 millones de dólares para cancelar sus compromisos, pero el Banco Central no autorizó el giro de los dólares.
Clearstream es una firma europea encargada de procesar operaciones financieras de clearing (compensación entre partes), tarea que en el mercado argentino realiza la Caja de Valores. Esa empresa emitió el jueves pasado un comunicado informando que las restricciones dispuestas por el Banco Central implican que los pagos de deuda en monedas que no sean pesos argentinos “no se pueden cobrar ni pagar a ninguna cuenta de una persona jurídica fuera de Argentina”. Agregó que los clientes que poseen bonos (públicos o privados) argentinos estarán alcanzados por esa restricción, aclarando que “los ingresos en moneda extranjera a ser recaudados permanecerán en espera hasta nuevo aviso”.
La empresa deudora (IRSA) tiene los dólares pero no pueden ser depositados en la cuenta de cada uno de los dueños de bonos de la compañía. Es una situación parecida no igual a lo sucedido con la deuda argentina al final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el juez Thomas Griesa avanzó sobre la soberanía del país impidiendo que los acreedores cobren, amenazando con sanciones al banco distribuidor (Bank of New York) y a la cámara compensadora (Euroclear) si facilitaban el pago.
En el caso de IRSA la situación es peor, porque Griesa actuó como un peón de los fondos buitre en la estrategia de extorsión a la Argentina, mientras que ahora es el propio Banco Central que determina el default de la empresa. Varias firmas líderes que emitieron títulos de deuda en el exterior están en la lista de caer en esta cesación de pagos forzada por el la entidad comandada por Guido Sandleris.
Control sin control
Tan desesperado fue el control de cambios dispuesto que el Banco Central no tenía ni tiene personal calificado para administrarlo. Como en tantas otras funciones del Estado que el macrismo ha destruido, el ex presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, desarticuló el área de control del mercado de cambio.
En 2016 desplazó a la gerente principal de Exterior y Cambios, Marina Ongaro, quien acumulaba 14 años de experiencia trabajando en la entidad. Estaba a cargo de controlar las operaciones de ingreso y salida de divisas de la economía. Sturzenegger desmembró el sector, lo mismo que se hizo en las décadas del ’70 y ’90 y que luego fue necesario reconstruirlo, como ahora.
Ongaro trabajó varios años con Jorge Rodríguez, un funcionario de carrera del Banco Central y un especialista en la materia de registrar flujos de ingresos y salidas de dólares. En 2002, cuando estalló la convertibilidad y comenzaron a aplicarse controles sobre las transacciones con dólares, Rodríguez se encargó de reelaborar las series estadísticas y hacer un seguimiento de la deuda externa privada, los ingresos por exportaciones y las salidas por importaciones. En los últimos años del anterior gobierno, había sido designado Gerente General del Banco Central. Sturzenegger también lo retiró.
El caos financiero que están padeciendo grandes empresas por el default técnico, como también la imposibilidad de pagar importaciones (por caso, las automotrices están incumpliendo con sus proveedores), se explica porque el control de cambios ha sido lanzado en forma improvisada por una gestión que lo rechaza y sin personal calificado para esa tarea, después de la limpieza ideológica realizada en la planta de personal técnico durante los años de la conducción Sturzenegger.
El fundamentalismo ideológico, la impericia técnica y la desesperación política han provocado semejante desastre económico-financiero, que constituye una pesada carga para el próximo gobierno y que ya está generando elevados costos para la mayoría de la sociedad.
