El Gobierno quiere cerrar rápidamente el debate sobre la Emergencia Alimentaria y el hambre que generó su política económica en medio de la campaña electoral que sellará su futuro. El Senado ya convocó a una sesión especial para el miércoles en busca de convertir en ley la iniciativa que incrementa en un 50 por ciento “los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” –unos 10.400 millones de pesos-- y autoriza al Ejecutivo a la reasignación de partidas presupuestarias para atender la urgencia en lo que queda del año. El oficialismo ya acordó con el Bloque Justicialista, la principal bancada opositora en la Cámara alta, una sesión “rápida” sin zozobras ni estridencias con el compromiso de acompañar el proyecto.
Tras el acuerdo con una parte de la oposición, las autoridades del Senado firmaron la convocatoria para el miércoles 18 de septiembre a las 14 horas, para tratar la media sanción de la Diputados que dispone la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Aunque el orden del día de la sesión especial incluye otros dos temas: dar ingreso a los pedidos de “acuerdos” (nombramiento de jueces o ascensos en las Fuerzas Armadas) solicitados por el Ejecutivo y la autorización de salida del país a las Fuerzas armadas y del ingreso al país de tropas extranjeras “para la realización de ejercicios combinados estipulados”.
"Hay un acuerdo y la idea es tratarlo el mismo miércoles sobre tablas y darle curso. No veo mayores dificultades para que suceda lo mismo que en Diputados”, remarcó el senador macrista Esteban Bullrich. "No hay razón para demorarlo si hay un acuerdo" y "no es un proyecto complicado en términos de análisis", insistió el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta.
Bullrich también buscó, a su manera, bajar los decibeles de la confrontación, "No nos estamos fijando en la marcha, sino en la situación social y en las necesidades que hay", respondió el senador ante la consulta sobre la presión de los movimientos sociales y agregó: "no tiene que ver con actuar presionados o extorsionados, sino con el convencimiento de lo que hay que hacer".
Los senadores del oficialismo siguieron de cerca las negociaciones en Diputados y en contacto con el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, coincidieron en seguir los mismos lineamientos en la Cámara alta. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se encargó raudamente de acordar la fecha y la condiciones de una sesión “no traumática” con el cordobés Carlos Caserio --alienado con la fórmula de Los Fernández--, quien asumió la presidencia del BJ tras el salto de Miguel Pichetto al oficialismo. Los opositores adherirán al protocolo del Senado, donde las formas conservadoras acompañan los acuerdos.
Para el martes próximo también están previstos varios encuentros del diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita), uno de los impulsores de la emergencia alimentaria y que participó de la redacción del texto unificado por el grueso del arco opositor al que le dio media sanción la Cámara baja, con los principales bloques de la oposición en el Senado.
Grosso se reunirá con Caserio y con el jefe del bloque del FpV-PJ, Marcelo Fuentes para garantizar la sanción de la ley. Desde los movimientos sociales confían en que no habrá sobresaltos para la aprobación del proyecto, aunque reconocen que el Senado puede romper la unanimidad alcanzada en Diputados y podría haber “algún voto en contra”.
En el oficialismo dan por perdida la batalla frente el reclamo transversal de la sociedad, que fue desde los movimientos sociales -- que hace dos años que bregan por la emergencia--, las centrales sindicales (CGT y las dos CTA), la Iglesia católica y otros cultos religiosos y hasta un sector importante del empresariado, que desembocó en la unidad opositora en la Cámara baja.
Mauricio Macri que llegó al Gobierno con la consigna de “hambre cero” y que pidió que se juzgue su gestión por ese parámetro, se negó a reconocer con un Decreto de Necesidad y Urgencia la “emergencia alimentaria” en el final de su mandato. Ahora, el oficialismo busca clausurar el debate con una ley, que en principio resistió pero que terminó por acompañar para no terminar de esmerilar sus chances electorales. Consideran que con el tema fuera de la agenda nacional, podrán volver a pedir el voto a los ciudadanos que le quitaron la confianza.
