El Gobierno envió a la Gendarmería nacional a custodiar el yacimiento de Vaca Muerta, para reforzar la seguridad del predio y "garantizar el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de la actividad de explotación de hidrocarburos". La decisión fue tomada en medio de un conflicto gremial por la suspensión de mil puestos de trabajo en el sector y la advertencia del sindicato de petroleros que se declaró “en estado de alerta y movilización permanente”.

A través de la resolución 768/2019 , publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad extendió la jurisdicción de la mencionada fuerza al "espacio geográfico de la formación geológica Vaca Muerta situada en la Cuenca Neuquina que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza".

Según la justificación oficial, la medida fue adoptada para "brindar las condiciones de seguridad necesarias que garanticen la correcta explotación de hidrocarburos y el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de dicha actividad en esa zona". La decisión se tomó después de que se registrara un intenso incendio en uno de los pozos donde se exploran nuevas vetas. Ayer también se conoció un ataque con drones reivindicado por rebeldes yemeníes contra dos refinerías petroleras en Arabia Saudita.

Sin embargo, la medida apuntaría a evitar que las protestas de gremios petroleros puedan paralizar la actividad en Vaca Muerta. Ante la suspensión de alrededor de mil trabajadores del sector en los últimos días, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se declaró en "estado de alerta y movilización permanente" y facultó a la Comisión Directiva a "tomar todas las medidas gremiales necesarias".

La resolución remarcó que "resulta imprescindible proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos" ubicadas en el megayacimiento patagónico, "a fin de asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional".

De acuerdo al texto oficial, la Gendarmería estará "a disposición de las autoridades judiciales locales", pero "sólo en lo que respecta a cuestiones que afecten o tuvieren incidencia directa en las condiciones de seguridad imprescindibles para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos".