El traslado de la orangutana Sandra al Center of Great Apes (Centro para Grandes Simios) en el estado de Florida, en Estados Unidos, previsto para fin de mes, según lo ordenado la semana pasada por la justicia porteña, encendió algunas alarmas y reactivó sospechas. Desde la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), que había presentado un escrito para que la justicia revirtiera la decisión y la llevara a un santuario en Brasil, advirtieron que de acuerdo a la propuesta publicada en el Boletín Oficial, el Centro no garantiza qué pasará con la primate luego de los tres primeros años que involucra el acuerdo. Además, señalaron que resulta “llamativo que la empresa Argentraider, del primo hermano del jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, volviera a ganar una licitación de traslado pese a no ser la oferta más económica”.

La decisión de Liberatori, a cargo del Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, movió los engranajes finales para ejecutar la sentencia que había dictado la magistrada a fines de 2017. En julio de ese año, la jueza había rechazado un planteo de Afada para trasladar a la orangutana, que nació en 1986 en el Ruhr Zoo Gelsenkirchen, en Alemania, a dos posibles santuarios en Brasil. Esta decisión fue apelada, sin éxito, por la organización que defiende el derecho de los animales.

La ONG, que impulsó la causa que terminó reconociendo a la orangutana como "sujeto de derechos" y "ser sintiente", y que volvió famosa a Sandra en 2014 por ser la primera "persona no humana" reconocida por la justicia argentina, advirtió a este diario que "la decisión del juzgado de enviarla a Estados Unidos no fue a conciencia de lo que significaba el gasto económico por parte del Gobierno de la Ciudad (casi siete millones de pesos), la distancia a la que debía trasladarse, la 'adaptación' previa en cautiverio en un Zoológico y la incertidumbre de su estadía en Center Of Grate Apes a partir del plazo de tres años que se encuentra pactado. Lo cierto es que la revisión de esta decisión tan importante pudo realizarse en varias oportunidades, cuando fue requerido por Afada, pero por cuestiones meramente procesales el Juzgado decidió mantener su decisión y desestimar las propuestas de Brasil".

"Lo irónico de todo esto es que la elección del lugar fue a propuesta de quien privó de su libertad a Sandra durante 25 años, mientras que se dejó de lado la propuesta de quien intenta liberarla desde hace 5 años por cuestiones formales o burocráticas", remarcó la abogada que lleva la causa en la organización, Melina Valdés.

Uno de los datos que generó más preocupación es que la propuesta, con la firma del director del CGA, Patti Ragan, sostiene que el monto que le cobrarán al gobierno de la Ciudad, de 70.000 dólares (casi cuatro millones de pesos), será sólo por los tres primeros años de estancia de la orangutana. Tras ese plazo, afirma que dependerán “de las donaciones del público de EE.UU. y, con suerte, del público argentino que se preocupa por los costos futuros del cuidado de Sandra después de la instalación".

Al respecto, el ex director del Zoo Claudio Bertonatti dijo a este diario que "de ser así, es una barbaridad. Ante esa incertidumbre se tendría que descartar el lugar porque no es serio hacer una derivación en esas condiciones. Después de tres años, si se acaba la plata qué hacen, ¿la devuelven? ". Sin embargo, lejos de sorprenderse, el naturalista remarcó que es parte de la lógica "de gente que no conoce la gestión de los zoológicos y se pone a hacer estas operaciones comercial como si fueran bienes muebles. El Ecoparque regaló todos los animales que derivó, cuando nadie en el mundo los regala y menos una orangután. En todo caso, se ofrecen en canje para realizar programas de conservación. Es un desatino haber derivado animales a cambio de nada", remarcó.

En su sentencia, la jueza dispuso que el Gobierno porteño debe garantizar a la orangutana "el mayor bienestar posible". Y encomendó a las autoridades del Ecoparque cumplimentar los trámites administrativos, legales y sanitarios, para llevar adelante la reubicación del animal.

Entre esos trámites estaba la licitación para el traslado en avión hasta Dallas, desde donde la primate será llevada por tierra hasta el lugar de cuarentena en el zoológico Sedgwick County Zoo, en Wichita, Kansas, antes de poder acceder a su destino final en el CGA.

El traslado desde CABA hasta Dallas contó con dos oferentes: la empresa que integra como vicepresidente Jorge Braun Polledo, Argentraider S.A ($1.922.100) y Highlander ($1.800.000). Pese a la diferencia, la empresa del primo de Peña volvió a ganar, como lo hizo en 2018, cuando Argentraider compitió con la empresa BLU Logistics Argentina, que había presentado un presupuesto menor para el traslado de once papiones que residían en el Ecoparque. Para la ONG, la situación “llama la atención”, aunque reconocen que los complejos mecanismos de licitación permiten con mínimos tecnicismos descartar oferentes.

Otro costo que correrá por cuenta de la Ciudad en el traslado es el viaje en avión de Sandra desde el aeropuerto de Dallas hasta el zoológico del condado de Sedgwick, servicio que será provisto por el mismo zoo donde la orangutana permanecerá en cuarentena por 14.965 dólares, al cambio, unos 842 mil pesos.

Descontado el traslado desde Buenos Aires, el costo de la logística, alojamiento y cuidado de Sandra durante los tres primeros años en el CGA y su cuarentena será de 84.965 dólares. Luego, de acuerdo al CGA, los costos superarán los 23.000 dólares anuales por la provisión de servicios para la orangutana, entre los que se encuentran la comida, la atención veterinaria, drogas y medicamentos, mantenimiento del recinto y suministros de limpieza. Para Bertonatti “debería quedar por escrito qué pasa con Sandra el día después del tercer año”.

Si bien el Ecoparque confirmó que se tramitaron los permisos, entre ellos, el Cites (Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre), y el de importación de Estados Unidos, ESA, aún queda papeleo por resolver. En cualquier caso, para la justicia porteña el traslado de Sandra es una causa cerrada.