Con la firma del Presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos,  y de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, institución que ambos dirigen, emitió un comunicado solidarizándose con un reconocido profesor de derecho penal español luego de que éste fuera imputado de calumnias e injurias por haber criticado el estado de las cárceles españolas en un programa de televisión.

El comunicado expresa su "respeto" por las instituciones judiciales españolas pero destaca también su "consideración"  por la tarea del profesor Iñaki Rivera Beiras (foto) como director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), y del Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), a la vez que "reafirma la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad conforme a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de los más Altos Tribunales sobre la materia".

La justicia de Barcelona aceptó una querella presentada por la agrupación del personal penitenciario del sindicato CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) e imputó por presunto delito de calumnias a Iñaki Rivera Beiras, por decir en un programa televisivo que en las cárceles catalanas "hay torturas", informó el portal de noticias eldiario.es. Rivera Beiras, que desde hace años viene cuestionando el trato que reciben los internos en las cárceles catalanas, sería indagado el miércoles, según una fuente judicial. La medida generó el repudio de distintos organismos internacionales de derechos humanos.

La querella judicial se basa en una intervención de Rivera en un programa de TV3 del pasado mes de noviembre, en la que el docente afirmó que en las cárceles catalanas "hay torturas, hay maltratos y hay vejaciones" por parte de los funcionarios a los internos. Del programa de la televisión pública catalana participó, junto a Rivera, una familiar de una presa que se suicidó mientras estaba en “aislamiento”, régimen que recibió cuestionamientos porque provoca secuelas físicas y psicológicas en los internos.

En un comunicado conjunto de la Universidad de Barcelona, el OSPDH y el SIRECOVI, definieron a la querella como un "intento de disuasión" del sindicato hacia el profesor por sus denuncias. "Esta represalia supone un punto de inflexión en la hostilidad sostenida durante los últimos 15 años", afirmaron, agregando que el caso constituye "un ataque injustificable al derecho a la libertad de expresión".