El Gobierno envió a la Gendarmería Nacional a custodiar el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, para “reforzar la seguridad del predio” y "garantizar el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de la actividad de explotación de hidrocarburos". La decisión fue tomada en medio de un conflicto gremial por la suspensión de mil puestos de trabajo en el sector y la advertencia del sindicato de petroleros, que se declaró “en estado de alerta y movilización permanente”. La Confederación Mapuche de Neuquén repudió la medida. También se pronunció en contra el senador nacional Guillermo Pereyra, referente sindical de los trabajadores petroleros.
La resolución publicada en el Boletín Oficial fue la 768/2019 y mediante la misma el Ministerio de Seguridad extendió la jurisdicción de Gendarmería al "espacio geográfico de la formación geológica Vaca Muerta situada en la Cuenca Neuquina que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza".
"Queremos manifestar nuestro absoluto repudio a esta resolución porque la protagoniza un gobierno que se está yendo y que no tiene autoridad, aunque tiene muchos intereses de todo su entorno en el negociado de Vaca Muerta”, declaró el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel. "Lo que se busca con la medida es dejar garantizada la impunidad pero esto le va a generar un enorme perjuicio al nuevo gobierno, porque quedará instalado un aparato militarizado en una zona donde lo que se tiene que buscar son acuerdos con quienes están excluidos”, indicó el líder mapuche.
El senador Guillermo Pereyra expresó que “se trata de una intromisión injustificada e inconsulta, y sin fundamentos en la realidad". "Es inconcebible que se autorice a una fuerza de seguridad a actuar como si estuviéramos en estado de conmoción interna, cuando la realidad demuestra que Neuquén tiene una fuerza de seguridad propia, capaz de controlar su territorio", sostuvo el legislador, quien también es líder del Sindicato de Petroleros Privados. Finalmente Pereyra sentenció: "Acá no tenemos ataques terroristas que ameriten una suerte de estado de alarma semejante". "Si hubiera alguna información sensible que justificara una medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales", dijo, y subrayó que "la medida parece otro escalón más en la improvisación demostrada por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, que no solo no es capaz de cuidar a la población, sino que además toma medidas cercanas al amedrentamiento".
Según la justificación oficial, la resolución fue adoptada para "brindar las condiciones de seguridad necesarias que garanticen la correcta explotación de hidrocarburos y el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de dicha actividad en esa zona". La decisión se tomó después de que se registrara un intenso incendio en uno de los pozos donde se exploran nuevas vetas y de que se conociera un ataque con drones reivindicado por rebeldes yemeníes contra dos refinerías petroleras en Arabia Saudita. Sin embargo, la medida apuntaría a evitar que las protestas de gremios petroleros puedan paralizar la actividad en Vaca Muerta.
El documento remarcó que "resulta imprescindible proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos", ubicadas en el megayacimiento patagónico, "a fin de asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional".
