La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó una reforma al Código Penal que buscaba extender la despenalización del aborto en caso de violación, incesto, malformaciones letales del feto e inseminación artificial no consentida. Con 65 votos a favor, 5 menos de los necesarios, la Asamblea eligió mantener un Código de 1938, que obliga a maternar a las personas gestantes víctimas de violencia sexual y criminaliza con penas de 6 meses a 2 años a quienes abortan.
“Hicimos un gran trabajo, nos ofrecieron los votos y al final se viraron”, lamentó Virginia Gómez de la Torre, integrante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y presidenta de la ONG Fundación Desafío. El Frente ya tiene preparado un proyecto de ley para presentar en la Corte Constitucional.
Hoy en día hay en Ecuador 300 mujeres judicializadas, ocho de ellas presas, por haber decidido interrumpir un embarazo producto de una violación. A las niñas, que son inimputables, la Justicia las obliga a realizar trabajo comunitario.
Cinco comités de la ONU reclamaron al Estado de Ecuador que revea su legislación y dieron su visto bueno al proyecto “para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo”, de acuerdo al Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La Asamblea Legislativa le dio la espalda a la oportunidad de acabar con la criminalización que sufren las personas gestantes abusadas que deciden frenar su embarazo, en un país en el que tres mil niñas son violadas y se embarazan producto del abuso cada año, de acuerdo a cifras oficiales.
