La posibilidad de acceder a un estudio universitario en las cárceles representa una opción para la reinserción social, una nueva oportunidad pero desde otro ángulo, el de la educación y el profesionalismo. “Se respiran aires de libertad”, definió el secretario de Extensión, Cultura Científica y Bienestar de la UBA, Francisco Romero, al acceso al conocimiento en un contexto de encierro. En la actualidad, la situación carcelaria está en crisis. Sin embargo, y a pesar de una superpoblación en casi todas las dependencias y las denuncias que pesan sobre el Servicio Penitenciario, la universidad puede ser un espacio para atenuar la cotidianeidad en reclusión.
Muchos de los que concurren a las carreras que las distintas universidades ofrecen en los penales tienen una condena firme y ven estas aulas como la mejor forma de atravesar el tiempo y conformar un plan de vida.
La propuesta académica está sujeta a cada dependencia y a qué universidad se encuentra trabajando en el lugar. Hay carreras de grado y cursos que sólo duran unos meses, y dan una actualización de conocimientos sin el condicionamiento de que sea necesario un título secundario.
Algunas de las universidades que cuentan con convenios con el Servicio Penitenciario son del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), del Comahue (UNCOMA), la Patagónica (UNP), de La Pampa (UNLP), de Formosa (UNAF) y la Tecnológica Nacional (UTN) y la UBA, pionera en la educación carcelaria.
Según los últimos datos publicados por el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, la cantidad de reclusos que participa en estudios universitarios fue en aumento hasta llegar a 1.907 en 2017. Muy superior en comparación a 2003, que era de apenas 278 estudiantes.
Pero una de las demandas de los organismos que trabajan esta temática es la actualización de las estadísticas en los penales. Es muy difícil y costoso para ellos llevar un control sobre datos que no existen, y que podrían servir para conseguir más apoyo.
En 2002 se creó el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, ubicado en la ciudad de La Plata, que tiene como objetivo la promoción del derecho a la educación de las personas privadas de la libertad y la calidad de ese derecho entendida como un “derecho humano”.
Uno de sus fundadores y coordinador de Formación y Acción Pedagógica, Francisco Scarfo, afirmó que “es primordial la mirada de los derechos para pensar la educación, y no como una acción más del tratamiento penitenciario. Esto lleva a que la educación primaria, secundaria y la universitaria se conceptualicen y se lleven a la práctica en el marco de los derechos humanos”.
Según el equipo, la educación universitaria se expandió en los últimos tiempos, ya que muchas universidades y facultades han asumido el compromiso de llevar proyectos de extensión y carreras. Pero coinciden en que esto depende de cada universidad y del contexto carcelario en el que actúa.
Scarfo analizó que “en general el impacto que tiene estudiar es doble. Por un lado, invita a los detenidos a tener un proyecto de vida carcelaria basada en un papel distinto, el de estudiante. Y esto los hace autopercibirse como sujeto estudiante y, por ende, sujetos de derecho, que pueden disfrutar y acceder a la educación”.
Otra de las cuestiones es que la experiencia le permite a los internos un constante acercamiento con otros profesionales que no estén vinculados con el sistema carcelario, y en este caso son los docentes que van a dar clases. Además, hay situaciones en que algunos estudiantes pueden salir a cursar, a rendir exámenes, y esta experiencia los vincula de otra forma con la “sociedad libre”.
Scarfo destacó que “pensar que uno puede estudiar, recibirse, genera un impacto positivo en cualquiera. En el caso de las personas privadas de su libertad es doble, ya que pueden pensar un proyecto de vida basado en el estudio y hasta mejorar su perspectiva de vivir en sociedad”.
Con respecto al papel de las instituciones, el coordinador recalcó que “también es saludable que la universidad pública entre en las cárceles, eso hace que se vuelva más pública aún; y obliga a que las unidades penitenciarias organicen su espacio y tengan dinámicas favorables para que la educación se desarrolle”.
Los muros de la educación
La UNICEN tiene un programa de educación en contextos de encierro que funciona a partir de un convenio firmado en 2008 con el Servicio Penitenciario Bonaerense. Un año después comenzaron a dictar las carreras de Comunicación y Antropología en las unidades penales de Sierra Chica y Azul.
El logro, en estos casos, es que en cada una de las unidades penales se crearon aulas universitarias. En la Unidad 38 funciona el aula “Manuel Belgrano”; en la Unidad 2, la “Rodolfo Walsh”, y en la Unidad 52 de Azul funciona “Alma”.
La decana de Sociales de la UNICEN, Gabriela Gamberini, precisó que “las propuesta académicas se realizan a través de un equipo de trabajo que está integrado por una coordinadora general a cargo del programa de educación en contextos de encierro, tutores académicos que llevan adelante un trabajo de acompañamiento y apoyo pedagógico, y profesores de las asignaturas que dictan sus propuestas curriculares en las sedes de las unidades penales”.
La decana expresó que “a lo largo de estos años una cuestión que sustenta el programa tiene que ver con una fuerte convicción por garantizar el derecho a la educación y desde ahí es que se trabaja fuertemente para poder llevar adelante las propuestas en las unidades”.
Asimismo, resaltó que tienen la responsabilidad de que “cada una de las asignaturas que los estudiantes y las estudiantes tienen la posibilidad de cursar sean ámbitos propicios que le permitan reflexionar conceptualmente respecto de los temas que hacen al campo de las ciencias sociales y, específicamente, de la comunicación y de la antropología”.
Gamberini lamentó que el proceso de trabajo no sea siempre fácil ni cómodo. Existen varias dificultades: entre otras, resaltó “las vinculadas a los acompañamientos, a los procesos pedagógicos en términos de brindar herramientas que acerquen al trabajo de la escritura académica, a las modalidades de estudio, del abordaje y conceptualización; muchas veces sucede que las posibilidades de participación son limitadas en las unidades”.
Con respecto a la compatibilidad de la vida carcelaria y universitaria, la decana indicó que “muchas veces, por distintas cuestiones, se ve afectada la posibilidad de llevar adelante las tareas. A veces hay ciertas rutinas en la vida en un penal como horarios de visita, cierre de pabellones, mantenimiento de la dependencia, que dificultan todo”.
Para sortear parte de los inconvenientes, buscaron apoyo en el último tiempo en la figura de los “tutores orientadores”, que son estudiantes en contexto de encierro que una vez que aprueban las asignaturas se presentan a una convocatoria para poder formar parte de la orientación de otros compañeros.
En las cárceles de hombres y mujeres de Ezeiza y en la de Devoto, la Facultad de Exactas de la UBA dicta cursos que tienen duración de semanas o meses, y la ventaja es que no es necesario tener el título secundario, lo que hace más amplio el abanico de participación. Estos cursos hacen foco en la actualización de contenidos sobre informática, planillas de cálculo, diseño y diseño web.
El secretario de Extensión, Cultura Científica y Bienestar de la UBA subrayó que en general “la recepción por parte de los internos es bastante positiva” y que el objetivo es “darle una formación para cuando cumplan la condena: es como un incentivo”.
Romero resaltó la experiencia que se vive en el inicio de nuevos cursos, cuando los internos se ven distendidos y entusiasmados, o con la entrega de diplomas. Destacó que en esos momentos o en las aulas “se respiran aires de libertad”.
“Para juzgados, fiscalías y demás, es considerado como algo positivo que cursen, es como un símbolo de buena conducta y de predisposición a reinsertarse socialmente. En general los que hacen estas carreras o cursos suelen tener un nivel de reincidencia mucho más bajo. Eso es algo que está estudiado”, analizó.
El efecto positivo del trabajo universitario en contextos de encierro es un eje común en las opiniones de los especialistas. El tiempo aprovechado y fructífero da como resultado la posibilidad de liberarse de la opresión carcelaria y de ofrecer una mejor calidad de vida. Para ese alcanzar desafío, el rol de la universidad pública es imprescindible.