Las estaciones de servicio de “bandera blanca” advirtieron que la liberación de precios de las naftas en el canal mayorista les afecta el precio de compra del combustible . Denuncian que las petroleras nunca respetaron el precio congelado y que la Secretaría de Energía no toma cartas en el asunto aplicando multas. En consecuencia, aseguran que en pequeñas localidades del interior del país se registran situaciones de desabastecimiento de combustibles y que hay un daño económico a un sector dominado por empresas pymes.
“Es crítica la situación de las estaciones de servicio de bandera blanca en los pueblos del interior del país, hay desabastecimiento. No se consigue combustible”, indicó el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, Alberto Boz. Las declaraciones se suman a la denuncia de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República Argentina (Fecac). Entidades de consumidores hasta ahora no registran mayores inconvenientes en los surtidores en las grandes ciudades. También empresas transportistas se quejaron por la liberación de precios de las naftas del canal mayorista.
“Estamos complicados por la liberación del canal mayorista y la falta de control de parte del Gobierno. Esto afecta directamente a la demanda que viene del campo y a empresas de transporte, y lamentablemente también impacta sobre las estaciones blancas. O no tenemos provisión o contamos con nafta pero a precio liberado. Hay problemas de abastecimiento en pequeñas localidades del norte de Santa Fe, Chaco y Corrientes. Esto no se ve en las grandes ciudades”, indicó a PaginaI12 Alberto Boz, de los estacioneros del interior.
La entidad Defensa de Usuarios y Consumidores aclaró que “no se registran mayores inconvenientes en Rosario, Tucumán ni Mar del Plata”. En estaciones de servicio de la ciudad de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) advirtieron que “si bien no hay inconvenientes mayores, sí nos están entregando con cupos. Hay días en que se termina el cupo y no hay combustible, eso nos ocurrió la semana pasada”.
Por ahora, las estaciones de servicio afectadas en su capacidad de stockeo son las de “bandera blanca”, es decir, que no pertenecen a ninguna de las grandes petroleras. De un total de 4850 estaciones de servicio en todo el país, unas 1000 son de “bandera blanca”. “Si bien las blancas no manejan mucho volumen, tienen una función social importante: están sufriendo hace 4 días cómo hacer para pagarle a los empleados. ¿Cómo le pagan si no tienen productos para vender? Hace dos días vendí en todo el día una bebida gaseosa en caja. Por eso salimos a denunciarlo: la que tiene que actuar fuerte es la Secretaría de Energía”, dijo Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República Argentina (Fecac). Hasta ahora, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que no tiene intervención en el asunto y endilga la responsabilidad a la Secretaría de Energía que dirige Gustavo Lopetegui, quien tampoco hizo declaraciones al respecto.
“La liberación del canal mayorista de combustibles buscó descomprimir el congelamiento pero afectó a las estaciones de servicio. Esto no respeta lo que dice el decreto presidencial, que establece que se debe respetar el precio a las estaciones blancas. Salvo YPF, no se respeta el precio”, explica Bornoroni. “La Secretaría debería imponer fuertes multas”, pide.
Los problemas de abastecimiento son consecuencia de un esquema de control de precios que cruje por todos lados, al punto que este miércoles se autorizó un aumento del 4 por ciento en todos los combustibles. El Gobierno procuró días atrás desplegar un mecanismo de compensación económica a las petroleras que luce insuficiente para los reclamos del sector. Estableció un subsidio de 116,10 pesos por barril de petróleo entregado por las empresas al mercado local en septiembre. El 88 por ciento de ese valor (102,17 pesos) está dirigido a las petroleras, mientras que el 12 por ciento restante (13,93 pesos) corresponde a las provincias de donde se extrajo el recurso. A la vez, no se actualiza el impuesto a los combustibles. El impacto fiscal de la compensación sería de 1550 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Energía definió que para cobrar ese dinero, empresas y provincias deben desistir de sus reclamos en la Justicia. Hasta ahora, la medida cosechó rechazos tanto en el sector petrolero como en las provincias.
