En su último día en el cargo, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, denunció ante el Tribunal Supremo a cinco sospechosos de falsificar la investigación sobre el asesinato de la concejal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle Franco, y a su chofer, Anderson Gomes. Entre los acusados por esta maniobra se encuentra el exconsejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, Domingos Brazão. Dodge pidió federalizar la causa, y exigió, por otra parte, la inconstitucionalidad de seis decretos dictados por el presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizan la compra y portación de armas.
"Está siendo presentada una denuncia que revela que hubo una distorsión de la investigación con el objetivo de alejarse de los verdaderos autores de este doble asesinato", dijo Dodge en el discurso por el fin de su mandato como procuradora. Pidió que se abra una investigación para averiguar si Domingos Brazão fue el autor intelectual del doble homicidio. Investigaciones policiales lo vinculan con los miembros de la Oficina del Crimen, banda de sicarios que habría participado de la muerte de Franco. Dodge también solicitó que las investigaciones sobre la comisión de los asesinatos sean federalizadas. Para la fiscal, mantener la investigación en manos de la Policía Civil de Río puede generar "nuevas desviaciones".
Tanto Brazão, apartado de su cargo por causas de corrupción, como dos policías de Río de Janeiro y una abogada "participaron en una puesta en escena que condujo a la distorsión de las investigaciones" durante más de un año, según Dodge. En marzo pasado, poco antes del aniversario del crimen, la justicia de Río detuvo al presunto autor material y al conductor del auto desde el que se efectuaron los disparos contra Franco y su chofer Gomes, destacó Folha de São Paulo. La concejal por el PSOL, de 38 años, era una firme defensora de los derechos de los jóvenes negros, las mujeres y la comunidad LGBT. Además, era fuertemente crítica de la violencia policial en las favelas de Río, lugar donde creció.
Raquel Dodge aprovechó también su discurso de despedida para exigirle a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de seis decretos dictados por el presidente Jair Bolsonaro, que facilitan la compra y portación de armas de fuego. Desde su llegada al poder el pasado 1º de enero, el mandatario ultraderechista impulsó polémicas medidas que buscaban garantizar, en palabras de Bolsonaro, que los "ciudadanos de bien ejerzan libremente su derecho a la legítima defensa".
Para Dodge, los decretos de Bolsonaro "atacan al principio de separación de poderes" y sustituyen el papel del Legislativo "en la toma de decisiones acerca de la política pública sobre el porte y posesión de armas de fuego". "El camino adecuado para la alteración y sustitución de la política pública sobre la comercialización, posesión y porte de armas de fuego es a través del Congreso", agregó, lugar "destinado a la deliberación democrática de los temas más importantes".
