La resistencia de las 106 familias del edificio conocido como Casa Santa Cruz, en Parque Patricios, junto con el respaldo de diferentes organizaciones sociales, lograron suspender el desalojo que la justicia iba a materializar este miércoles. El desahucio hubiera dejado en la calle a 350 personas, entre ellas, 131 niñas, niños y adolescentes. "Hubo momentos de muchas tensión, pero finalmente se firmó un acta que devolvió la orden de desalojo al juez. Fue un festejo enorme porque hoy ganar tiempo, aunque sea poco, es un respiro y una oportunidad para conseguir una solución definitiva", dijo Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa que conformaron los vecinos para comprar el edificio, quien remarcó que "al gobierno le falta voluntad política, pero la conseguiremos. Hay un amparo presentado para que los funcionarios den una solución".

La orden de desalojo ordenado por el juez Fernando Cesari, a cargo del juzgado Nacional Civil N°60, ya estaba dada. Por ese motivo las familias convocaron a una jornada de resistencia y montaron durante la noche una olla popular, una radio abierta y proyectaron una película para esperar la llegada de los oficiales de justicia.

"A las 8.10 llegó un oficial de justicia con dos efectivos policiales y se encontraron con mucha gente. Querían hacer el operativo a toda costa. Pero ante la situación terminó comunicándose con el juez y enviándole fotos de lo que pasaba. Finalmente Cesari ordenó que fuéramos algunas personas designadas a la comisaria 28ª, donde firmamos un acta", contó Llanos.

A la comisaría concurrieron el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, el Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno, Sebastián Tedeschi de la Defensoría General de la Nación, la abogada de las familias Rosa Herrera, Llanos, y el empresario que compró el inmueble con la gente adentro, Matías Ratuschny, y su abogado.

En el acta que firmaron, a la que tuvo acceso Página|12, el oficial de justicia detalló que no contaba "con los medios necesarios" para efectivizar el desalojo "sin que corra riesgo la integridad física de todos los presentes", y consignó que no estaba en el lugar personal del BAP. El programa Buenos Aires Presente que tiene como objetivo brindar asistencia inmediata a las personas que se encuentren en situación de calle.

La abogada de las familias e integrante de la Liga por los Derechos Humanos, Rosa Herrera, señaló a este diario que la ausencia de funcionarios porteños demuestra "la falta de voluntad política para resolver el problema". "En el fuero nacional nuestros recursos jurídicos se agotaron, lo que se consiguió fue a fuerza de lucha y sumando más actores. El rol fundamental para poder resolver el tema esta en manos del gobierno de la Ciudad".

Según explicó Herrera,  la causa es compleja porque hay conflicto de jurisdicciones. Paralelamente a la causa que tramita en el fuero nacional hay iniciadas acciones en la justicia porteña, un amparo para que se suspenda el desalojo y para forzar a los funcionario de la Ciudad del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y de Desarrollo Urbano a que den una solución habitacional. Sin embargo, la letrada alertó que en el juzgado Contencioso, Administrativo N° 17, a cargo de Marcelo Segón, convirtieron un amparo colectivo en cien acciones individuales. 

Mientras la medida de desalojo contra las cien familias fue aceptada, cuando los habitantes del edifico quieren reclamar, la justicia pretende que cada familia inicie una causa, multiplicando por cien las notificaciones, las pruebas documentales, y cada trámite judicial.  Si bien la medida fue apelada y está en manos de la Cámara, que aún no resolvió el carácter del amparo, Herrera advirtió que "están fragmentando la organización colectiva sin respetar el criterio de la Corte Suprema para este tipo de acciones, lo que supone un obstáculo de acceso a la justicia".