La crisis económica y social en la provincia de Chubut, con endeudamiento externo, miles de despidos en los sectores productivos y aumento de la pobreza, devino en un complejo escenario político que hasta el momento no supo ser encausado por el gobernador Mariano Arcioni. Desde hace ocho días cortó prácticamente el diálogo con la Mesa de Unidad Sindical (MUS), en un contexto de nueve semanas consecutivas de paro de estatales, incluidos los docentes. Ayer hubo una marcha del silencio en distintas ciudades como respuesta a la muerte de las docentes Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar en un accidente de tránsito cuando regresaban de participar de las movilizaciones en Rawson. Desde la MUS reclamaron el inicio de un juicio político contra Arcioni, que en las próximas horas podría agudizar sus medidas de fuerza.

Durante la madrugada del miércoles, la policía provincial –que responde al ministro Federico Massoni- reprimió con balas de goma en la puerta de la Casa de Gobierno pero dejó la zona casi liberada en la Legislatura –según indicaron a Página/12 desde la MUS-, situación que derivó en el incendio de sus portones. Durante la mañana, el mandatario provincial ofreció una conferencia de prensa que duró menos de cinco minutos. Expresó sus condolencias por la muerte de las docentes y le reclamó al Gobierno nacional el envío de más fondos. “Bajo ningún punto de vista voy a renunciar”, sostuvo más tarde en diálogo con Radiovisión.

“Lo que estamos viviendo es una falta de reacción política enorme. Después de que no pudieron pagar lo que habían prometido, empezaron otra vez con los ataques a los docentes, con las amenazas de descuentos, denuncias de todo tipo, persecución. Desde el 11 de agosto tenemos el diálogo prácticamente cerrado con la provincia”, sostuvo en diálogo con Página/12 Tomás Montenegro, secretario general de la CTA Chubut y dirigente de ATECH, el gremio de los docentes.

La novena semana de paro provincial había arrancado con marchas y protestas en Rawson. Hacia esta capital viajaron Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar. Cuando regresaban a Comodoro Rivadavia, murieron en un choque. Pero no fue un simple accidente. "En mi provincia los chicos no pueden ir a la escuela. Las dos docentes que se mataron ayer estaban reclamando por sus salarios y la educación de sus alumnos. Le pido al Gobierno nacional que mire a Chubut y de una solución”, sostuvo la senadora nacional Nancy González (FpV) durante la sesión de ayer en la Cámara alta. 

Hace diez días, el gobernador Arcioni se había comprometido a empezar a regularizar la situación de los trabajadores estatales. Mantuvo reuniones con Rogelio Frigerio y Dante Sica, ministros del Interior e Industria y Trabajo, respectivamente. En esa reunión les solicitó 2000 millones de pesos extra presupuestarios. Cuando llegó el día prometido de pago. el once, el mandatario provincial no pudo hacer frente a sus promesas. Según indicaron a Página/12 desde la gobernación, luego del pedido formulado en aquella reunión, Nación envió 1300 millones de pesos pero en concepto de adelantos de fondos coparticipables. No es la primera vez que Arcioni no puede asumir un compromiso; antes de su reelección había cerrado una pauta salarial que ahora es reclamada por la MUS, además del pago no escalonado de sus salarios. “Desde el 11 de septiembre cambiaron otra vez la brújula, volvieron a atacar a los docentes con amenazas de descuentos y persecución. El desmanejo es total”, agregó Montenegro, quien recordó el ataque que recibió Santiago Goodman, dirigente de ATECH.

Arcioni eligió a los docentes como sus “enemigos internos”; no por nada Federico Massoni, ministro coordinador, recurrió a Patricia Bullrich para que desde la cartera de Seguridad enviaran a la Gendarmería con el objetivo de “pacificar” la provincia. Hasta el momento, no hay presencia de gendarmes en las calles de Rawson (por suerte).

“Creo que hay que enfocar la resolución de los problemas de forma más selectiva. La educación, por ejemplo, involucra no menos de 180.000 personas de forma directa y por la organización y peso de la educación pública en la provincia, su crisis desestructura a toda la familia. A esta altura declararía la emergencia educativa con un plan claro y en acuerdo con los gremios y apelaría a la Ley Nacional de Educación que exige que el Gobierno nacional deba salir en auxilio de las provincias ante situaciones de crisis”, indicó a este diario Rubén Zárate, ex ministro de Educación provincial entre 2014-2015, bajo la administración de Martín Buzzi.

El punto de partida de esta crisis económica, que devino en política, fue el fenomenal endeudamiento en dólares iniciado por Mario Das Neves en 2016 a instancias del Gobierno nacional. Tomó deuda por 700 millones de dólares, un verdadero salvavidas de plomo. En diciembre de 2015, el stock de pasivos de Chubut, según datos de la Subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, era de 7427 millones de pesos, mientras que para el primer trimestre de este año ya llegaba a los 40.518 millones de pesos, es decir un incremento del 445 por ciento. El 88 por ciento de esta deuda está nominada en dólares. Los intereses acumulados en el período analizado se multiplicaron por 20. Ergo, la plata que la provincia debe destinar a cubrir la deuda adquirida (como parte del programa del Gobierno nacional para socializar con las provincias la fuga de capitales) no puede ser destinada a los docentes, al resto de los trabajadores estatales o a potenciar el consumo.

La Mesa de Unidad Sindical presentó el año pasado un proyecto de reforma tributaria excepcional para crear un fondo específico para resolver los problemas en educación, salud y temas vinculados a la seguridad alimentaria. Básicamente se proponía un adelanto extraordinario de regalías, un gravamen específico a la pesca, la tenencia de la tierra y los juegos de azar. “Con un dólar por cada cajón de langostino, a 55.000 cajones diarios, ahí tendríamos la plata para no estar en emergencia educativa ni alimentaria. Hay que decir también que el Poder Legislativo tampoco hizo mucho para tratarlo, quizás porque algunos responden a los intereses de las petroleras, otros a las pesqueras y así. Con ese dinero podríamos resolver este conflicto”, concluyó Montenegro en diálogo con este diario.

La finalidad de ese fondo de emergencia debía ser para la adquisición de bienes de consumo, bienes de capital, servicios y subsidios, quizás suficientes incluso como para empezar a contener los 6400 puestos de trabajo destruidos en la provincia entre 2015 y 2018.

@spremici