En el sistema universitario nacional hay más de 14 mil docentes que trabajan ad honorem. La gran mayoría de ellos se desempeña en la UBA: se estima que en dicha casa de estudios hay 9600 docentes que trabajan sin cobrar. En la última paritaria del sector, el Gobierno se comprometió a avanzar en la regularización de estos profesores. Para ello aportó una partida de 100 millones de pesos, que será repartida entre las distintas universidades. Si bien los gremios consideran que los fondos asignados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) representan "un avance importante", advierten que son insuficientes y no solucionan en absoluto la situación de aquellos docentes que no perciben remuneración económica por su trabajo. En el caso de la UBA, los fondos no alcanzan siquiera para rentar al 10 por ciento de los ad honorem.
A la UBA se le asignaron 40 millones de pesos como parte de este programa, y además la institución aporta de su propio presupuesto un monto similar, y así se llega a rentar un total de 875 cargos. Desde el rectorado se definió que aproximadamente dos tercios de los fondos (635 cargos) se distribuyan entre las facultades de acuerdo a un criterio objetivo votado por el Consejo Superior. Así, hay 15 cargos para cada facultad de forma federativa y una cantidad variable de cargos por unidad académica de acuerdo a una fórmula que utiliza el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para calcular el presupuesto de cada institución, una fórmula que toma en consideración la cantidad de alumnos por docente. El rectorado de la universidad se reserva otros 275 cargos para atender situaciones de emergencia.
“Estamos planteando que hay que atender a la situación de cada facultad. A la de Sociales sólo se le entregarían 15 cargos, lo cual no sólo corresponde a un 1,7 por ciento de las rentas totales, sino que es un número claramente insuficiente en una facultad donde se calcula que hay 800 docentes ad honorem”, señaló secretaria general de AGD- UBA (Conadu Histórica), Ileana Celotto. "Este esquema de distribución no atiende a las particularidades que tiene cada una de las carreras que integran cada una de las facultades y a las necesidades de los docentes", agregó.
En la misma línea se pronunció Federico Montero, secretario general de Feduba (Conadu), quien consideró un "logro importante" de la paritaria haber conseguido 875 cargos para la UBA, aunque resulte "insuficiente" para resolver el problema de los docentes ad honorem. "Lo votado por el rectorado tampoco refleja la realidad visibilizada de aquellas facultades que salieron peor favorecidas por esta distribución", señaló.
El programa de financiamiento de renta sólo contempla a docentes ad honorem "puros", es decir, a aquellos que solamente sean ayudantes de primera con dedicación parcial y no tengan ningún otro cargo rentado en la universidad (docente o no docente).
"Nosotros instamos a las facultades más perjudicadas a que se pronuncien institucionalmente para que el rectorado destine más fondos y por otro lado, mantener un canal de dialogo con las autoridades de la UBA para monitorear la situación", señaló Montero.
En cuanto a los criterios de distribución de los cargos en cada unidad académica, desde Feduba proponen ciertos principios que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de discutir el modelo de distribución. "Debemos discutir en cada facultad que los criterios de distribución en cada unidad académica respeten los principios de equidad, paridad y participación", indicó Montero, apuntando a privilegiar a las carreras que tengan más ad honorem y a los docentes con mayor antigüedad. "También queremos que se respete la paridad de género, que no haya una distribución desigual. Y que las decisiones se tomen con el acuerdo de los gremios", agregó.
