Gabriela sufrió violencia de género desde el inicio de su relación con Donato Méndez. Hoy tiene 40 años, tres hijos de su agresor, y no sabe leer ni escribir. Desde la semana pasada está imputada por el homicidio de Méndez, y el miércoles el juez Hernán Postma ordenó que vaya a la cárcel, tras haber pasado los últimos días en prisión domiciliaria a la espera de una tobillera electrónica. El fiscal Adrián Spelta reclamó que esté tras las rejas ya que "por un error" fue enviada a su casa antes de la llegada del dispositivo; pero ella no incumplió la medida ni entorpeció la investigación. En los últimos años, la mujer había denunciado nueve veces a Méndez, la Justicia de Familia intervino dos veces, y también el programa municipal Teléfono Verde. A pesar de todo eso, Fiscalía la acusó igual. La Defensa Pública habló de falta de perspectiva de género en el abordaje del caso. Ayer, con colaboración de organizaciones sociales y barriales, se consiguió la tobillera y Gabriela esperaba que la trasladaran a su casa para volver a cuidar de sus hijos de entre 1 y 5 años. El Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los derechos de las mujeres (Cladem) habló de "violencia institucional en las decisiones judiciales". La diputada Silvia Augsburger agregó: "Por situaciones como ésta pedimos la aplicación de la Ley Micaela ", que obliga a capacitar a agentes del Estado en género, y fue aprobada la semana pasada.

Méndez murió en diciembre del año pasado, asesinado a golpes y puñaladas, luego de haber golpeado con el mango de un cuchillo a uno de sus hijos pequeños, en su casa del barrio Qom. Gabriela quiso defender al niño y el agresor también la golpeó. Un hijo más grande de la mujer intervino para defenderla. Spelta los imputó a ambos por homicidio calificado, pese a las circunstancias en las que sucedió el hecho. En la audiencia, ella negó haberlo matado.

Estaba en prisión domiciliaria por sus niños, pero el juez y el fiscal la encarcelaron porque la tobillera electrónica no llegaba a tiempo.

La investigación dejó al descubierto que la vida de la mujer estuvo atravesada por el sufrimiento, la violencia y el sometimiento desde muy temprana edad, ya que fue abusada por su padre durante la niñez, quedó embarazada y tuvo a su primer hijo a los 12 años.

Tiempo después, la violencia a la que Méndez la tenía sometida le provocó la pérdida de dos embarazos. El primer registro de su historia en el dispositivo de atención municipal data del 15 de setiembre de 2016 y desembocó en una denuncia por violencia de género en el fuero de Familia. "Es una mujer atravesada por múltiples situaciones de vulnerabilidad, situaciones que la defensa intenta visibilizar en el proceso a fin de desincriminarla. Su historia de violencia modificó su subjetividad y actualmente tiene dificultades para las actividades cotidianas", aseguró la defensora pública María Laura Maenza. "Para nada es un hecho como lo está planteando la Fiscalía: hay un claro marco de violencia de género probado por múltiples circunstancias, las denuncias hechas, el relato de los vecinos, lo que cuentan los niños. Ella declaró que a la hija de un año y cuatro meses el papá la golpeaba de tal forma que cuando lloraba la ahogaba bajo el agua caliente", dijo. "El problema con la persona muerta se generó cuando golpeó con el mango del cuchillo a uno de los nenes en la espalda, y ahí se armó el problema. Ella dice que no tuvo nada que ver con las lesiones a Donato, pero es posible que esto tenga que leerse como un caso de legítima defensa, porque el hijo intervino para defenderla a ella. Esto no es un homicidio agravado, como dice el fiscal".

Maenza dijo también que Méndez "la obligaba a prostituirse, la molía a palos si se negaba. El único vínculo que tiene es con sus hijos. Toda la familia era víctima. ¿Puede ser que digan que es un homicidio penado con una prisión perpetua?", planteó la defensora.

En tanto, desde Cladem Argentina recordaron en un comunicado que "fueron horrorosas las situaciones de violencia que soportó (la mujer): en una oportunidad (el agresor) la agarró a martillazos en la cabeza; y también la ofreció sexualmente en parte de pago de una deuda". También marcaron que "el incumplimiento del Estado en la demora de la tobillera no es una responsabilidad de Gabriela. Encarcelarla –recalcaron– violenta sus derechos fundamentales y traslada daños irreparables a sus hijes. Lo que se relata es una muestra de cómo funciona el sistema penal frente a una mujer víctima de violencia de género y vulnerable. Exigimos que se restituyan los derechos violados", finaliza el comunicado.