La justicia europea desestimó ayer el recurso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro contra el régimen de sanciones adoptado en 2017 por la Unión Europea (UE), por la situación de los derechos humanos en el país.
El Tribunal General de la UE "decide desestimar el recurso", falla la corte con sede en Luxemburgo, dando la razón al Consejo de la UE, institución encargada de imponer sanciones, que consideraba inadmisible la demanda de Caracas. En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir a empresas europeas la exportación de armas y equipos que pudieran utilizarse para la represión interna en Venezuela.
Durante la vista celebrada en febrero, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió que el reglamento adoptado respondía "al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela". El gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 la creación de ese régimen de sanciones, al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación sobre los hechos.
Para Caracas, esas sanciones, adoptadas tras la muerte de 125 personas en cuatro meses de protestas opositoras, son además "contramedidas ilícitas conforme al Derecho internacional consuetudinario", según el recurso. Sin entrar en el fondo del recurso, el tribunal desestima la demanda tras estudiar los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, especialmente que las "disposiciones impugnadas no afectan directamente" a Caracas.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios. El Tribunal General debe pronunciarse todavía sobre los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios contra estas medidas individuales, entre ellos la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.
Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos. De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió la semana pasada a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia. "La UE ha sancionado a 18 figuras del régimen venezolano", lamentó el funcionario de Estados Unidos, para quien "un número mucho mayor de personas del régimen están utilizando Europa como una especie de complejo turístico".
Los europeos evitaron imponer sanciones a sectores económicos, para no perjudicar la crisis humanitaria en el país, ni sancionar al presidente Maduro, para no cerrar los canales diplomáticos. Además de las sanciones, la UE lanzó en febrero junto a países latinoamericanos y europeos el Grupo de Contacto Internacional (GCI), iniciativa que busca elecciones presidenciales "libres y justas" en Venezuela.
Por otra parte, el líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolano, Juan Guaidó, que es reconocido como presidente encargado del país por más de 50 países, afirmó este jueves que el dirigente oficialista Diosdado Cabello ha saboteado la mesa de diálogo del chavismo y la minoría opositora. "Entiendo que (Diosdado) Cabello le saboteó su acuerdo entre ellos", dijo al referirse a la prometida reincorporación "inmediata" del oficialismo al Parlamento, que estaba incluido entre los acuerdos parciales que firmaron el oficialismo y un sector minoriario opositor, un retorno que no se produjo esta semana.
