Gabriela Benítez, una mujer de 40 años, fue imputada en Rosario, acusada de haber asesinado a su marido, Donato Ramón Méndez, a quien había denunciado previamente por violencia de género. “A la hora de ser sometida al proceso penal, no se tuvieron cuenta las violencias a las que estuvo sometida esta mujer”, dijo a Página/12 Celia Debono, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los derechos de las mujeres (Cladem). Para Debono, es un caso de “legítima defensa” y es preciso que la justicia incorpore la perspectiva de género.

Benítez convivió con Méndez durante más de veinte años. La mujer había denunciado a su marido en reiteradas ocasiones porque Méndez era violento con ella y sus cuatro hijos: una niña de 3 años, otra de un año y cuatro meses y dos varones, Nahuel, de 19, y otro de 5 años. Sin embargo, “al reclamar, el Estado estuvo siempre ausente”, señaló la coordinadora de Cladem.

Según María Laura Maenza, abogada defensora de Benítez, la mujer habría hecho al menos nueve denuncias contra Méndez y, en una ocasión, “intervino el juzgado de Familia con una prohibición de acercamiento”. “Después había intervenciones a través del teléfono verde (la línea de denuncia por casos de violencia de género en Rosario)”, contó a Página|12.

En un comunicado, la ONG detalló algunas de las situaciones de violencia que atravesó Benítez. Méndez no sólo le propinaba palizas, que llegaron a poner en riesgo dos de sus embarazos, sino que también “la ofreció sexualmente a sus amigos”. “Toda la vida de esta mujer estuvo atravesada por múltiples violencias y tuvo que vivir veinte años con esta pareja”, dijo Debono.

En 16 de diciembre de 2018 Méndez murió. En el caso están imputados Benítez y Nahuel, su hijo mayor. “A ella la citan a declarar en la fiscalía ese mismo día y ella expone que hubo una discusión entre Donato y su hijo, que cuando su ex pareja tomaba se ponía muy violento con ella y sus hijos y que se generó una situación de violencia -afirmó Maenza-. Ella dice que no le tocó un pelo a Donato, que nunca lo hizo cuando la molía a palos y que esa noche tampoco”.

La abogada defensora señaló que Benítez “no abandona su casa en ningún momento, no se fugó” y que las hermanas de Méndez hicieron “una presentación en un tribunal de protección de menores acusándola de mala madre”. “En julio de este año, una trabajadora de familia va al domicilio a entrevistarla para dar cuenta de que ella (Benítez) no se va del lugar. En el informe pone que los niños eran cariñosos con su madre y que no había signos de que estuvieran descuidados”, afirmó

El viernes 13 de septiembre, se realizó una audiencia en la que Benítez fue imputada por “homicidio agravado por el vínculo”, delito por el que puede ser condenada a cadena perpetua. El juez de la causa, Hernán Postma, autorizó a Benítez a cumplir una prisión preventiva domiciliaria, que se haría efectiva una vez que se le suministre una tobillera electrónica.

Ese mismo día, agentes del Servicio Penitenciario llevaron a Benítez a su casa junto a sus hijos. La mujer había estado tres días detenida antes del juicio y, durante ese tiempo, detalló Maenza, “los chiquitos estuvieron al cuidado de vecinos que ayudaron a Gabriela”. “Ella en ningún momento viola el arresto domiciliario y queda a la espera de que se le aplique la tobillera electrónica”, sostuvo.

Sin embargo, Maenza señaló que el 17 de septiembre, el fiscal del caso, Adrián Spelta, solicitó una nueva audiencia para que a Benítez “la saquen de la casa y la lleven al penal hasta que le pongan tobillera”. Al día siguiente, el juez Postma resolvió que Benítez volviera a la cárcel.

“En esa audiencia nosotros explicamos que la señora no violó la domiciliaria, que no nos oponemos a la tobillera, pero que el mecanismo de control pueden ser controles periódicos y sorpresivos del personal policial”, afirmó la abogada defensora y agregó que “el agravamiento en las condiciones de detención también afecta a los chiquitos”.

Finalmente, después de lo que la defensora Maenza describió como “una movida muy importante”, consiguieron que a Benítez le pongan la tobillera. “A las 10:19 (del viernes 20 de septiembre) exactamente la llevaron a su casa”, contó.

Para Debono, es imprescindible que “todas las provincias adhieran a la ley Micaela”, que obliga a que los funcionarios de los tres poderes del Estado reciban capacitación en temática de género. “Cuando el derecho es neutral y no tiene perspectiva de género, no hay justicia-opinó la coordinadora nacional de Cladem-. La justicia es que a las mujeres no se las siga vulnerando en sus derechos”.

Informe: Ludmila Ferrer.