Tras la apelación de la empresa municipal MOVI para reincorporar a cuatro colectiveras, ayer la abogada Romina Perea presentó un escrito para denunciar "incumplimientos". Es que las conductoras "ya hicieron los exámenes y no las llamaron para incorporarlas". La presentación judicial incluye un pedido de que se aplique sanciones pecuniarias, "una multa por cada día que la empresa no cumple con la resolución", dijo Perea. El fallo de inicios de este mes, que dictó la jueza laboral Nº 10, Paula Calace Vigo, le dio la razón a las mujeres que reclamaron el acceso como choferas del servicio de transporte y acreditó la discriminación de género. La abogada de las amparistas recordó que si bien la empresa no se negó a la reincorporación, "dijo que tendrá que ser cuando haya vacantes".
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