La decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de apurar la aprobación de 42 pliegos para nombrar jueces y fiscales, entre ellos los dos cargos vacantes en el Tribunal de Casación Penal, despertó alarmas en el arco opositor. 

El miércoles pasado, el bloque de Cambiemos en el Senado logró darle ingreso parlamentario a los pliegos, que ya habían sido aprobados en soledad por el oficialismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Frente a la avanzada de Cambiemos sobre "áreas sensibles" del Poder Judicial, la oposición - liderada por Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el PJ - denunció la "rapidez" con la que se había tratado el tema luego de los resultados de las PASO.

"Sorprende que hayan actuado con tanta celeridad después de las PASO. Hace cuatro años que están las vacantes de Casación Penal y sucede que, misteriosamente, luego de las elecciones, la gobernadora acelera el envío de sus propuestas", cuestionó la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado bonaerense, Teresa García.

De los 42 funcionarios judiciales que pretende designar el oficialismo, 17 son magistrados. De estos, se destacan los dos candidatos cuyo destino es el Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal provincial. Fundamentalmente uno: el secretario de la Procuración General bonaerense, Francisco Pont Vergés.

"En lo que mas ponemos reparo es en Pont Vergés, la mano derecha del procurador Julio Conte Grand", declaró García y explicó: "En primer lugar, es tesorero de 'Unidos por la Justicia', una ONG en la que participan (el ministro de Jusiticia de la Nación) Garavano y (su par provincial) Ferrari, por lo que tiene una clara identificación partidaria. Pont Vergés fue, además, observado por la Corte de la Provincia por haber sancionado a un defensor que había intervenido en un caso de apremios ilegales, en el que una detenida había quedado paralítica como producto de los malos tratos del Servicio Penitenciario".

Además de las objeciones a los candidatos para Casación Penal -  la otra es la defensora de Casación, Ana Julia Biasotti -, García destacó la existencia de un doble discurso por parte de Cambiemos. En el 2015, el entonces gobernador Daniel Scioli también intentó apurar la designación de 126 jueces y fiscales durante su último mes de mandato. En ese momento, el senador de la oposición Carlos Fernández - actual Diputado Nacional de Cambiemos - había manifestado un fuerte rechazo, argumentando que era "ilógico" votar aquellos pliegos a pocas semanas de un cambio de gobierno.

"En ese momento, la postura fue postergar los pliegos por el hecho de estar en un proceso de transición. Igual que ahora. Se ve que el argumento que sirvió en el 2015 no funcionó para esta transición", ironizó García.

Por último, interrogada por las razones detrás del apuro de Vidal en aprobar estos pliegos, García denunció que el objetivo era "blindarse de la Justicia": "Casación Penal es la instancia que va a versar sobre la situación de irregularidad de los funcionarios. Si en cuatro años la gobernadora no envió ninguna propuesta, y lo hace ahora luego de las PASO, estimo que la única razón que puede existir es que busca garantizarse personas afines para un posible blindaje judicial", finalizó.