Los Supremos se preparan para debatir en los próximos días los 18 reclamos de provincias contra los decretos utilizados por Mauricio Macri para lanzar medidas paliativas ante la catástrofe económica como el congelamiento del precio del petróleo, la rebaja del IVA para los alimentos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible. Se trata de uno de esos planteos que integran un universo de grandes temas donde la Corte Suprema podría –como se dice en la jerga judicial— sentar jurisprudencia, una de sus grandes misiones. Por la naturaleza de los reclamos, el contexto apremia, y el tribunal pone el pie en el acelerador, aunque tampoco descarta una solución política. Pero esta nota apunta a mostrar también otros expedientes sobre grandes asuntos, no tan visibles y menos atravesados por las coyunturas, donde la Corte tiene pendiente establecer criterios en asuntos cruciales: la regulación de la subrogación de vientre, la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Migraciones y las expulsiones masivas de migrantes, la vigencia del impuesto para los bingos y la condena a prisión perpetua de Cristina Vázquez por el supuesto asesinato de una vecina, cuya inocencia plantean las más prestigiosas organizaciones del ámbito del Derecho. Este caso cumplió un año estancado en la Procuración General, interinamente a cargo de Eduardo Casal. En los despachos cortesanos dicen que lo mismo pasa con los demás, y que por eso están trabados a la espera de un dictamen.

El abanico de amparos de las provincias por los decretos de Macri tiene aristas múltiples y complejas: se discute la herramienta de los DNU o decretos comunes para determinados temas sin pasar por el Congreso, pero también a afectación de fondos coparticipables, en un contexto económico a la vez peculiar y crítico. Allí el procurador ya definió la competencia de la Corte y se esperan otros dictámenes en un plazo no tan lejano. Los integrantes del tribunal preferirían la resolución política, pero no ven que aparezca. Será, quizá, momento para que sienten posición y jurisprudencia ante este panorama si no aparecen otros atajos. El lunes comenzarían a analizar con mayor profundidad los planteos, que son variopintos, y que discuten la constitucionalidad de los decretos. Hasta aquí, un tema de la agenda política-económica, que implicará un desafío sobre el camino a tomar por la Corte y su posicionamiento político en este momento. En otra agenda, la de los temas que esperan, también se dirimen cuestiones institucionales y en algunos casos vitales para las personas detrás de los expedientes. Página/12 detectó cuatro que son claves.

· Migrantes y expulsiones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con eco en otras organizaciones, planteó la inconstitucionalidad del decreto 70/2017 de Mauricio Macri que modificó la Ley de Migraciones. ¿Para qué? Para agravar la situación de extranjeros con algún conflicto con la ley. Fue parte de una política de estigmatización de extranjeros que buscó aplicar el gobierno de Cambiemos. El decreto acortó los tiempos para apelar una declaración de expulsión, de diez a tres días, y complicó el acceso a la defensa oficial, para lo que hay que demostrar que se es pobre. También extendió las expulsiones a cualquier delito y situación procesal, mientras que antes estaban previstas para personas con antecedentes y condenas por delitos con penas mayores a tres años. Se eliminó la revisión de expulsiones por razones familiares, como evitar la separación de los hijos. La semana pasada el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU instó al Estado argentino, a raíz de denuncias internacionales “a que adopte medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el Decreto Nº 70/2017 y en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación”. Uno de los datos en los que reparó el organismo, que le fue señalado por la Defensoría general de la Nación, muestra que 125 expulsiones de los últimos dos años son de mujeres que tienen hijos e hijas en Argentina de quienes son separadas. Uno de los casos recientes más conocidos fue el de la chica peruana Vanessa Gómez Cueva, quien había cumplido una condena por violación a la ley de drogas. La Corte tiene decenas de casos como el suyo, además de la revisión del DNU. Algunos supremos intentan agruparlos y revisarlos. Durante el actual gobierno se multiplicaron las expulsiones: entre 2012 y 2015 fueron 1256; entre 2016 y 2019, fueron 2059. El Procurador Casal tiene el expediente desde febrero y aún no dictaminó sobre el decreto. Llegó con una declaración de inconstitucionalidad de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

· Subrogación de vientre. La regulación sobre la llamada “gestación por sustitución”, es decir en vientres sustitutos, iba a ser incluida en la última gran reforma del Código Civil, pero finalmente quedó afuera, y con eso un vacío legal. Lo saben Carlos Simonelli y Horacio Titelbaum, una pareja que se encontró con que cuando tuvieron primero a los mellizos Aira y Vincent y luego a Vigo, en ambos casos con una gestante, les impidieron inscribir la copatarnidad y darles su apellido de manera directa. La interpretación, a menudo, es que deberían llevar el apellido de la gestante y que ella luego da a los niños o niñas en adopción. Ambos casos están en la Corte, con fallos anteriores favorables. El que llega con fallos más favorables es el de Vigo, con declaración de inconstitucionalidad del artículo 561 del Código que es el que, algunos juristas interpretan, pone trabas a esta práctica porque impide el acceso a inscribir una gestación por sustitución a dos varones o a mujeres que no pueden procrear. Quien los lleva a la Corte es la defensoría ante la Cámara. La discusión central es interpretar si el Código prohíbe o no la gestación por sustitución en el país y si quien o quienes manifiestan la voluntad procreacional puedan hacer la inscripción de la copaternidad o comaternidad. Es decir, “si se trata de un derecho fundamental y humano”, señala el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, a cargo de este y otros casos similares. Con su cuarta hija, Alma, la pareja había hecho una adopción por integración. Para los mellizos, la Procuración dictaminó a favor de la pareja. Falta que opine sobre Vigo.

· Impuesto al juego. La Corte debe resolver una causa donde está en discusión un decreto del 2017 por el cual se elevó la alícuota del impuesto a las ganancias para el sector del juego de 35 a 41,5 por ciento. A lo que se sumó un nuevo impuesto 0,75 por ciento de cada apuesta. La Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento hizo un planteo judicial contra la medida arrogándose la representación de todos bingos y casas de juego. En tribunales dan por hecho que el hombre detrás de esa demanda es Daniel Angelici, dueño de varios bingos, aunque él también hizo su reclamo paralelo y consiguió fallos a favor. En primera instancia fue revocada la medida impositiva y se reconoció la representación de todo el sector. La Cámara del fuero revocó la medida cautelar anterior pero admitió la representación colectiva. La AFIP terminó llevando el tema a la Corte. Se supone que los bingos deberían estar pagando impuesto, pero interpretan que el proceso está en suspenso porque el expediente principal está a estudio del Procurador. 

· La presión perpetua de Cristina Vázquez. Cristina tenía 19 años en 2001 cuando la acusaron de matar a una vecina de 79 años asesinada a martillazos en Posadas. Su nombre apareció en el expediente sin ninguna denuncia ni fundamento. Nunca se investigó a la última persona que había estado haciendo arreglos en la casa de la mujer ni a la familia, ni otros vínculos que pudieran explicar el hecho. La noche del crimen Cristina estaba a ocho kilómetros del lugar, las personas que estaban con ella así lo afirmaron en el juicio, en la escena no hay rastros ni huellas de ella y hay diez pruebas científicas de que ella no estaba ahí. El expediente dice que era sospechosa porque llevaba un estilo de vida “promiscuo y marginal”. Lleva once años presa y, según plantearon el CELS, la Asociación Pensamiento Penal, Innocent Project y la Asociación de Mujeres Penalistas, fue condenada con chismes y rumores. Su historia quedó reflejada en el documental “Fragmentos de una amiga desconocida”. El expediente está hace un año en la Procuración para revisar la increíble condena a perpetua. Se sumarán organizaciones como “amigos del tribunal” y hará una presentación Nora Cortiñas.