La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) consideró que la Legislatura provincial cometió una "injerencia" ante la Justicia "para que dicte la constitucionalidad" de la ley de descanso dominical. Desde que se sancionó, la normativa que prohíbe a los grandes supermercados abrir los domingos estuvo vigente seis meses, ya que la Cámara Civil y Comercial de Rosario declaró la inconstitucionalidad. Así, las cadenas Carrefour, Coto y Jumbo volvieron a abrir sus puertas; pero otras resoluciones judiciales les negaron esa posibilidad a supermercados como La Reyna y el Híper Libertad. Ahora, se espera que la Alzada resuelva si admite tres recursos extraordinarios presentados por la provincia, el municipio y la Asociación Empleados de Comercio, quienes piden que la Corte Suprema santafesina se expida sobre la constitucionalidad. Sucede que días atrás Diputados aprobó una iniciativa que no cayó bien en la ASU, relacionada con un pedido de que se resuelva el conflicto. "Si alguien quiere leerlo como una presión, puede hacerlo. Es una ruptura del principio de la separación de poderes", dijo el director ejecutivo de la Asociación, Juan Martínez.
En su iniciativa, la Legislatura insta al gobierno santafesino a pedirle al Poder Judicial que ponga fin "con celeridad" al conflicto suscitado a partir de la aplicación de la normativa. Ello fue leído como una "injerencia" de un poder a otro, por parte de la ASU, cuyo director ejecutivo dijo a este diario que lo que hizo la Legislatura fue "pedir que se dicte la constitucionalidad, directamente".
El dirigente aseguró: "No estamos denunciando nada. Simplemente, nos remitimos a la lectura de la declaración que hizo la Legislatura. Nos parece una injerencia. Nos llama poderosamente la atención que el Poder Legislativo se inmiscuya y le dé instrucciones al Poder Judicial para que falle de una determinada manera. Nos parece que no resiste más análisis", dijo.
En ese sentido, aclaró que ASU "desde que esto era anteproyecto de ley, hace tres años, se manifestó en contra" de la ley. Al mismo tiempo, criticó que "en ese mismo sentido se manifestó el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Producción; la intendenta de Rosario (Mónica Fein), gente del Ministerio de Trabajo, y demás". El fallo tendría respuesta en la primera quincena de marzo, según trascendió.
